“No vamos a cambiar la estrategia” afirmó el 23 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante los cuestionamientos por los asesinatos de un guía de turistas y dos sacerdotes en Chihuahua, víctimas que se suman a la lista de mexicanos muertos por el crimen organizado que ya rebasa los 100,000, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Su afirmación la respalda con los datos proporcionados en julio de 2018, cuando se presentó la cantidad más alta de homicidios en un mes, 3,074 víctimas, a partir de entonces no hay un registro similar.
La “estrategia funciona”, dice el presidente, porque no rebasan los 3 mil homicidios dolosos por mes, y compara. Baja California con 2,800 víctimas, Chihuahua 2,236, Guanajuato 3,239, Michoacán 2,475 y Estado de México 2,419. Sólo reconoce incremento acelerado en once estados, Zacatecas, Nayarit, Morelos, Sonora, Campeche, Nuevo León, Chiapas, San Luis Potosí Tlaxcala.
Ante el torbellino despiadado de violencia, la población se ve seriamente afectada por la pérdida de familiares involucrados o no, comunidades abandonadas convertidas prácticamente en pueblos fantasmas, como Sarabia, en Zacatecas; asesinatos a plena luz en lugares muy concurridos como restaurantes, balaceras en avenidas principales en las cuidades, videos tomados por los delincuentes que ostentan armas y equipos tácticos militares, humillaciones a los elementos del Ejército Mexicano y una enorme lista de acontecimientos en los que el elemento principal es la exhibición del poderío económico y militar de la delincuencia organizada para intimidar y generar un clima de sometimiento.
La táctica de abrazos no balazos es lo correcto y funciona, según el gobierno morenista. Justifica la pérdida de la vida de un exgobernador, seis periodistas, tres alcaldes en funciones, casi medio millar de policías, más de tres mil menores de edad y cerca de 3 mil 500 mujeres que se ha reportado, que las víctimas tenían vínculos con el crimen organizado, es decir la culpa no la tiene el Gobierno federal sino las víctimas. Y va más allá para justificar su fracaso en el terreno de la seguridad.
“Desde el extranjero se puede estar orquestando una campaña para ligarlo con el narcotráfico, sin embargo, no pueden probar supuestos nexos”. Afirmó que “esta campaña sólo busca atacar al proyecto político que encabeza, pero que lo más importante para él es la honestidad y los ideales”. No la vida de la gente.
Las cifras oficiales señalan que las actividades ilícitas se extienden a otros campos como el contrabando de armas, secuestros, extorsión, tráfico de migrantes y el robo a combustible, conocido cómo huachicol, delitos del fuero común como robo a transeúntes, robo en transporte público individual y colectivo van en aumento acelerado, lo declara la secretaria de Seguridad Pública.
Tres aspectos que no toca ni de pasada, López Obrador. El SESNSP informó que “el promedio de homicidios ocurridos en el país es de cuatro por hora, 95 por día o 2,850 personas al mes”. El 70 por ciento de los homicidios dolosos se cometen con arma de fuego”, se agrega. “El incremento de feminicidios, asesinato de mujeres por razón de género 2,974”. Segundo, en el lapso del 1 de diciembre al 30 de noviembre de 2021 (abarca esta administración federal) se iniciaron 86 mil 777 expedientes por el homicidio doloso de 103,820 personas. Tercero no han capturado a ningún capo del narcotráfico, han extraditado a jefes de sicarios, jefes de plazas, como se les conoce de allí para adelante no.
El SESNSP al continuar la actualización de datos, arroja resultados aterradores. Si como dice, existe una campaña en el extranjero con apoyo de sus adversarios “los conservadores” ¿por qué no desmiente las afirmaciones del senador norteamericano por el estado de Florida Marco Rubio, que acusó al presidente López Obrador de tener presuntos nexos con el tráfico de drogas?
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