Como resultado de la lucha del antorchismo sinaloense, durante el año que está por terminar se autorizó la construcción de un puente vehicular que comunica las colonias 5 de febrero y Ampliación 5 de febrero; era una añeja demanda de los vecinos sobre todo del segundo asentamiento; ya que el canal que divide ambas colonias es difícil de transitar para los peatones, y para los vehículos era muy arriesgado y peligroso el paso provisional que se tenía, pues frecuentemente terminaban en el lecho del canal los automovilistas que no conocían muy bien el terreno. Las salidas, por lo tanto tenían que hacerse en distintos puntos para evitar los riesgos y agilizar el tránsito.
El miércoles 22 de septiembre se inauguró la obra ya terminada, para beneficio de los habitantes de ambas colonias, que así verán resuelto el problema del peligroso paso por dicho desnivel. Varias decenas de vecinos se reunieron para festejar el logro de su lucha paciente y decidida. Sin embargo, los colonos de la ampliación 5 de febrero, como casi todos los habitantes de las colonias de la periferia de Culiacán, Sinaloa saben que el problema resuelto hoy es solo uno de tantos que padecen día con día en su ya larga historia de más de diez años de existencia como colonia: las calles polvorientas, desde siempre sin pavimento, que todo lo espolvorean al paso de peatones y vehículos, o que se vuelven grandes lodazales cuando caen las lluvias ; los deficientes servicios de agua potable y energía eléctrica, que acarrean problemas a la salud, a los bienes y a la comodidad de las personas; las fugas de aguas de todo tipo, de las cuales las más dañinas y pestilentes son las negras, que despiden olores fétidos, enferman y dañan a la población; entre otros.
Pero el problema más grande que padece la Ampliación 5 de febrero –y que es también el pretexto favorito de los funcionarios que le niegan inversión en obras y servicios públicos- es la falta de certeza jurídica sobre la propiedad de los predios que ocupan los colonos; es una colonia irregular, le dicen los funcionarios. Y aunque el verdadero humanismo no catalogaría la ocupación de un predio como irregular, sino solo como un derecho humano inalienable; dejemos eso para etapas futuras de organización social. Hoy, los derechos de propiedad mandan y los posesionarios no son los propietarios; ese es el hecho. Hay dos partes que desde hace años se disputan el predio y esto impide que se puedan regularizar los solares.
Ha pasado ya mucha agua bajo los puentes como el que hoy inauguramos, sin que al gobierno le interese agilizar el proceso de regularización de los predios. El Estado tiene la facultad de expropiar los terrenos ocupados e indemnizar a quien corresponda pero no ha querido hacerlo, a pesar de la insistencia de los ocupantes. Cabe señalar que éstos no se niegan a pagar, aceptarían solo un subsidio o un crédito barato por parte de las autoridades competentes para tener un título que les abra las puertas a un progreso más rápido de su comunidad. Con la llegada al gobierno de la 4T, muchos creían que ahora sí tendrían respaldo del nuevo mesías para regularizarse pero ¡oh sorpresa! “A la mitad del camino” no han tenido el menor gesto de solidaridad por parte del gobierno federal. El problema se resuelve con dinero para pagar a los expropiados y los programas para esto que maneja Sedatu, hoy, cuando menos en Sinaloa, carecen de fondos.
Esto es comprensible, pues el dinero público lo usa AMLO para dar dinero en efectivo que compre fidelidades en procesos electorales y para obras ociosas como las tres emblemáticas de su gobierno. La Ampiación 5 de febrero debe seguir en lucha por la regularización de sus predios, pero debe tener claro que esta lucha pasa por la reorientación del gasto público que destine dinero a regularización, obras y servicios públicos. Y esto no lo hará la 4T, pues millones de mexicanos han comprobado en carne propia que no son la prioridad del presidente; todas las colonias deben unirse para exigir la reorientación del gasto público que les permita escapar de un ambiente fétido, lodo, aguas negras y malos servicios públicos.
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