El desarrollo del propio sistema neoliberal en México, su afianzamiento, así como los altos grados de marginación y pobreza, consecuencia de este modelo económico, es causa de la cruzada emprendida en contra de los derechos conquistados por los trabajadores, tanto en el ámbito laboral y económico, como en el social y político. Si echamos una mirada en retrospectiva, veremos cómo en los inicios del modo de producción capitalista, su mismo desarrollo contribuía y favorecía en buena medida la lucha de los trabajadores porque “en la medida en que se extendía y abarcaba más y más ramas de la producción, convirtiéndose de ese modo en el sistema dominante, crecía también su necesidad y su demanda de trabajadores”. Y precisamente esa necesidad de fuerza de trabajo y de no perder la mano de obra que ya había adquirido cierta experiencia o se había convertido en calificada (no olvidemos que la clase obrera mexicana es una de las más jóvenes del mundo, pues el nacimiento del capitalismo en México fue tardío en relación a los países europeos y a Estados Unidos y Canadá) obligaba a los patrones y al propio gobierno a dialogar con los trabajadores y a resolver, aunque sea en parte, sus demandas. Ahora, como lo muestra la realidad, las cosas se presentan exactamente a la inversa: mucho han porfiado los capitalistas para que desaparezcan el derecho de huelga, el contrato colectivo, para eliminar el salario por jornadas de trabajo y sustituirlo por horas y así quitarle al obrero su derecho de antigüedad, sus prestaciones como el pago de horas extras, de vacaciones, aguinaldo, etc.
Asimismo, en el ámbito político, se intenta un día sí y otro también conculcar los derechos de los mexicanos o convertirlos, al menos, en una caricatura o llevarlos al plano de la simulación; por ejemplo, la ciudadanía tiene derecho a elegir a las autoridades, pero en la realidad solamente le presentan tres o cuatro opciones “viables”, que antes, a su vez, fueron elegidas por los dueños de los respectivos partidos que entrarán al juego electoral; pero, además, aprovechando la vulnerabilidad de las personas y su gran necesidad económica, se ha vuelto una práctica de lo más común la compra del voto, de consciencias; es decir, el derecho a elegir a nuestras autoridades es una farsa en la mayoría de los casos, pues se impone o bien el Estado o el candidato que tenga más dinero.
Si nos referimos a los derechos constitucionales y sociales, las cosas no andan mejor: nuestra Carta Magna dice que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud, a la educación, a una alimentación sana y nutritiva, a una vivienda digna y a todos los servicios básicos; para millones de mexicanos estos derechos solo están en el papel, son letra muerta. Igualmente pasa con el derecho de petición, de libertad de expresión y de manifestación. El derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entraña la manifestación de las ideas: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.
El otro de los derechos humanos, el derecho de reunión previsto en el artículo 9o. constitucional, consigna: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito... No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad”. Es decir, todos tenemos derecho a expresar en público nuestras ideas y, su manifestación, con un reclamo o protesta es una forma en que se concreta la “libertad de expresión”. Por lo tanto, el derecho a manifestarnos públicamente y reclamar cualquier acto de autoridad debería respetarse por cualquier funcionario público, independientemente de su rango.
Sin embargo, en el correr de este “civilizado” y “democrático” siglo XXI, es mayor el número de intentos por coartar dichos derechos: se impide el libre tránsito bloqueando las vías de comunicación con las fuerzas del orden para frustrar a los manifestantes llegar a su lugar de reunión, se les encapsula con el mismo propósito; en muchos casos se acusa a los dirigentes del grupo inconforme de “motín” y se les encarcela o se instruyen carpetas de investigación con delitos inventados; se usa a la policía para reprimir a los manifestantes usando para ello gases lacrimógenos, el tolete y muchas veces las balas; ejemplos, muchos. Con el objeto de evitar cualquier manifestación pública ante las puertas de los palacios de gobierno se ha llegado a “legalizar” la prohibición de manifestaciones en algunos estados de la República, caso Tabasco, con su “Ley Garrote” y la abrogada “Ley Bala”, en Puebla. Los señores del poder se ofenden ante la presión que ejerce la manifestación pública e instrumentan toda una campaña de calumnias en los medios de comunicación, muchas veces hasta más costosa que dar solución a las necesidades de los demandantes; se les acusa de “chantajistas”, de “querer imponer su voluntad” al poder omnímodo del Estado; se les llama a ser “conscientes”, pues la manifestación callejera “afecta” a terceros y prácticamente se convoca a su linchamiento mediático. Todo esto con tal de no atender las demandas sociales, de no resolver ni lo más elemental de los peticionarios a pesar de que el erario está compuesto por los impuestos de todos los mexicanos y que la riqueza social es producida por esos brazos que se levantan demandando justicia social; no resuelven, pero se incomodan ante la protesta social, quieren un pueblo con hambre, pero sumiso, de rodillas.
Los mexicanos no debemos, no podemos renunciar a las conquistas laborales, sociales y políticas, logradas muchas de ellas con sudor y sangre del pueblo mexicano; debemos instar porque se respeten, pero sobre todo tener claro que la esencia del problema sigue estando en la base económica de nuestra sociedad; tener presente que las clases sociales y su lucha son una realidad y que la conquista de una vida digna, de un país justo y hacer respetar las leyes y nuestros derechos solo se logrará con un pueblo organizado y educado políticamente.
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