El 13 de diciembre pasado, mientras se llevaba a cabo la discusión sobre la asignación del presupuesto del año 2023 en el Congreso del estado de Sinaloa, medio millar de antorchistas nos manifestamos para pedir que fueran etiquetados recursos para la atención a necesidades de miles de sinaloenses que, durante varios años, han sido ignoradas por parte de las autoridades estatales, o que han sido atendidas en muy escasa medida. Financiamiento para la adquisición de solares para quienes no tienen una casa propia o donación de terrenos para familias víctimas de desplazamiento forzado interno, drenajes pluviales y sanitarios, introducción o sustitución de redes de agua potable, construcción de aulas para escuelas, entre otras, fueron las peticiones que se entregaron en manos del diputado presidente de la Comisión de Hacienda.
Aquella jornada de lucha terminó con el compromiso del legislador Ibarra Ramos de que presentaría nuestras peticiones y se tomarían en cuenta; que se celebraría una reunión pocos días después para revisar los avances de las gestiones y que habría resultados tangibles. Pero las cosas no fueron como se dijo es día: ni la reunión prometida se realizó ni los resultados se vieron nunca. La asignación presupuestal que había mandado a finales de noviembre en calidad de propuesta a los diputados locales apenas fue tocada.
De todos modos los problemas reales que planteamos aquel día ahí siguen y las dependencias encargadas de atenderlas recibieron ingentes recursos, por lo que hayan sido etiquetadas o no las demandas específicas que enarbolamos aquel día hay que pelear en las calles para que se atiendan en 2023 naciente.
Como ejemplo de la gravedad del problema veamos el desplazamiento forzado que reporta gatopardo.com : “El combate contra las drogas fue el hito que marcó el desplazamiento forzado interno en México, en gran medida a partir de 2008, dice Sibely Cañedo Cázarez, periodista y doctora en Ciencias Sociales por la UAS, en el artículo “Indefensión jurídica y social de los desplazados por violencia: un análisis de la legislación en México”. A nivel nacional, en trece años, de 2006 a 2019, al menos 346 945 personas han sido desplazadas por la violencia, una aproximación a partir del monitoreo de desplazamiento publicado por los medios de comunicación. En realidad no existe un diagnóstico oficial que permita dimensionarlo en su totalidad.
Por ejemplo, el “Informe especial sobre desplazamiento forzado interno”, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), detectó 37 mil 062 víctimas entre 2013 y 2015, a partir de registros estatales y municipales; destaca Sinaloa, con 4 mil 554 víctimas identificadas, más otras dieciséis mil personas indígenas desplazadas, también de este estado, atendidas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La CNDH, organizaciones sociales y académicos consideran estos datos apenas una “muestra de la magnitud de la problemática”.
Al respecto, Sibely Cañedo Cázarez agrega que "en cuestión de los recursos sí ha habido cuestionamientos sobre qué tan transparentes se han manejado […]. Hay muchas dudas sobre el presupuesto que se aplicó y el resultado que ven en sus casas, porque las casas son muy precarias, entonces sí hay incertidumbre, hay desconfianza”.
Los 105 terrenos de los que habla están en el fraccionamiento Cvive, y dos de ellos son de Victoria y Leonila. Pero en la información hecha pública por el gobierno aún no es claro cuántos han sido asignados. Por ejemplo, el informe de la Secretaría de Desarrollo Social y la Cvive, publicado en junio de 2020, dice que el programa especial de atención en vivienda a familias desplazadas tuvo mil 632 familias beneficiadas en todo Sinaloa, con 60 viviendas y mil 522 lotes de terreno. Esos datos no coinciden con el Padrón de Beneficiarios de Vivienda que, hasta julio de 2020, enlistaba tan solo 84 beneficiarios: a 41 se les ha entregado una casa y a 43, un terreno.
La necesidad ahí está y el antorchismo sinaloense tendrá que lograr resultados, de haber consecuencia en el gobierno de izquierda que tienen hoy el estado.
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