La subsecretaria del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Julie Su, en la primera semana de abril, visitó nuestro país para supervisar los avances de la reforma laboral impuesta por el gobierno norteamericana e instrumentada por el gobierno morenista en 2019. El objetivo de la inspección, dijo, fue vigilar el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores mexicanos, conocer los avances en cuanto a la libertad sindical, la contratación colectiva, el trabajo infantil, el trabajo forzoso.
Además, la funcionaria norteamericana anunció nuevas inversiones del Gobierno de su país en México, en materia laboral.
El diario El Economista, en una nota de María del Pilar Martínez, aparecida el 4 de abril, informó que “…Julie anunció nuevas inversiones del departamento estadounidense para apoyar el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores; se trata de inversiones combinadas de por 28 millones de dólares por parte del Departamento del Trabajo cuyos proyectos incluyen: una subvención cooperativa de 5 millones de dólares a Social Accountability International para fortalecer la capacidad de los productores de tomate y chile para cumplir con las leyes laborales mexicanas.
“Asimismo, un proyecto por 13 millones de dólares en asociación con la Organización Internacional del Trabajo para combatir el trabajo infantil y el trabajo forzoso a nivel federal, en todo el sur de México y en Chiapas, Quintana Roo y Yucatán […] Un otorgamiento de 10 millones de dólares para Solidarity Center (Centro de Solidaridad), una organización internacional que promociona los derechos de los trabajadores, para fomentar la democracia sindical, fortalecer la representación de los trabajadores y apoyar a las organizaciones de trabajadores”.
Después de invitar a nuestro país a “unirse a la asociación Multilateral para la Organización, el Empoderamiento de los Trabajadores y los Derechos (M-Power for sus siglas en inglés), una iniciativa multilateral para apoyar los derechos sindicales en la economía mundial”, remató su declaración afirmando que “La administración Biden-Harris apoya los derechos de los trabajadores sólidos y las prácticas laborales éticas. Las acciones de México para reformar la ley laboral del país en 2019 nos muestran que México cree en lo mismo. Juntos, podemos profundizar nuestra colaboración para fortalecer y ampliar los derechos de los trabajadores”.
Pan con navaja es lo que estamos recibiendo del Gobierno norteamericano. Detrás de ese falso discurso que dice apoyar el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, lo que los asalariados del país debemos comprender es que el Gobierno estadounidense está invirtiendo recursos económicos, materiales y humanos para avanzar en su política de control sobre la vida laboral de nuestro país, con el claro propósito de fortalecer los intereses económicos y políticos del imperio. Estamos frente al neoliberalismo y la globalización en acción, con la complacencia del gobierno morenista, haciendo añicos nuestra soberanía nacional.
Dada la dependencia económica que México tiene con Estados Unidos (más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas van directamente al mercado norteamericano y más del 50 por ciento de la inversión extranjera proviene de capital estadounidense), el Estado mexicano adopta una postura sumisa ante las exigencias del imperio. Para comprender mejor el significado de dicha dependencia, recordemos dos momentos destacados en los últimos años de nuestra relación con Estados Unidos (EE. UU.).
En junio de 2019, ante el problema del creciente flujo migratorio de la población centroamericana hacia Estados Unidos, el presidente Donald Trump amenazó al Gobierno mexicano con imponer un arancel del 5 por ciento a todas las importaciones que lleguen desde México, arancel cuyo monto aumentaría gradualmente hasta llegar al 25 por ciento, y ahí se mantendría hasta que el Gobierno de nuestro país impidiera el flujo de migrantes irregulares que llegan por la frontera sur y transitan por el territorio nacional.
El gobierno morenista dobló las manos y desde entonces la Guardia Nacional (GN), supuestamente creada para combatir la delincuencia organizada a favor de la seguridad de los mexicanos, hoy realiza funciones de contención del flujo migratorio ordenado por el Gobierno norteamericano.
En junio de 2021, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó México y se entrevistó con López Obrador. Entre otros temas, Harris anunció que su Gobierno invertiría 130 millones de dólares "en asistencia técnica y cooperación durante los próximos tres años para trabajar con México en la implementación de la legislación laboral y para financiar programas que apoyarán a los trabajadores, mejorarán las condiciones laborales y abordarán el trabajo infantil y forzado".
Después de afirmar que “el presidente López Obrador promulgó una legislación histórica de reforma laboral el 1 de mayo de 2019", Harris anunció que la Cooperación Internacional de Financiamiento para el Desarrollo de Estados Unidos emitirá un préstamo para respaldar hipotecas y viviendas asequibles, del cual 40 y 50 por ciento de las viviendas nuevas se construirán en el sur de México.
Asimismo, la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos y el Departamento de Comercio organizarán misiones comerciales para apoyar el desarrollo de infraestructura de México.
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