Cuando estamos a solo dos semanas para las elecciones del 6 de junio, ya no puede haber duda alguna sobre el uso que los gobiernos de Morena, tanto el federal como el de Veracruz, han hecho de los recursos e instituciones públicas para favorecer a los candidatos de su partido, utilizando mecanismos de condicionamiento del voto de la ciudadanía (a través de la entrega de los apoyos sociales) y de represión judicial y administrativa contra actores políticos de los partidos de oposición, a quienes ven con altas posibilidades de triunfar en las urnas.
A nivel nacional, solo como un ejemplo de cientos, hemos visto cómo, por órdenes expresas del presidente de la República (según confesión suya en la mañanera del 11 de mayo), se iniciaron carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República contra dos candidatos a la gubernatura de Nuevo León, con altas posibilidades de ganarle a la candidata de Morena en la entidad, Clara Luz Rivera, se trata de Adrián de la Garza (PRI-PRD) y Samuel García (MC). Tal intromisión descarada, puede tipificarse fácilmente como un delito electoral.
Pues en México, a diferencia de países como Estados Unidos (donde el presidente puede reelegirse), existe el principio electoral de “equidad en la contienda” (constreñido en el artículo 41 constitucional), que prohíbe a las autoridades y a los servidores públicos de cualquier índole y nivel jerárquico intervenir en las elecciones utilizando los recursos del Estado a su cargo, con sus palabras y acciones, para favorecer o denigrar a los candidatos de cualquiera de los partidos políticos en competencia; dicha prohibición va dirigida, en primer lugar, a los funcionarios del partido político en el poder, pues son quienes pueden más fácilmente utilizarlo para golpear a sus adversarios y/o impulsar a sus candidatos. La violación a este principio constitucional, constituye una transgresión del primer orden al proceso electoral, pues coloca en desventaja a quienes pretenden disputar los puestos públicos utilizando las reglas de la democracia representativa.
Sin embargo, tal prohibición le importa muy poco a los morenistas, quienes no han tenido ningún empacho en transgredirlo. En Veracruz, abundan los casos que lo demuestran. El pasado 11 de marzo, fue reformado el Código Penal del Estado de Veracruz para, entre otras cosas, aumentan la gravedad y las penas correspondientes al delito de “ultrajes a la autoridad” y 3 días después el tipo penal fue utilizado para encarcelar a Rogelio Franco, líder del PRD y candidato a diputado federal plurinominal. A partir de él, otros actores políticos y candidatos registrados han sido acusados del mismo delito y llevados a la cárcel.
Un caso más. A partir del 11 de mayo fue acusada ante los medios de comunicación y la Fiscalía de Delitos Electorales, la candidata a diputada federal por el distrito 16 de la alianza PAN-PRI-PRD, Janeth García Cruz, de estar utilizando las instalaciones del Cobaev 46 como “búnker” electoral, porque personal del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz supuestamente encontró propaganda política y copias de credenciales del INE al interior de esta institución educativa.
Hasta el momento, las supuestas pruebas en que sustentan sus acusaciones y que han mostrado a la opinión pública son fotografías de una vinilona con la imagen y nombre de la candidata sobre el suelo, del interior de una caja con volantes y folders apilados en cuyo interior, presumen ellos, se encuentras fotocopias de credenciales. En ninguna de las fotos se alcanza a ver que dicho material efectivamente se encontraba en las instalaciones de la escuela, por lo que se trata de pruebas supuestas y artificiales. Fotografías tomadas en algún otro lugar o sembradas dolosamente en el plantel para incriminar a Janeth García.
Por otro lado, cualquier abogado sabe que mostrar a los medios de comunicación, las evidencias probables en que se sustenta una denuncia penal es una grave violación al debido proceso constitucional; además, también constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el presentar a los acusados como culpables ante la opinión pública, que es precisamente el fondo de todo este escándalo mediático: armar una campaña de desprestigio contra la candidata, a pesar de que no es posible de ninguna manera que se vincule a Janeth García con el plantel educativo, mucho menos que se pruebe que ella estuvo ahí, ni su equipo de campaña, ni algún representante de los partidos políticos que la abanderan.
El Gobierno de Veracruz, que encabeza el gobernador Cuitláhuac García es quien realmente está utilizando a la Dirección General de Cobaev (institución que funciona con recursos públicos) para armar una campaña negra y fabricar una carpeta de investigación amañada contra quien seguramente ganará la diputación federal por el Distrito 16, venciendo a la candidata del régimen, Martha Rosa Morales.
Finalmente, es aplicable a éste y al resto de casos en que Morena, aprovechándose del control que tiene del Estado, ha arremetido contra los políticos de la oposición, lo que dijo el propio líder de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal, el pasado 21 de mayo en su visita a la ciudad de Xalapa: “No es correcto… que se ejerza persecución judicial con fines políticos. (…) No, que la gente decida, no hay que eliminar a la mala a nadie, que la gente decida en procesos democráticos, en procesos limpios, nunca es bueno usar las instituciones contra los adversarios políticos porque eso tarde que temprano se revierte”.
Así pues, la última palabra la tendrán los ciudadanos este 6 de junio. Si bien, el miedo a la pandemia y al clima de violencia que impera en el país, puede disuadir la participación ciudadana el día de la jornada electoral, lo cierto es que la única manera que tenemos los mexicanos que no simpatizamos con el proyecto autodenominado “Cuarta Transformación” (que somos la mayoría), de sacarlos del poder o de reducir el control que tienen del aparato gubernamental es votando masivamente en contra de Morena, de sus candidatos a diputados federales, diputados locales y ediles de los ayuntamientos.
Hoy, la represión y la violencia institucional se han focalizado en contra de los opositores abiertos al régimen, pero si no se frenan estos abusos, el día de mañana estará en peligro cualquier ciudadano que se niegue a seguir ciegamente a esta Cuarta Transformación y a sus defensores. El peligro de que una dictadura se instaure en México es real, en nuestras manos está impedirlo. ¡Vota este 6 de junio!
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