Las desapariciones forzadas han sido un instrumento ampliamente utilizado en todo el mundo, tanto por dictaduras militares como por gobiernos que reprimen de esta forma a sus opositores políticos para sembrar el terror en ello e inseguridad, no solo en la familia del secuestrado, sino también en la sociedad en su conjunto.
El flagelo de la desaparición forzada ha marcado también a nuestra patria; durante la década de los 70 y principios de los 80, se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes del Estado: en la llamada guerra sucia se perpetraron al menos 600 desapariciones forzadas en Guerrero; se dice que el gobierno ejerció represión contra las bases de apoyo de la guerrilla y la población civil en general (México en los 70: ¿guerra sucia o terrorismo de Estado?).
Pero no solo los gobiernos dictatoriales realizan las desapariciones; ahora, con el aumento de la pobreza, el desempleo y la crisis económica, la violencia se ha desatado y han surgido grupos delincuenciales que se dedican al secuestro y que, a pesar de recibir rescates, las personas sustraíds de sus hogares no aparecen o, después de mucho tiempo, aparecen asesinadas y aventadas en fosas clandestinas.
En junio del año 2013,fue creada La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD) por el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, que entre sus facultades, establece las obligaciones del Ministerio Público en materia de búsqueda e investigación de personas desaparecidas, persecución de delitos e investigación forense.
Además, se creó el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o desaparecidas (RNPED), que vio la luz en agosta de 2014. Esa institución integra los datos de personas no localizadas, los cuales obtiene a partir de las denuncias presentadas por los familiares.
El 9 de octubre de 2015, la entonces procuradora General de la República, Arely Gómez, crea la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con las mismas facultades con las que ya contaba la UEBPD, aunque se transfirieron los recursos materiales, financieros, humanos e informativos, solo se trató de un cambio de nombre porque la fiscalía cuenta con recursos inferiores a los que tenía la UEBPD. Mientras las desapariciones de personas aumentan y se agravan.
Por eso, a lo largo y ancho del país se han formado colectivos de la sociedad civil que tienen como fin encontrar a víctimas de la desaparición, como por ejemplo: Sabuesos Guerreras en Sinaloa, Madres buscadoras de Sonora, Jóvenes buscadores de Jalisco, Colectivos siempre vivos Chilapa (Estado de Guerrero), Buscando desaparecidos México A.C., etc. por mencionamos algunas.
Los tres estados con mayor desaparecidos en 2022 son: Jalisco el de mayor incidencia con 15 mil 038 personas desaparecidas, le siguen Tamaulipas con 12 mil 467 y el Estado de México 11 mil 868. (Infobae).
La alerta Odisea publicó las desaparecidas durante ese mes de enero: Ecatepec, Abril América Durán Balanzar; en Chimalhuacán, Alexa Balderas Melchor; en Tultitlan, Alexandra Guadalupe Cervera Monroy; en Texcoco, Alison Eunice Ordiano Rodríguez; Andrea Itzel Martínez Castellano y Mitzi Xenia Santiago Tolentino entre otras.
Las familias invierten recursos y tiempo en la búsqueda; pierden sus empleos y patrimonios con la esperanza de hallar a sus hijos e hijas, supliendo la función de la Fiscalía que actúa muy lentamente a pesar de contar con los recursos materiales y tecnología necesarios
Como se ve, en el Estado de México también está presente la estrategia fallida de seguridad del gobierno de la 4T: a los familiares de desaparecidos, con todo el dolor y angustia que les provoca el no saber de su familiar, no les queda más que seguir exigiendo a la autoridad correspondiente, organizarse con los colectivos civiles de búsqueda o esperar que aparezcan en fosas clandestinas, como las encontradas en una bodega que era utilizada como salón de fiesta, en el municipio de Tenango del Valle, o en los paraje de Río Hondito y la cañada en los límites de Ocoyoacac y el municipio de Lerma. Estos son los resultados de la política de “abrazos, no balazos” que ha desatado la violencia y desapariciones.
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