Desde hace más de un siglo, la urbanización pasó por una transición de una economía agrícola a otra donde predominan actividades industriales y comerciales. Esta modernización de la economía implicó que aumentaran los movimientos de trabajadores del campo a la ciudad y, luego, de la ciudad hacia su periferia, que es donde más recientemente se ubica la población con mayor rezago social y pobreza; asimismo se acusaron las disparidades regionales. El desarrollo de la industria incipiente exigía una ingente cantidad de brazos y éstos, buscando mejores condiciones de vida, se movían ahí donde la industria y los servicios ofertaban oportunidades de empleo.
Los asentamientos irregulares son una estrategia de sobrevivencia de los trabajadores porque resuelve no solo los problemas de techo, sino también de ingresos, pues les permite acceder a una ocupación, aunque sea mediante largos y costosos recorridos.
Una de las características particulares de las ciudades latinoamericanas es que en ellas se hallan asentamientos humanos irregulares, algunos de ellos, de muy larga data. De acuerdo con la ONU-Hábitat, un asentamiento irregular es un conjunto de viviendas en el que sus habitantes no poseen derecho sobre la propiedad y en el cual hay carencia de servicios básicos e infraestructura pública. Este tipo de asentamientos proliferaron en la primera mitad del siglo XX en las periferias urbanas como resultado de la migración campo-ciudad. En los últimos años, se han modificado estos patrones y se ha dado paso a una migración asociada a movimientos inter e intraurbanos, pero no deja de ser un fenómeno en el que la fuerza de trabajo sigue al capital.
De acuerdo con el censo de gobiernos municipales y demarcaciones, en 2023 el número de asentamientos irregulares en el país ascendió a 17 mil 770; de los cuales 99%, y en donde viven más de 1.4 millones de mexicanos, se encuentra en zonas de riesgo. Los cinco municipios con más lotes de vivienda en asentamientos irregulares son Morelia, Michoacán con 57 mil 864; Ensenada, Baja California con 55 mil 303; Ixtapaluca, Estado de México con 48 mil 553; Xochimilco, Ciudad de México, con 38 mil 670 y La Paz, Estado de México como 32 mil 500.
Los asentamientos irregulares son el reflejo de un crecimiento urbano sin planificación; son el resultado del subdesarrollo y del abandono de los gobiernos ante las condiciones de vida de los trabajadores, así como sus necesidades más básicas de vivienda y servicios. En general, esta población se encuentra en condiciones de hacinamiento, falta de protección jurídica, exposición al riesgo ambiental y falta de condiciones de higiene en la vivienda y su entorno. No obstante, los asentamientos irregulares son una estrategia de sobrevivencia de los trabajadores porque resuelve no solo los problemas de techo, sino también de ingresos, pues les permite acceder a una ocupación, aunque sea mediante largos y costosos recorridos.
A los asentamientos irregulares se le suele percibir como un problema de ilegalidad y, por tanto, se le atribuyen aspectos negativos, como si fuera un proceso de urbanización anormal en contraposición con el desarrollo planificado de las ciudades. Sin embargo, lo que normalmente llamamos asentamientos irregulares no es un acumulado de actividades no reguladas. Es más bien la planificación la que suscribe y designa este conjunto de actividades como autorizadas o como no autorizadas. En términos de Anna Roy (2009) la irregularidad es efecto de un conjunto de mecanismos generados por una red de dispositivos que ha producido espacios de regulación y otros de no regulación (el capitalismo). Este sistema ha creado una ciudad para las élites de las ciudades que impone un conjunto de requisitos normativos que se convierten en una barrera institucional para la provisión de vivienda adecuada de los sectores populares.
La calidad de la vivienda es importante para asegurar el bienestar de las personas y los asentamientos irregulares no la tienen. Los materiales suelen ser perecederos, hay déficit de infraestructura y de servicios de agua y drenaje. A pesar de los discursos de ONU-Hábitat para la planificación participativa y la universalización al derecho a la ciudad, México sigue teniendo problemas graves para cubrir el derecho a la vivienda como la Constitución lo marca. La situación apunta a la urgencia de transformaciones estructurales que modifiquen la trayectoria hacia un crecimiento urbano planificado que incluya las necesidades de los trabajadores y no sólo las del capital, pero esto solo lo pueden enarbolar los trabajadores mismos.
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