A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, aún es fecha que no ha quedado del todo claro quién o quiénes (con nombres y apellidos) fueron los autores intelectuales de esa barbarie contra los jóvenes normalistas. Lo único que ha quedado claro, es que están involucrados altos personajes de la vida política, del poder de facto, del ejército y de autoridades que estaban en funciones en el día del acontecimiento trágico.
El manejo que se le ha dado a las investigaciones, más que esclarecer el hecho está confundiendo a la población y el papel de presidencia de México ha sido de solapar y proteger a los mencionados en el expediente, principalmente a los que forman parte del Ejército Mexicano, o tal vez sean éstos los que presionan al presidente para obstaculizar todo camino que conduzca a la verdad. El Poder Ejecutivo se ha visto en la necesidad de maniobrar, para proteger sus intereses políticos, contra todo avance serio en las investigaciones para esclarecer el hecho.
Con tanto enredo en declaraciones, investigaciones, sentencias y maniobras, renuncias de los que están al frente de la comisión investigadora, las ordenes de aprensión y el desistimiento de las mismas, etc., etc. nos da una clara idea que este asunto va para largo y quizá pasaran muchos años para saber la vedad; mientras tanto, la sociedad mexicana seguirá expuesta a la inseguridad provocada por la delincuencia organizada protegida desde las mas altas esferas del poder político y judicial, sobre todo a ésta última institución que día a día los mexicanos ponen en tela de juicio de su imparcialidad para la impartición de justicia.
El caso Ayotzinapa debe de servirnos como ejemplo de lo mal que esta nuestro país en todos los ámbitos de la vida social; en primer lugar, la inseguridad, la falta de justicia hacia las clases populares, el abandono al sector educativo por las autoridades de este sector y del Gobierno federal, la represión contra la lucha social en busca de mejores condiciones materiales en su entorno y la nula solución a sus demandas, el abandono absoluto del sector salud y un freno a la libertad de expresión con tantos periodistas asesinados y un largo etcétera.
Independientemente de las causas o motivos que tienen los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, por la forma en que actúan y llevan a cabo su lucha, de cómo obtienen los recursos para financiar sus protestas, y las acciones que toman en sus manifestaciones, eso es cosa de ellos. Pero en lo que si estamos de acuerdo es que deben seguir exigiendo al gobierno el esclarecimiento del secuestro y desaparición de sus compañeros en exigir justicia por los seis que murieron en ese día y seguir en denunciando los atropellos y las burlas del gobierno para que no avance la investigación.
Debe de preocuparnos el número de desaparecidos que se han registrado en el gobierno de la 4T, cuyos familiares, al igual que los padres de los jóvenes normalistas están esperanzados a que algún día aparezcan, si no con vida, cuando menos sus restos para darles cristiana sepultura y tener la certeza de su última morada, pero el gobierno de la 4T, esta enfrascada en la sucesión presidencial; en sus prioridades, no entran los grandes problemas de la sociedad. Lejos ha quedado la fecha en que muchos mexicanos creyeron en el mesías, que primero en campaña y ahora en funciones les prometió a los padres de familia que llegaría hasta las ultimas consecuencias para saber la verdad, pero, sospechosamente cundo la dirección de las investigaciones conduce hacia el ejercito y funcionarios ya no se le ve voluntad de cumplir su palabra.
Ya no es sorpresa, pero si preocupa el papel del ejercito en este penoso y lamentable hecho de Ayotzinapa, acusados de ser prácticamente los autores materiales de la desaparición de los 43 normalista y de la relación de altos mandos con la delincuencia organizada, esta institución que realiza funciones ajenas a su naturaleza, ha perdido credibilidad y confianza, pues pesa sobre ellos la sospecha que miembros del ejercito participaron en la desaparición de los estudiantes además de que han sido acusados de ocultar información que pudiera, en su momento haber ayudado a localizar a los desaparecidos, de manipular y alterar los videos. Crece mas la preocupación y la desconfianza, ahora cuando el Senado de la Republica recién acaba de aprobar la iniciativa presidencial para que el ejercito siga en las calles hasta el 2028. Solo para formalizar lo que en los hechos se está dando, pero con nulos resultados.
La lucha incansable de los padres de los jóvenes desparecidos, debe servir de ejemplo para los ciudadanos que no están conformes con la ola de violencia que todos los días vivimos en el país; la exigencia para que aparezcan los 43 desaparecidos hay que sumar la búsqueda de justicia para otros seis normalistas que murieron aquel 26 y 27 de septiembre de 2014. A todos los mexicanos nos preocupa la ola de violencia e inseguridad que cubre nuestro país.
Ha quedado demostrado que el gobierno de la 4T que encabeza Andrés Manuel López Obrador no ha sido capaz de ser eficiente en el combate a la inseguridad y hay que cambiarlo por otro; por un gobierno que sea autentico representante del pueblo y no uno que se dice ser de izquierda y que en los hechos gobierna para una parte muy reducida de la sociedad mexicana.
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