El Artículo 4° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de toda familia a disponer de una vivienda digna y decorosa. El Estado tiene la obligación de generar los mecanismos para que todos los ciudadanos tengan acceso a este derecho constitucional. Sin embargo, ni en este ordenamiento ni en la Ley de Vivienda nacional o estatal especifican las características que deben tener las viviendas, los ciudadanos, el contexto o situación económica de los interesados, muchos menos los procesos a seguir para su adquisición. Es una generalidad y esto genera lagunas y maniobras en el gobierno federal y estatal para disponer los recursos e infraestructura suficiente para atacar el rezago de vivienda.
De acuerdo con a los informes del Coneval, en México hacen falta 14 millones de viviendas. Y urge atender a 9.2 millones de hogares en rezago, lo que significa las viviendas están hechas con muros y techos precarios, que no cuentan con excusado y que sus residentes habitan en hacinamiento. El Coneval reporta 2.6 habitantes por cuarto, lo que significa que hay dos o tres familias en una sola vivienda. Si a esto agregamos que en nuestro país el 75 por ciento del uso de suelo corresponde al uso de la vivienda; de aquí se deriva su importancia económica y social que indica el grado de desarrollo o rezago en los diversos servicios. Asimismo, conlleva a entender lo que significa en el patrimonio de las familias, ya que muchos lo consideran como parte de sus ahorros o inversión para preservar sus pocos recursos.
El problema de la vivienda en nuestro país tiene un fondo económico y político. Ya que 3 millones de personas en edad de trabajar no reciben ningún ingreso y 45 millones tienen de 1 a 4 salarios mínimos. Y sólo 1.5 millones de personas tienen un ingreso de 5 salarios mínimos, lo cual les permite tener acceso a algún financiamiento para adquirir una vivienda de interés social; pero la inmensa mayoría no tiene acceso a este derecho porque no cuenta con los medios para sufragar un modo de vida más digno, pero al mismo tiempo el gobierno no genera las políticas y mecanismos para beneficiar a la gran mayoría de la población que está padeciendo este problema y queda en letra muerta el artículo cuarto de la Carta Magna.
Por otra parte, aquellas familias que optan por pagar una renta sufren un verdadero martirio, ya que el Inegi y el Coneval reportan que las familias destinan mensualmente del 34 al 62 por ciento de sus ingresos al pago de renta. Este problema tiene un fuerte impacto en la alimentación, educación, salud y bienestar de las familias. Y al mismo tiempo, es una salida temporal porque invierten su capital sin consolidar un patrimonio para la familia y sus descendientes. Esta es la tragedia que vive el pueblo mexicano ante los embates económicos y políticos de nuestro país.
Por ello, el Movimiento Antorchista Nacional estudió a fondo el problema de la vivienda, teniendo en cuenta el problema económico, político y las trabas burocráticas. De tal manera que realizó todo un programa para gestionar terrenos de beneficio social y unidades habitacionales para que las familias resolvieran sus problemas de raíz, quitando el grillete de las rentas y el hacinamiento. De tal manera que, a 45 años de lucha, se han tenido grandes logros haciendo valer el artículo cuarto constitucional. Y ha sido a través de la exigencia contra los gobiernos y el respeto de los derechos constitucionales que se ha logrado beneficiar a miles de familias antorchistas y no antorchistas a lo largo y ancho de todo el país.
Esta remembranza nos permite entender que Antorcha siempre ha luchado por resolver el problema de raíz contra los gobiernos de todas las corrientes políticas que se oponen al derecho de sus gobernados. Y un ejemplo claro lo vemos en Veracruz. Donde se han formado decenas de colonias en el campo y la ciudad. Todo ha sido posible gracias a la dirección de sus dirigentes y al apoyo decidido de sus agremiados los que han permitido avanzar en contra corriente hasta resolver el problema. Sin embargo, a la llegada de Morena al poder y la instrumentación de su política de austeridad y su frenesí por la corrupción se han derrumbado los sueños de miles de familias por adquirir un terreno para construir su hogar.
Esto viven los veracruzanos, pues a la llegada de Cuitláhuac García al poder no se ha resuelto ningún problema de regularización de las reservas territoriales y predios que se adquirieron por parte de los gobiernos pasados en los diferentes municipios en las diferentes instituciones como son la Dirección de Patrimonio del Estado e INVIVIENDA.
Pues hay familias que ya pagaron al gobierno y no ha recibido sus escrituras; esta situación que están viviendo las familias es angustiante porque el gobierno no quiere dar certeza jurídica a quienes ya tienen en posesión un predio por más de 10 años, han construido una casa, algunos cuentan ya con servicios básicos. Pero en otros, se ha impedido la introducción de servicios elementales como el agua, luz, drenaje, escuelas y pavimentación de caminos, so pretexto de la falta de documentos legales que acrediten dicha propiedad. Esto arguyen los gobiernos municipal, estatal y federal para no atender las demandas más urgentes de los ciudadanos y se convierte en una verdadera aberración del gobierno porque él se ha negado a legalizar los predios y también a introducir los servicios.
En el caso de las colonias antorchistas, se adquirieron varios terrenos por parte de los gobiernos pasados. Se hicieron convenios con los beneficiarios y los dueños de los predios, pero Cuitláhuac García se ha negado tozudamente a pagarlos y los dueños exigen un cobro mayor al pactado; situación que afecta a los colonos porque va en detrimento de su economía. Por lo que se exige que se respeten los precios pactados en los convenios, porque la culpa es del gobernador que dejó de pagar, no de los colonos que han aportado ya la parte correspondiente. Esto solo deja entrever la política represiva que está instrumentando Cuitláhuac García contra las colonias antorchistas.
Por lo que urgen medidas de solución para los veracruzanos y se haga valer el artículo cuarto de nuestra constitución; asimismo, un cambio de actitud del gobierno que con el afán de atacar a los dirigentes de las organizaciones está afectando a miles de trabajadores que necesitan sus escrituras para asegurar su patrimonio. Este llamado al gobierno es de exigencia para que Patrimonio del Estado e INVIVIENDA dejen de poner trabas para regularizar los predios que fueron adquiridos por otros gobiernos. Y se deje de usar la austeridad y la corrupción como bandera para atacar a los que no piensan como ellos. Pues no están pidiendo un favor. Están exigiendo que se cumpla el estado de derecho y lo cumplan quienes tienen la obligación de resguardar la constitución en Veracruz.
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