Nuestro país, desde la declaración de independencia en 1521 ha sufrido grandes transformaciones en su afán de construir una sociedad en donde todos los ciudadanos, poderes, instituciones y organismos convivieran de la mejor manera, con derechos, obligaciones, limites jurídicos, territoriales, que permitieran sentar las bases para el desarrollo de la nueva nación, una nación que acababa de dar la lucha por su independencia y que la había logrado con la activa participación del pueblo, encabezado por líderes que hoy en día recordamos.
Nuestra actual constitución, promulgada el 5 de febrero de 1917 y que entro en vigor el 1 de mayo del mismo año fue el resultado de un largo camino, pues antes de ella ya se habían promulgado otras, la Constitución de Apatzingán de 1814, la Constitución de 1824 y la Constitución de 1857. En esa época, la sociedad aún se encontraba definiendo las bases para crear la guía que nos llevara por buen camino, tratando de incluir a todos los sectores en la redacción de la cual seria, hasta ahora, nuestra carta magna.
Se reconoce el esfuerzo de los Constituyentes quienes se dieron a la tarea de definir claramente el rumbo de nuestro país, que en esa época fue crucial, pero que en la actualidad se han tenido que realizar algunas reformas para adaptarla a los nuevos tiempos.
Todo lo escrito en la Constitución es importante, pero quiero resaltar, lo que para mí aún se le queda a deber al pueblo, la materialización de sus derechos a 107 años de haberse escrito, y que en pleno siglo XXI aún sigue luchando todos los días por que se cumplan.
Veamos, las garantías individuales son derechos que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido, sin importar nacionalidad, raza, sexo, edad, creencias religiosas o políticas, las cuales se encuentran manifestadas del artículo 1° al 29 en nuestra Carta Magna.
Esos derechos tienen algunas características que vale la pena mencionar: son universales (para hombres y mujeres por igual); inalienables, es decir que no se pueden cambiar, vender o quitar; imprescriptibles, es decir que no se extinguen ni se pierden; irrenunciables, no puedes renunciar a ellos y finalmente son limitativas del poder del estado, es decir, el estado no tiene derecho sobre ellas.
Hasta aquí todo bien, quien lee nuestra constitución creerá que vivimos en un país de igualdad, democrático y donde nuestros derechos son respetados por las autoridades, pero la realidad es otra muy distinta.
Para no hacer esta primera parte muy extensa, quiero referirme a algunas garantías que tenemos y que nadie nos puede quitar pero que poco se hace para cumplir, como lo que marca el Art. 3ro, que indica el derecho a la educación, y efectivamente, el gobierno no nos prohíbe estudiar, el problema es que no se invierte en escuelas de calidad, aún tenemos escuelas sin baños, sin luz, sin maestros, en pocas palabras, si se quiere estudiar en buenas escuelas, ahí están las privadas. El derecho a la vivienda marcado en el Art. 4to, a 107 años de haberse escrito aún hay miles de familias que no tienen donde vivir dignamente por lo que parecen nómadas de un lugar a otro. El Art. 9no que marca el derecho de reunión y asociación, esto tampoco se cumple, al gobierno no le gusta que la gente se reúna para hablar de sus derechos, se han encargado de decirle a la población que si tienen una necesidad acudan personalmente a las oficinas, que ahí serán atendidos, pero que no vayan en “bola”.
Y así se pudiera hacer un gran análisis de lo que nuestros gobernantes, que son los encargados de hacer cumplir la ley, le quedan a deber al pueblo mexicano, y no por que desconozcan el tema, simplemente porque no les interesa combatir la pobreza, por que como dice nuestro actual jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, “con los pobres va uno a la segura”.
Esta situación debe cambiar de raíz, el pueblo pobre de México debe retomar su papel transformador, necesita con urgencia organizarse y educarse, conocer sus derechos y luchar por ellos, porque del cielo no les va a caer nada.
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