1El tipo penal de ultrajes a la autoridad ya existía en el Código Penal de Veracruz desde 2003, definido en el artículo 331; sin embargo, en marzo de 2021, el Congreso del Estado avaló una propuesta enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para agregar cuatro fracciones que elevó la Pena y por consiguiente en adelante no podían obtener su libertad por una suspensión condicional aquellos vinculados a proceso por este delito.
La aprobación de esta propuesta del gobernador enviada en 2021 a la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz devela que los legisladores (que por cierto en su mayoría eran del partido Morena, 21 de 50 diputados) actuaron por consigna, sin ninguna pericia en el tema jurídico a la hora de legislar a favor de la propuesta del ejecutivo y esto se deduce porque ya desde el 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se había pronunciado al respecto del delito “ultrajes a la autoridad” inscrito en el Código Penal para el Distrito Federal, declarándolo inconstitucional, por cuanto a que este tipo penal implicaba la posible violación del principio de exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad es decir, la falta de precisión y claridad de la palabra ultraje.
Recordando aquel debate entre los ministros de la SCJN, el ministro presidente Luis María Aguilar Morales, se manifestó por la inconstitucionalidad del artículo precisamente, por la falta de precisión que conlleva el término ultraje. Para el ministro Alberto Pérez Dayán, la falta de definición en el artículo 287, podía generar sanciones excesivas o una aplicación equivocada del precepto. Así fue que con una mayoría de 9 votos a favor del sentido del proyecto se declaró la inconstitucionalidad del artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal.
En concordancia, el pasado 21 de diciembre, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó al estado de Veracruz la derogación de este tipo penal, para “prevenir nuevas violaciones a derechos humanos, en beneficio de la población en general residente o que transita en la jurisdicción de esa entidad federativa; remitiendo a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento”. Lo anterior, por el caso de la aprehensión de seis jóvenes en Xalapa, a quienes se les imputó el delito, lo que los llevó a pasar varios meses recluidos en el penal de Pacho Viejo. Fue el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, quien dio a conocer el caso a finales de diciembre y pidió el cumplimiento de la recomendación de la CNDH, que también comprende investigar a los responsables de las detenciones, así como la reparación del daño.
Sin embargo, desde que el gobernador manifestó que el gobierno del Estado acataría la recomendación 146/2021 de la CNDH para la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, a la fecha sólo ha venido sosteniendo en sus conferencias a los medios de comunicación una “defensa” de lo indefendible, pues con argumentos absurdos que denotan la falta de una correcta asesoría jurídica, se ha atrevido a manifestar que el delito de ultrajes a la autoridad permitió a la Fiscalía del Estado detener a más de 40 jefes de plaza y 500 de sus lugartenientes y que de derogarlo estos obtendrán su libertad, mismas declaraciones con las que el gobernador pone en entredicho el papel de la Fiscalía General del Estado que es la investigación y persecución de los delitos del orden común, solicitar las medidas cautelares contra los imputados buscando y presentando las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito y pidiendo la aplicación de las penas correspondientes.
Para aderezar la “defensa”, del delito de ultrajes a la autoridad, el gobernador ha arremetido no sólo contra opositores políticos como lo ha hecho contra senadores, diputados federales panistas, perredistas, y priistas, así como barras de abogados, académicos y organizaciones civiles que se han unido en un movimiento denominado “Por la Justicia”, al cual no ha dudado en descalificar a cada instante que tiene oportunidad. En una de sus últimas intervenciones no se inmutó al desvirtuar el profesionalismo de los abogados al decir: “esta discusión pública sobre ultrajes va a traer muy buenos dividendos para las barras de abogados porque van a ofrecer sus servicios a los presuntos delincuentes que están detenidos por este delito”. Entre otros desencuentros también se ha propuesto descalificar a periodistas, aun cuando el clima político y de violencia contra los comunicadores es crítico, pues en lo que va del 2022 ya son 5 periodistas asesinados.
En fin, mientras derogan el tipo penal ultrajes a la autoridad, tal como se vislumbra ocurrirá, vale la pena observar que la iniciativa del gobernador establece derogar el artículo 331 del Código Penal, pero sin modificar o eliminar el artículo 371 Quinquies, el cual es un tipo penal que algunos lo han denominado como “espejo” ya que a la letra dice: “Se impondrán de siete a quince años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades de medida y actualización diarias, a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte”.
Al respecto Rosa Hilda Rojas Pérez, académica universitaria y abogada penalista, sostuvo que el delito de ultrajes a la autoridad es inconstitucional y así como el Congreso local lo aprobó, debe derogarlo ya, el delito vulnera el principio de legalidad, porque no es claro, es vago e impreciso, señaló la académica. En el mismo sentido, Ricardo Morales Carrasco del Colegio de Abogados Juristas de Veracruz y delegado de la Convención Mundial de Abogados señaló que el artículo “espejo” pudiera ser nuevamente usado por la fiscalía para meter a la cárcel a personas inocentes.
Como puede verse, son muchas voces calificadas de nuestro Estado y del país que han manifestado su postura al respecto de este tema, por lo que aquellos que aún defiendan la permanencia de este tipo penal estarán defendiendo lo indefendible.
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