El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) convenció a los mexicanos que, de ganar la presidencia de la república, todo iba a cambiar; con esa esperanza más de 30 millones de electores acudieron a las urnas en 2018 para depositar su confianza en el tabasqueño, que tenía la solución a todos los problemas, pero ahora su gobierno ya está formando parte del pasado, ese ente que él culpa de su propio fracaso.
A estas alturas, ya no se puede argumentar que lleva poco tiempo, como sostenían sus defensores, que en cierta medida tenían razón, pues hay indicadores como el de combate a la pobreza e inseguridad, la creación de empleos y la migración que, lamentablemente, demuestran que estamos peor que antes.
Para quitarse la responsabilidad y dejar como culpables de su incapacidad a otros, López Obrador se lanzó contra personas y grupos sociales con todo el aparato del gobierno; los antorchistas fuimos los preferidos para descargar sus iras y los ataques. Estos fueron resumidos en frases que son la forma más acabada de violencia verbal que luego aplicaron gobernadores, presidentes municipales y funcionarios enquistados durante muchos años en el gobierno. La finalidad es desprestigiar la lucha social por la solución de demandas legítimas que tienen que ver con obras de agua potable, redes de drenaje sanitario, arreglo de calles y de mejoramiento a la vivienda.
En efecto, desde su gira de agradecimiento por las capitales de México, se dedicó a repetir que acabarían los intermediarios, que los apoyos se entregarían directos, pues, según él, los líderes se robaban el presupuesto y se hacían millonarios. La intención era y es muy clara, al estilo de Gobbels (el ideólogo del nazismo), se sigue apostando a que una mentira repetida cien veces se convierta en verdad, y la aseveración se da sin aportar pruebas. Pero la realidad ha demostrado la falsedad de la acusación, aunque ya no hay solución de las demandas nosotros seguimos luchando con la misma energía y convicción de antes. Sus propagandistas y defensores se empeñan en replicar la idea de que los mexicanos estamos felices, la realidad demuestra que no es así.
López Obrador no cambiará su forma de gobernar. El pasado 15 de abril, en su gira por Oaxaca, aseguró que “las organizaciones eran buenas, pero se descompusieron, pedían para quedarse con la mayor parte y hacer ricos a los líderes”, o sea que si se trata de las organizaciones cercanas a su partido son buenas, pero las otras son corruptas.
Los mexicanos han aceptado que se usa la violencia verbal y que esta es gravísima porque alienta a potenciales criminales que en cierta forma se sienten protegidos por la autoridad. De acuerdo a la investigación de la organización civil internacional Front Line Defenders, los activistas sociales en México corren un alto riesgo porque constantemente son asediados por grupos delincuenciales, políticos y empresariales que ven en la actividad diaria de estas personas un peligro para sus intereses “y esta es una de las actividades más peligrosas en el país”.
¿Cuánto influye la violencia verbal del presidente para alentar la violencia física?
Sin duda es algo muy difícil de medir, lo cierto es que el mandatario ha creado la polarización de los mexicanos para que nos estemos enfrentando entre sí, al mismo tiempo que perdemos de vista quién es el responsable de las desgracias que se sufren en el país, incluida la cifra de violencia registrada que supera los más de 153 mil asesinatos.
Los antorchistas somos víctimas de la violencia; en el estado de Guerrero fueron asesinados dos luchadores sociales de nuestro movimiento en medio de ése ambiente de confrontación y odio creado por López Obrador. Nuestros compañeros Conrado Hernández, Mercedes Martínez y su hijo, un niño de cinco años, fueron víctimas de esa forma de gobernar, la de acusar sin pruebas, la de asumirse como juez de la moral pública y privada y la de entregar dinero a la gente para que calle ante las atrocidades cometidas.
No somos los únicos, igual receta usa en contra de defensores de derechos humanos, de periodistas, o contra los magistrados de la Suprema Corte, así como para desprestigiar a funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) o del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), pues le estorban, así que hay que acusarlos de corruptos, de privilegiados y vendidos para que caiga sobre ellos el odio de sus defensores, violencia que replican quemando simbólicamente a los señalados con un fanatismo enfermizo, que de tenerlos cerca hasta pudieran lincharlos.
Nosotros seguiremos en la exigencia de justicia para nuestros muertos, por eso estamos denunciando el crimen acaecido el 12 de abril en Chilpancingo, y el martes 6 de junio, miles de antorchistas acudiremos a Guerrero para conmemorar el “Día de los mártires antorchistas”, con la misma exigencia: cárcel para los asesinos de Conrado, Mercedes y su hijo.
Le guste o no al presidente y demás funcionarios morenistas, la libertad de asociación, de expresión, la agrupación de los ciudadanos por la defensa de sus intereses y la exigencia de justicia, no es una concesión graciosa de los gobernantes, son derechos que se han conquistado por muchos años de lucha del pueblo, al que en otros tiempos también se le humillaba y asesinaba.
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