La carencia de infraestructura básica o falta de mantenimiento es evidente en todas partes, en los municipios urbanos y rurales de Sonora, basta con salir a la periferia de las grandes ciudades para ver en las colonias populares o visitar alguna comunidad rural para darse cuenta de calles polvosas carentes de pavimento, espacios de convivencia pública descuidados, faltantes de alumbrado público, insuficientes espacios deportivos y culturales. Solo necesitamos ingresar a un hogar para darnos cuenta que se carece de servicio de drenaje o le falta mantenimiento, no hay agua potable o llega de vez en cuando de mala calidad y la red eléctrica es provisional, entre otras. Este es un problema nacional, en todo el país, donde quiera que nos paremos veremos la falta de obra pública. En particular en Sonora, las estadísticas del CONEVAL 2020, revelan una cruda realidad que viven cientos de miles de ciudadanos; la población vulnerable con carencias sociales es de 771 mil 300 personas,; 885 mil sonorenses padecen pobreza; 299 mil 200 humildes que no tienen acceso a los servicios básicos en sus hogares; sufren problemas de vivienda 253 mil 500 compatriotas; para 661 mil humildes su alimentación no es nutritiva ni de calidad; sin acceso a la seguridad social hay 1 millón 6 mil 100 sonorenses y no cuentan con servicios de salud 593 mil 600 ciudadanos. Este profundo rezago exige que la Federación dote a los gobiernos estatales y municipales con recursos financieros para combatir con determinación y eficacia, con la finalidad de erradicar este problema de raíz. Pero no es así, en los últimos tres años este problema se ha agudizado.
En estas últimas semanas, como resultado de la gestoría hemos comprobado la crítica situación financiera por la que atraviesan los estados y municipios; en general, todas las dependencias encargadas de proyectar y ejecutar obra social y servicios básicos se encuentran sin recursos financieros para el año 2022, resultado de la baja recaudación, alto endeudamiento e insuficientes recursos federales, esto objetivamente impide, limita, imposibilita atender y resolver el rezago histórico de infraestructura en que durante décadas han estado sumergidas las comunidades y colonias. Quizás muchos gobernados con falta de juicio sostienen que ya se acabó la corrupción, celebran que la Federación no incremente recursos financieros ordinarios y niegue asignar recursos extraordinarios a los estados y municipios, aun sea para atender temas emergentes, como pavimentación y bacheo; no se han dado cuenta que esta política está dejando sin dinero a las dependencias encargadas de construir obra pública, como parques recreativos, pavimentos, asfaltados, aguas potables, drenajes, electrificaciones, bacheos, etc. Lo afirmamos con conocimiento de causa, todas las oficinas gubernamentales expresan sin tapujos que están sin recursos para hacer obra en el año 2022, se encuentra imposibilitados para atender las solicitudes de la ciudadanía, hay un claro empobrecimiento financiero que los incapacita para realizar la función para la cual fueron creados. Así de crítica están las finanzas públicas, espero que esto solo pase en Sonora.
Por eso es inaceptable y muy criticable la postura oportunista, agachona y servil, de la mayoría de los diputados federales de los diversos partidos políticos elegidos democráticamente, que hayan aprobado sin cambiar un punto o una coma el plan de ingresos del PEF 2022, aún sabiendo que estaban dejando sin infraestructura básica a todas las comunidades donde hicieron campaña durante la contienda electoral reciente, obligados por sus intereses personales tuvieron que recorrer la mayoría de la comunidades que conforman su distrito, donde se dieron cuenta que las peticiones de la ciudadanía en todas las comunidades fueron de servicios básicos y obra pública diversa, muchos de ellos hicieron compromisos ante sus electores que defenderían los derechos, pues ahora han actuado cobardemente, agachando la cabeza, levantando la mano sumisamente para quedar bien con los de arriba, aprobando el PEF 2022, aun sabiendo que dejaba sin obra pública a los más marginados que votaron por ellos. Esta traición de los diputados federales a los más de 100 millones de mexicanos con tal de quedar bien con el poder central, lo debemos de saber todos y no olvidar jamás.
La decisión del presidente de la república, aprobada y respaldada por la mayoría de los diputados en el Congreso de la Unión, para asignar montos financieros estratosféricos a las obras de relumbrón como el corredor interoceánico, refinaría Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles e incrementar mayores recursos a los programas asistenciales y becas escolares, con fines políticos y, por otra parte, no asignar recursos para obra pública para las colonias y comunidades marginadas es inaceptable, es violentar las garantías individuales. Por eso, los ciudadanos observadores, críticos y defensores de la verdad, que estamos en contacto todos los días con los sectores sociales marginados, no podemos dejar de denunciar que, a pesar de ser de las 20 principales economías del mundo, seguimos siendo de los países más desiguales, el rezago en infraestructura es una muestra irrefutable de ello. No podemos los casi 100 millones de mexicanos, que estamos atrapados en el rezago y padecemos la carencia de infraestructura, seguir aplaudiendo una política gubernamental donde en los hechos se excluyen a los humildes. Con actitud valiente, los que vivimos en zonas conurbadas, a diario padecemos carencias en carne propia, exigimos, denunciamos y protestamos enérgicamente ante esta política antipopular, aunque muchos digan lo contrario. Los antorchistas no cederemos en nuestra lucha justa y necesaria por conseguir obra social que haga menos difícil la vida de los humildes. Tarea difícil pero no imposible.
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