El 5 de febrero pasado, se conmemoró en todo el país el 106 aniversario de la promulgación de la versión más reciente de nuestra ley de leyes, es decir, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para 1917, cuando aún no terminaban del todo los estertores violentos de la Revolución Mexicana, se dice, que el gobierno de Venustiano Carranza puso en vigor la Constitución en todo el país en el mes de mayo de ese mismo año, para el reconocimiento y garantía de compromisos sociales y políticos derivados del movimiento revolucionario.
Pero no todos los compromisos sociales y políticos fueron satisfechos. Afirmo que desde entonces, la ley fundamental que regula la vida política, económica y social de todos los mexicanos, es decir, la carta magna, que contiene los derechos constitucionales, las garantías individuales, la división de poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial con la descripción de todas sus facultades y limitantes, ha estado en manos de grupos sectarios de poder, que la han usado tanto como han podido, manipulándola como mazo de represión contra los ciudadanos que consideran sus más acérrimos contrincantes.
Y aquí estamos ahora, viviendo en medio de un injusto e inmerecido absurdo social; mexicanos contra mexicanos, enarbolando cada quien como estandarte de su interés y necesidad una misma bandera: La Constitución. Solo que la perfidia embozada y abusiva no es común a todos. Los poderosos usan siempre la Ley de leyes como instrumento para someter; mientras que los débiles, la usan como único recurso de legítima defensa que les queda.
Pero, contrario al proceder de las clases dominantes, el papel histórico de las Constituciones nunca ha sido el de procurar la confrontación y el sometimiento, sino más bien la justicia y el acuerdo pleno. Por eso se dice que, las constituciones son entendibles como un pacto entre pueblos, y como un instrumento de gran valor que permite equilibrar el uso del poder. Esto es fundamentalmente cierto. Y cobra aún mayor relevancia y necesidad, si logramos entender un poco, cuando menos un poco, la idea del fundamento científico y materialista de la historia que nos ofrece Carlos Marx en sus obras, donde afirmó sintéticamente que, “la historia de todas las sociedades hasta nuestros días [con excepción del comunismo primitivo], es la historia de la lucha de clases”.
Argumento invaluable también a favor del papel histórico y necesario de las constituciones, nos lo ofreció en 1842 el abogado, filósofo y pensador jalisciense, don Mariano Otero, cuando afirmó: “son sin duda muchos y numerosos los elementos que constituyen las sociedades; pero si entre ellos se buscara un principio generador, un hecho que modifique y comprenda a todos los otros y del que salgan como de un origen común todos los fenómenos sociales que parecen aislados, éste no puede ser otro que la organización de la propiedad”. He aquí, -digo yo-, otra versión de la existencia de la lucha de clases, tal como afirmó Marx por su lado en 1845.
De aquí la relevancia de que el doctor y periodista mexicano José Paoli Bolio, diga, que las constituciones surgen como un pacto entre el poder absoluto [representante social de la propiedad privada] y las fuerzas sociales, donde, “se plantean límites al poder absoluto del soberano, frecuentemente monarca. Se establecen como el control del poder público, a fin de lograr que intervengan diversos órganos del Estado, estableciendo contrapesos al poder absoluto” (constitucionalismo en el siglo XXI. A cien años de la constitución de 1917; 2016 p.34).
Pero, ¿qué han hecho de nuestra Constitución los poderosos en turno, para transformarla en el acicate idóneo que aliente, promueva y facilite sus facciosos intereses?
Los especialistas del tema dicen que, desde su promulgación en 1917, hasta el triunfo electoral de Morena en 2018, la Constitución había sufrido ya 742 modificaciones, a través de 235 decretos de reforma constitucional. De la mano de estos cambios, México ha transitado por distintos regímenes y momentos históricos. En este contexto, reformar la Constitución ha resultado relativamente sencillo: basta con que un partido o coalición goce de la mayoría suficiente en el Congreso de la Unión (dos terceras partes en cada Cámara), y una mayoría simple en las legislaturas estatales. He aquí entonces, el intento presidencial de Morena por borrar el legado histórico de la separación de poderes, pensada también por don Mariano Otero.
Y ya vemos hoy que la ambición absolutista del presidente no tiene comparación alguna en la historia. Desde la toma de protesta de López Obrador, su gobierno se ha destacado por una abierta inobservancia de la ley y por el uso de instituciones políticas y normativas, como medios de retribución política. A nivel normativo, el nuevo gobierno ha emprendido una campaña en contra del legado del llamado neoliberalismo, pretexto perfecto para sus verdaderas intenciones e intereses.
Y aquí tenemos ya, la ampliación de la prisión preventiva por medio de modificaciones a la ley reglamentaria del artículo 19 constitucional. La propuesta de concentración de organismos constitucionales autónomos y ataques del presidente a este tipo de organismos. Además, el embate a la autonomía presupuestaria de dichos organismos por medio de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y Ley de Austeridad Republicana. El decreto para militarizar la seguridad pública. La implementación de políticas restrictivas para las energías renovables. El memorándum emitido por el presidente a secretarios de Estado ordenando la inaplicación de Ley General de Educación. El debilitamiento de CNDH, la CRE, y el PRODECON, por medio de candidatos que no cumplían con requisitos legales; así como el bloqueo de cuentas como arma política sin debido proceso ni control judicial; por nombrar sólo algunos atropellos más visibles . Son todos ejemplos de actos que se traducen en regresiones constitucionales con un claro intento de concentrar el poder, cual régimen netamente absolutista. Y ahora, también tenemos los ataques contra el INE.
Pero la historia ya demostró que el absolutismo no es compatible con el desarrollo social de los pueblos. Y son los propios pueblos los que se han encargado siempre, y se encargarán, de darse el gobierno que desean y merecen para el bienestar de los suyos. Pero la condición sigue siendo siempre la misma: educación política y organización. Ya se acerca el momento de la nueva batalla. Urge también ahora, entonces, rescatar el verdadero papel histórico de nuestra Constitución. Ya no hay de otra.
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