Contrariamente a los puntos que Andrés Manuel López Obrador prometió en 2018 durante su campaña y en su toma de posesión como presidente de la república para combatir la inseguridad y la violencia de aquel entonces en el país, que consistieron, entre otros, en crear una Guardia Nacional, integrada por 50 mil elementos de las policías militar, naval y federal, dividir el territorio en 266 regiones, y la aplicación de planes de seguridad para combatir la corrupción por ser esta una de las causas principales de la inseguridad, no sirvieron de nada.
La inseguridad, la violencia, el narcotráfico y las matanzas se han multiplicado como nunca, con funestas consecuencias para la población, peores que en los países en guerra, mientras el Gobierno de la 4T a todas luces tolera y negocia con el crimen organizado, con su tontería de política de “abrazos, no balazos”, de “acusar a los delincuentes con sus mamacitas”, y de “no combatir la violencia con más violencia”, sino atacando las causas que la originan, con sus tarjetitas Bienestar.
El Gobierno de la 4T a todas luces tolera y negocia con el crimen organizado, con su tontería de política de “abrazos, no balazos” o de “acusar a los delincuentes con sus mamacitas”.
El desgobierno ha llegado a tal grado que de acuerdo con una reciente revelación del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), presentada el miércoles 21 de febrero, México es el país con mayor número de ciudades violentas en el mundo, destacando siete de ellas entre las primeras diez, ubicando en primer lugar, por séptimo año consecutivo la ciudad de Colima, en segundo lugar, Ciudad Obregón, Sonora, y después de Puerto Príncipe, Haití, que ocupa el tercer lugar.
El Top 10 lo completan: Zamora, Michoacán, Manzanillo, Colima, Tijuana, Baja California, Zacatecas, Zacatecas, Ciudad Juárez, Chihuahua, Guayaquil, Ecuador y Mandela Bay, en Sudafrica. Y aunque ya no entre las primeras diez, el informe también ubica a Celaya, Guanajuato, y Cuernavaca, Morelos, en los lugares 12 y 13.
Guerrero no aparece en el informe en cuestión, pero como sabemos a través de los medios de comunicación, padece muertes violentas debido a la competencia entre cuatros grupos con presencia regional y nacional para controlar el narcotráfico en esa entidad a través de por lo menos doce células locales. Esta situación cuenta con la participación de funcionarios públicos, de forma cada vez más descarada, como es el caso de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Odilia Medina, el silencio de la gobernadora, Avelyn Salgado y la inacción del gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador.
Ante esta situación, sin ninguna responsabilidad legal, el presbítero, Mario Ángel Flores Ramos, director del Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y ex-rector de la Universidad Pontificia de México, señaló que la Iglesia católica no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de la comunidad, y que los párrocos, como parte activa de la sociedad, “están en contacto directo con las realidades que enfrenta la población, lo que motiva a la Iglesia a procurar la superación de conflictos y actuar como mediadora en situaciones de crisis”.
Esta es la razón por la que cuatro obispos de Guerrero, Leopoldo González, de Acapulco; Joel Ocampo, de la región de Tierra Caliente; Dagoberto Sosa, de Tlapa de Comonfort y José de Jesús González, de Chilpancingo, se reunieron con líderes criminales para buscar la paz, el orden y combatir la impunidad en la entidad, ante la falta efectiva de las autoridades, para que lleguen a acuerdos entre ellos y evitar que el problema sea mayor.
Mientras tanto, López Obrador, con toda desfachatez, en lugar de ponerse a trabajar y cumplirle a los mexicanos en el combate a la corrupción y castigando a los funcionarios morenistas coludidos con el crimen organizado, vio esta iniciativa muy bien “porque las iglesias deben ayudar en la pacificación del país”, negociando directamente con los narcotraficantes, dijo.
“Siempre, los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país”. Y entonces ¿para qué sirve el presidente?, ¿dónde quedó el papel del Estado, en Guerrero?
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