* Buscan control sobre recursos propios, además de consideración en la toma de decisiones que afectan sus territorios
Oaxaca es la entidad con mayor diversidad étnica, cultural, lingüística y natural de México, misma que se expresa en la presencia de los pueblos indígenas amuzgo, cuicateco, chatino, chinanteco, chocholteco, chontal, huave, ixcateco, mazateco, mixe, mixteco, náhuatl, triqui, zapoteco y zoque.
Tales pueblos fueron reconocidos desde 1990 en el artículo 16 de la Constitución local. Esta diversidad ha dado lugar a un marco jurídico que reconoce y garantiza la pluralidad política en la elección de autoridades municipales desde 1995.
Por reforma, se dispuso que “los municipios podrían renovar a sus autoridades mediante el régimen de partidos políticos o a través del régimen de sistemas normativos indígenas, antes usos y costumbres”.
Dicho reconocimiento se fortaleció con la reforma a la Constitución Federal del año 2001, en la que se estableció que los pueblos indígenas tienen derecho de libre determinación para elegir a sus autoridades de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales.
El reconocimiento constitucional de los sistemas normativos indígenas implicó una nueva concepción del sistema jurídico mexicano al quedar integrado por normas formalmente legisladas y normas indígenas.
Por todo lo anterior, hoy diversas comunidades de la región mixteca de Oaxaca plantean al gobierno estatal el establecimiento de una política autónoma auténtica y ya no por partidos políticos, toda vez que estos, a últimas fechas, han impulsado el divisionismo entre los vecinos.
Sergio Pérez, residente de Santa Cruz Nundaco, explica que esta demanda se fundamenta en el deseo de las comunidades de tener un control efectivo sobre sus asuntos y recursos, además de garantizar que sus derechos y necesidades sean adecuadamente considerados en la toma de decisiones que afectan sus territorios:
“El tomar decisiones sobre cómo se explotan nuestros recursos debe estar en nuestras manos, no en las de quienes no tienen en cuenta nuestras necesidades ni nuestra forma de vida. Además, es crucial que se nos consulte de manera previa y vinculante sobre cualquier proyecto o política que pueda impactar nuestras tierras. Hemos visto demasiadas veces cómo se toman decisiones sin nuestro consentimiento, afectando negativamente a nuestra gente y a nuestro entorno. Queremos ser parte activa en los procesos de toma de decisiones, tanto a nivel local como nacional, para garantizar que nuestras voces sean escuchadas y que nuestros intereses sean defendidos”.
Por su parte, César Hernández Olivera, dirigente de Antorcha en la región, declaró que, debido a que las comunidades requieren mayor autonomía para poder gobernarse de acuerdo con sus tradiciones y sistemas de organización propios, será necesario que los vecinos se hagan escuchar ante las autoridades correspondientes, por lo que su unidad será el factor principal, mismo que siempre, dijo, respaldará Antorcha.
La falta de consulta previa sobre proyectos que afectan su territorio ha llevado a situaciones en las que los recursos y el entorno se ven comprometidos, destacó el dirigente antorchista:
“Necesitamos que el gobierno nos consulte de manera efectiva y vinculante sobre cualquier iniciativa que impacte nuestras vidas. Solicitamos una participación real en los procesos de toma de decisiones para que podamos construir un futuro en el que nuestras comunidades puedan prosperar sin perder nuestras raíces culturales”.
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