El 10 de febrero del año en curso se cumplieron dos años del desalojo violento que sufrieron 80 familias asentadas en un predio en las inmediaciones del fraccionamiento Valle Marlín de San Vicente. Quienes vivían en ese asentamiento eran familias de origen humilde, la mayoría trabajadores de diferentes oficios de la zona turística. En general. gente de muy bajos ingresos que carecía y carece de un lugar donde vivir, que se les dificultaba y se les dificulta pagar la renta de una vivienda que por lo general son caras y en muy malas condiciones, por lo que, movidos por la necesidad, ocuparon un predio que, en su momento estaría destinado a la construcción de viviendas que no se concretaron.
En su afán de tener un lugar donde vivir, de tenerlo a lo derecho, los humildes colonos, a través de sus representantes, buscaron la intervención de las autoridades del gobierno del estado en turno; se llevaron a cabo reuniones en la Secretaría General de Gobierno y prometieron intervenir para hablar con el propietario del mencionado predio y llegar a un acuerdo para su adquisición por parte de los colonos.
El resultado de este intento por resolver el problema de vivienda fue que el día 10 de febrero del año 2021 un poderoso contingente de policías municipales, estatales, ministeriales, Ejército, Guardia Nacional y la Marina arremetieron contra las familias ahí establecidas. Los golpearon, los desalojaron, les destruyeron sus humildes viviendas, detuvieron a los representantes, los encarcelaron y mandaron a las familias a la calle, a refugiarse con familiares en las peores condiciones. Esa fue la respuesta que dio en gobierno de la pasada administración.
Apenas un día después de cometido el atropello, en una reunión celebrada en el Iprovinay, instancia designada por el gobierno del estado para tratar la problemática social derivada de la acción de las fuerzas de seguridad contra los humildes colonos, el Instituto Promotor de la Vivienda se comprometió, mediante una minuta firmada, a adquirir un predio para la ubicación definitiva de los desalojados (que los mismos desalojados tendrían que pagar). A solicitud de los funcionarios, los colonos hicieron las propuestas de los predios en venta para que los tratara el propio instituto Todo quedó ahí.
Así han transcurrido dos largos años, sin ninguna solución, con las consiguientes penurias que padecen las familias desalojadas.
En la tarea de encontrar una alternativa de solución, los antorchistas nos hemos dirigido a la administración estatal actual; nos han atendido tres directores del Iprovinay que son los que han despachado por esa instancia y ninguno ha dado solución a los problemas. Aparentan retomar en serio los asuntos, cuando no intentan desanimar a los peticionarios. Citan a nuevas reuniones que comúnmente nunca se concretan.
Es evidente que en la actual administración estatal no hay la más mínima preocupación para retomar el tema, es más, no hay la más mínima preocupación para resolver la necesidad que aqueja a estos nayaritas agredidos a pesar de las frases propagandísticas muy socorridos por los gobiernos de la llamada cuarta transformación en los que se pretende colocar a los pobres como prioridad. En los hechos es todo lo contrario. ¿Qué diferencia hay de la actual administración con los otros gobiernos? Nada, ninguna. Los pobres de Bahía de Banderas lo pueden constatar. Unos omisos y otros remisos o ambos a la vez.Por todo esto, los colonos afectados están en su pleno derecho (porque así se los otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) de elevar la voz para que se les escuche y se les resuelva, en última instancia, para que se cumpla el acuerdo firmado por el propio gobierno. Nada más pero nada menos.
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