Hace unos días, un centenar de pobladores de algunas comunidades de Xochitlán de Vicente Suárez bloquearon la carretera Interserrana de Puebla a la altura del entronque con la comunidad de Huahuaxtla. En dicha acción, participaron vecinos de municipios cercanos y fue en protesta por la inseguridad que se vive en la zona y presuntamente en la noche anterior a la toma de la vialidad se había retenido a un sospechoso de pertenecer a una banda de asaltantes que asolan la región.
Los presentes exigieron la presencia del delegado de gobernación estatal con personal de seguridad pública estatal, representantes de la Fiscalía General del Estado, el presidente municipal con su regidor y su director de seguridad pública municipal para que se asegurara que el retenido fuera procesado, que se comprometieran las autoridades a brindar seguridad en la zona, que se “abrieran” carpetas de investigación en contra de los presuntos delincuentes, a quienes acusaban estar coludidos con el presidente municipal de Nauzontla. Si bien había personas que aparentemente buscaban otros fines, al final, la mayoría acordó tales peticiones. Obviamente, algunas exigencias estaban fuera de lugar (la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento), por ejemplo, el que se procesara al retenido sin la existencia de una denuncia, exigir que se “abrieran” carpetas de investigación sin la necesaria presentación de la denuncia correspondiente, que el presidente entregara a la comunidad al retenido, entre otras cuestiones.
¿Cómo respondieron las autoridades?, primero llegó el delegado de gobernación, más tarde el presidente municipal y su regidor y, finalmente ya por la noche, el personal de la Fiscalía General del Estado. El delegado de la Dirección de Gobernación mantuvo siempre una actitud evasiva delegando toda responsabilidad en el presidente municipal; el acalde, a mi parecer, fue más racional, respaldó la demanda de seguridad para la región y sólo pidió que la autoridad estatal colaborara con lo relativo a sus responsabilidades y, finalmente, la Fiscalía llegó muy tarde y sólo apelando a la cuestión legal para deslindarse del asunto, endilgando también la responsabilidad al Ayuntamiento. Y lo peor es que esta situación es una constante en toda la Sierra Nororiental de Puebla: el gobierno estatal y los diversos organismos a su cargo parecen haber abdicado de sus responsabilidades y endosan los problemas a los Ayuntamientos para que ellos las resuelvan, pero no les brindan las posibilidades para ello.
Desde la llegada del gobierno de la “Cuarta Transformación” al poder federal en 2018 constantemente se recortan recursos a los municipios. Se eliminó el Ramo 23 con la que los ayuntamientos podían gestionar directamente obras con aportación directa de la federación, acabaron con los fondos y fideicomisos que apoyaban a la gente (como el FONDEN), se cancelaron programas de comedores populares, de subsidios para la producción (PIMAF y otros), se limitaron programas de vivienda de autoconstrucción (al menos, para la mayoría de la población).
En Puebla, los recortes se agudizan cada vez: “De acuerdo con la propuesta de Paquete Económico, los fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios se reducirán 4.4 por ciento… En el caso de las participaciones federales se estima una caída de 5.7 por ciento para el año entrante…” (El Sol de Puebla, 28 de septiembre de 2020); elpopular.mx del 15 de julio de 2020, consigna que el gobernador Barbosa reconoció un recorte del 17% para los municipios y luego, “En los tres primeros meses de 2021, Puebla recibió 10 mil 224.2 millones de pesos del orden federal, es decir 279 millones menos respecto a los 10 mil 503.2 millones de un año antes… Lo anterior, de acuerdo con el reporte mensual de Finanzas Públicas “Participaciones pagadas a entidades y municipios 2021”, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y presentado ante el Congreso de la Unión… El recorte a Puebla representa 2.7 por ciento, lo cual se debe por la pandemia del Covid-19 y que ya se había estimado por el gobierno estatal, debido a que la recaudación federal será menos que la de otros años.” (angulo7.com.mx, 22 de abril de 2021).
Y en el reverso de la moneda: “El gobierno federal destinó un presupuesto económico de 62,942 millones de pesos para el Tren Maya en 2022, esto representa un incremento de 73.45% en comparación con 2021 para uno de los proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador” (forbes.com.mx, 8 de septiembre de 2021); “La construcción del Tren Maya sobrepasó al presupuesto originalmente planteado a pesar de las modificaciones que se han hecho a su ruta para reducir costos y tiempo… Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dijo en su comparecencia frente al Senado que la inversión creció casi 60,000 millones de pesos, de 140,000 a 200,000 millones de pesos” (obras.expansion.mx, 27 de octubre de 2021); “Para continuar con la construcción del Aeropuerto Internacional en Santa Lucía el Gobierno federal destinaría 21 mil 315 millones de pesos, un aumento del 296.7 por ciento con respecto a lo presupuestado el año anterior” (elfinanciero.com.mx, 8 de septiembre de 2020); “En plena pandemia por Covid-19 y con el lema de austeridad, el gobierno federal gastó 128% más de lo que se tenía presupuesto para el Aeropuerto de Santa Lucía en 2020…” (forbes.com.mx, 10 de febrero de 2021); “La nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco, tendrá un costo superior de 11% a lo estimado originalmente. Ahora requerirá una inversión de 8 mil 900 millones de dólares…” (animalpolitico.com, 15 de octubre de 2020); “Se espera que el proyecto de mega refinería de México, Dos Bocas, cueste un 40 por ciento más de lo estimado previamente y es poco probable que se complete antes de la fecha límite del gobierno de 2022, lo que arroja serias dudas sobre si el país podrá cumplir pronto su objetivo de producir toda su propia gasolina.” (Bloomberg, 21 de enero de 2022).
Así pues, se castiga a los municipios para que el gobierno federal dilapide recursos en obras faraónicas insignia del presidente López Obrador y para que pueda derrochar dinero efectivo en limosna oficial para los bachilleres, adultos mayores y “ninis”, para así comprar conciencias, pero como lo dijo el analista colombiano Octavio Quintero recientemente acerca de programas parecidos en su país: “Pero, no es por el camino de los subsidios condicionados (limosnas) como se resuelve tan dramático flagelo social. Viviendo de limosna nadie sale de pobre…”.
No hay que confundirse, en este caso, no son los gobiernos municipales los que no quieren resolver, es el poder federal y estatal que los maniata para que “el pueblo” vea que quien resuelve es el gobierno federal y/o estatal. Mientras a los pobres nos hacen pelear por la falta de recursos para la seguridad y el combate a la pobreza, el gobierno federal compra conciencias con nuestros propios impuestos para condicionarnos políticamente. Ojalá que eso quede claro para reencauzar nuestras demandas ante quien corresponda.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario