La reciente extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la transferencia de sus funciones al Inegi han reavivado el debate sobre cómo medimos la pobreza en México.
Más allá de las instituciones y los tecnicismos, lo que realmente importa es lo que esas cifras representan en la vida cotidiana de miles de familias.
La carencia de servicios básicos en Durango no es producto de la casualidad o de la falta de capacidad de las familias, sino la consecuencia de décadas de abandono gubernamental en las zonas más marginadas y de un modelo económico que concentra la riqueza.
Cuando los especialistas hablan de "carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda", no están describiendo un simple indicador estadístico, sino una realidad que significa que miles de hogares en nuestro país no cuentan con agua potable, drenaje, energía eléctrica o combustibles adecuados para cocinar. Es decir, carecen de las condiciones mínimas para vivir con dignidad.
En Durango, los datos oficiales recientes ofrecen un panorama que, aunque muestra avances, invita a la reflexión y a la cautela.
Según el Inegi, la pobreza multidimensional en el estado pasó del 30.4 % en 2022 al 27.1 % en 2024, lo que significa que alrededor de 59 mil 500 personas salieron de esta condición. De igual forma, la pobreza extrema se redujo del 6.3 % al 4.3 % en el mismo periodo.
En un estado con una población que supera el millón 800 mil habitantes, estos números representan un logro que no debe menospreciarse, y ubican a Durango por debajo de la media nacional en pobreza extrema.
Sin embargo, estas estadísticas, por sí solas, no modifican la realidad y deben ser analizadas con cautela. Basta recorrer las comunidades rurales y las colonias populares de la entidad para constatar que persisten enormes rezagos.
La mejoría estadística no siempre se refleja en las condiciones materiales que vive la población, y la diferencia entre las zonas urbanas y rurales sigue siendo un abismo.
El hecho de que casi la mitad de la población (46.9 %) viva con ingresos de apenas cinco mil 350 pesos mensuales explica por qué para una gran parte de los duranguenses, el acceso a servicios básicos sigue siendo un lujo. ¿Cómo se puede pagar una conexión de drenaje o mejorar una vivienda cuando el ingreso no alcanza ni siquiera para la canasta básica?
La carencia de servicios básicos en Durango no es producto de la casualidad o de la falta de capacidad de las familias, sino la consecuencia de décadas de abandono gubernamental en las zonas más marginadas y de un modelo económico que concentra la riqueza.
La disminución de recursos para obras de infraestructura social en numerosos municipios agrava la situación. La inversión en infraestructura social no es una dádiva, es una obligación constitucional del Estado; los recursos públicos, que provienen de los impuestos de todos, deben destinarse prioritariamente a resolver las necesidades colectivas.
Los ejemplos de abandono son palpables, no se necesita ir muy lejos para encontrar casos como los documentados en otras entidades, pero que resuenan con la problemática duranguense.
Comunidades enteras esperan años por la construcción de un sistema de drenaje sanitario, por la introducción de la red de energía eléctrica o por un servicio de agua potable que no falle constantemente.
No son anécdotas aisladas, son el reflejo de una política que ha privilegiado otros proyectos en lugar de atender los problemas cotidianos de la población más pobre.
Los duranguenses no necesitan discursos triunfalistas ni estadísticas alentadoras que suavicen la crudeza de su vida diaria: necesitan agua potable, drenaje, electricidad, una vivienda digna y obras que mejoren realmente su calidad de vida. Esa sigue siendo una tarea pendiente.
El reto no es sólo mantener la tendencia a la baja de la pobreza, sino lograr que los beneficios lleguen a todos los rincones de la entidad. Para ello, se requiere un gobierno verdaderamente comprometido con los intereses de las mayorías, que impulse una política fiscal progresiva donde aporten más quienes concentran la mayor riqueza y destine esos recursos a la construcción de obras públicas para las comunidades marginadas; mientras eso no suceda, la lucha del pueblo por una vida digna seguirá siendo una demanda legítima.
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