Según información de la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), a escasos cinco días del arranque legal de las campañas políticas se tiene un registro de dieciocho aspirantes a puestos de elección popular asesinados. El último de ellos ocurrió apenas el 3 de marzo: fue Alfredo González Díaz, candidato del PT a la presidencia municipal de Atoyac de Álvarez en el devastado por el narcotráfico y el crimen estado de Guerrero, “desgobernado” nada más y nada menos que por Evelyn Salgado Pineda y su padre, el senador morenista, Félix Salgado Macedonio.
Entre los políticos asesinados en este pequeño periodo destacan Alfredo Giovanni Lezama Barrera, precandidato a diputado federal por el PAN en Morelos; David Rey González Moreno, precandidato a alcalde de Suchiate, Chiapas; Sergio Hueso, precandidato a la alcaldía de Armería por MC en Colima; Miriam Nohemí Ríos Ríos, dirigente trans de MC, de Jacona, Michoacán; Marcelino Ruiz Esteban, exalcalde de Atlixtac, Guerrero, y el precandidato a diputado por el PRD en Atlixtac, y su esposa Guadalupe Guzmán Cano, consejera estatal del mismo partido.
Ante la violencia y la delincuencia, el presidente de la república, en su nube y con sus “otros datos”, en lugar de tomar cartas en el asunto, despotrica contra quienes informan sobre los acontecimientos.
Asimismo, Jaime Vera, precandidato del PVEM a la alcaldía de Mascota, Jalisco; Julián López Galeana, coordinador de MC en Guerrero; Yair Martín Romero Segura, precandidato a diputado federal por Morena en Ecatepec; Miguel Ángel Zavala Reyes, precandidato de Morena a la alcaldía de Maravatío, Michoacán; Armando Pérez Luna, precandidato del PAN a esta misma alcaldía, y Alfredo González Díaz, aspirante del PT a la alcaldía de Atoyac, en la Costa Grande de Guerrero.
El crimen ha alcanzado incluso a Jorge Antonio Monreal Martínez y a Juan Pérez Guardado, funcionario local y sobrino del senador y cuñado del exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, respectivamente, asesinados recientemente en la ciudad de Fresnillo, y a Humberto del Valle Zúñiga, primo de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado y a su exsuegro, Joaquín Alonso Piedra, en Acapulco.
Esto de ninguna manera significa que el responsable directo de esta ola de violencia y asesinatos sea Andrés Manuel López Obrador, pero indudablemente, como presidente de la república, supuesto demócrata y promotor de la política de los abrazos y de acusar a los delincuentes con sus mamacitas, está obligado a brindar protección a todas las candidatas y candidatos en los estados donde la violencia es cotidiana y alarmante como Michoacán, Guerrero, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Jalisco, Sonora, Sinaloa y todos los estados gobernados por Morena.
Sin duda, el móvil de los crímenes obedece a que se busca incidir en el resultado de la elección. O bien para evitar que triunfe uno de los aspirantes a ocupar los puestos en disputa o para provocar miedo en el electorado y evitar que la ciudadanía salga a votar. ¿A quién le conviene esto? Pero el presidente de la república, en su nube y con sus “otros datos”; en lugar de tomar cartas en el asunto, despotrica contra quienes informan sobre los acontecimientos.
Mientras la inseguridad campea por todos los rincones de México, el presidente, acusado mediáticamente de “narcopresidente”, declara en sus mañaneras:
“Hay quienes buscan generar miedo, temor de cara a las elecciones. La gente en México está muy tranquila, muy segura y feliz de cara a las elecciones del 2 de junio”.
Y agrega: “es un asunto de publicistas y por la temporada, como hay elecciones hay participantes que quieren sacar raja con algún tema para generar miedo, temor, magnifican los problemas que desde luego existen de inseguridad, todo es parte de las circunstancias”.
Y como él sí trae todo su aparato de seguridad, señaló que durante el periodo de veda electoral se dedicará a recorrer el país para supervisar las obras que se están construyendo, como hospitales y carreteras.
“No dejaré obras pendientes de mi Gobierno”, declaró, lo que significa que usará cualquier pretexto para estar en el proceso electoral, a pesar de las quejas de los ciudadanos, partidos opositores y hasta del arzobispado de México que, haciéndole la chamba, media entre los grupos delincuenciales.
Afortunadamente, recorrer “sus obras pendientes” no le llevará acaso más de una semana.
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