Desde comienzo de la 4T, el gobierno de López Obrador ha implementado las ya trilladas “consultas populares”, que en su momento se presentaron como la llave mágica que venía a abrir las puertas a la tan ansiada democracia, que no existía en nuestro país, sino hasta el 1 de diciembre de 2018. Si la memoria no me falla, hasta ahora, se han implementado dos consultas ciudadanas, más la actual que se está llevando a cabo, que es la revocación de mandato del presidente de la república.
La primera consulta llevada en 5 estados del sureste del país, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, tenía la finalidad de ver si los ciudadanos de estas entidades estaban de acuerdo en que se construyera el Tren Maya. Según informó la subsecretaria de Gobernación para Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Diana Álvarez, la propuesta recibió un 92,3% de opiniones favorables. Esto se traduce en que, según cifras oficiales, de los 100,940 ciudadanos mayores de edad participantes, 93.142 votaron a favor del proyecto, mientras que 7,517 (7,4%) se manifestaron en contra y hubo 281 (0,3%) votos nulos. (france24.com). Además, participó sólo 2.8% del electorado de la región. Mientras que en otra nota emitida el pasado diciembre de 2019, por el diario español El País en su portal digital, el encabezado reza: “La ONU critica la parcialidad de la consulta del Tren Maya, el proyecto estrella de López Obrador”. En el escrito se señala que fue invitado como observador el Alto Comisionado de la ONU, quien apunta que la información presentada por el gobierno solo hacía referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudieran ocasionar. Bueno, lejos de estas consultas amañadas, con un claro tinte político, yo creo que una obra de tal magnitud no debería depender de una consulta popular, sino más bien de un estudio económico, ambiental y de desarrollo para el beneficio de todos y en particular de los más pobres.
La segunda consulta realizada el pasado agosto del presente año, la cual se preguntaba en la papeleta “¿Quieres que se investigue y, de conformidad con la ley, se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Sí o no. (explicada por Andrés Manuel López Obrador en una mañanera). Resultó ser un fracaso total, con la raquítica participación con menos del 8% del electorado. Pero hablando en términos financieros, ¿cuánto costó el chistecito? Según las cifras publicadas por el INE, la consulta costó alrededor de 528 millones de pesos. Y en términos de recursos humanos, se habla de que más de 9 mil instructores visitaron, reclutaron y capacitaron a más de 285 mil personas que fungirán como funcionarias y funcionarios de las mesas receptoras”. (infobae.com, agosto/21). ¿Con estos 528 millones de pesos cuántas escuelas, centro de salud, pavimentos, becas se hubieran implementado? Desde luego que se hubieran hecho obra social en vez de tirar a la basura dicho recurso.
Decía más arriba que actualmente se está llevando la tercera consulta popular, en la cual también denuncian que hay mesas para firmar donde le están pagando su apoyo a los adultos mayores, obligándolos a firmar. Nuestro país no necesita de consultas, para ello tenemos una Constitución que marca los derechos de todos los mexicanos, solo basta aplicar bien esos decretos que dejaron nuestros anteriores luchadores sociales. Nuestro país necesita que el presidente deje de hacer circo, maroma y teatro, y que sus focas aplaudidoras se pongan a trabajar en verdad para construir una mejor sociedad. El pueblo educado y organizado pronto se levantará y exigirá resultados palpables.
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