Es conocido por todos, el tema sobre la reforma educativa que se ha planteado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. También es conocido que ha recibido numerosas críticas de expertos en educación, por la poca claridad hacia la sociedad con que las autoridades hacen los cambios.
El gobierno ha hablado de reuniones masivas con maestros en los que se les han presentado y han participado en las modificaciones previstas, que han ido trascendiendo de ese modo, pero aún no hay publicado un documento legal que anuncie, sin lugar a duda, de qué se tratará esta reforma educativa en sus extremos aplicables en las escuelas.
Los cambios para todo el alumnado están previstos por fases que se iniciarán, según lo informado, en el curso que viene. Para este ciclo escolar se ha planteado un proyecto piloto que inicia en el mes de octubre, en 960 escuelas de todo el país y en primer grado de cada uno de los niveles educativos de educación básica.
Dicha reforma se ha encontrado con el freno de los tribunales antes de implantarse. Un juez federal de distrito ha suspendido el plan piloto previsto por la Secretaría de Educación Pública (SEP), aludiendo a las incertidumbres que genera un proyecto “impreciso e incompleto” y que no se aviene a lo que establece la ley de educación.
La SEP ha planeado la capacitación de los maestros que desarrollarán esas clases durante el ciclo escolar, y al finalizar, por lo que se infiere que los maestros aún no han recibido esas capacitaciones. El juez señala, además, que “no hay certeza respecto de qué es lo que se les impartirá a esos alumnos, es decir, qué programa de estudios, qué materias o asignaturas, qué contenido curricular, ni cómo se les evaluará y certificará para continuar”, en los siguientes cursos.
A su vez, la dependencia ha informado de que aún no ha recibido la notificación del juez, pero anuncia que seguirá adelante con el plan y que “interpondrá un recurso de queja contra la admisión de esta demanda y contra la suspensión provisional”, dictada por el juez.
A mi criterio, esta es una de las reformas más ambiciosas de este gobierno, pero de la que menos se ha hablado, precisamente por lo delicado e importante del tema. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador han desfilado ya tres secretarios de Educación, que más que ocupar el puesto por su capacidad para valorar y tratar de buscar una salida a los problemas tan serios de la educación en nuestro país, han sido elegidos por su cercanía al presidente y algunos de ellos han utilizado a la Secretaría de Educación como un trampolín político para su beneficio personal y de grupo, como es el caso de Delfina Gómez.
Los maestros de Antorcha Magisterial Nacional exigimos a las autoridades que no utilicen a niños y jóvenes para sus experimentos educativos, a que antes de implantarse los nuevos planes y programas se haga una valoración verdadera sobre ellos y los beneficios que estos traerán a la educación de nuestros estudiantes. Exigimos que se respete a los maestros, que se destine tiempo y recursos para la preparación de los mismos.
Y, finalmente, mi invitación al presidente para que respete la ley y que no por ser el presidente de la república haga a un lado los procesos legales. Quiero recordarle que vivimos en un país democrático, donde la justicia y la ley deben ser para todos.
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