“Donde hay educación no hay distinción de clases”, decía Confucio, pensador chino, sin embargo, vemos distinciones en la educación toda vez que hay división de clases. A una sociedad, como la mexicana, que sufre una profunda inequidad le es inherente una educación desigual dados los intereses antagónicos que yacen dentro de ella, ya que las condiciones y la educación que reciben los extractos sociales más ricos de la sociedad no tienen nada de común con la que reciben los extractos más pobres y marginados. Parafraseando a Aníbal Ponce: para los poderosos, riqueza y saber, para los pobres, trabajo, sumisión e ignorancia.

La desigualdad educativa no sólo está condicionada por los que tienen el poder económico, se ejerce, también, por los que ostentan el poder político, dado que procuran los mismos intereses de clase. La clase política retrograda ve en la educación un gran peligro para el status quo prevaleciente, la consideran un elemento sumamente subversivo en manos del pueblo, por ello, el Sistema Educativo oficial no hace más que una simulación cuando se trata de procurar una buena cobertura y calidad educativa para los hijos de las masas trabajadoras. Sobre el analfabetismo y la ignorancia del pueblo se perpetuán los más brutales y vergonzosos gobiernos dictatoriales con falacias democráticas, libertarias y populares.

Y esto no es retórica: López Obrador, titular del Ejecutivo federal, atribuyó la derrota que sufrió en las alcaldías de la Ciudad de México, entre otras razones, a que en la CDMX se puede leer The Economist, y días después, crítico a la población con licenciatura, maestría o doctorado, al considerarlos difíciles de convencer y mostrarse críticos a su gobierno, actitud que dista mucho de los que reciben apoyos monetarios, fáciles de convencer.  Es evidente que el gobierno de la 4T prefiere tratar con un pueblo ignorante, empobrecido, dependiente de la mano dadivosa del señor presidente, porque en esas condiciones puede garantizar la permanencia de su partido en el poder. La facultad de leer, la educación superior, la crítica objetiva, son un riesgo que rápidamente condena ante la opinión pública bajo acusaciones de ser egoístas, aspiracionistas, neoliberales y conservadores.

Los apoyos gubernamentales tampoco son iguales: mientras que la hija de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno en la CDMX, recibió en 2019 y 2020 un millón 12 mil 436 pesos como becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), un beneficiario de las Becas Benito Juárez recibió en el mismo periodo 16 mil pesos; es decir, mientras que la hija de la jefa de gobierno de la CDMX recibía 50 mil 621 pesos por mes para realizar sus estudios en el extranjero, un estudiante con Beca Benito Juárez recibe 800 pesos mensuales para sortear las carencias económicas que sufre la familia y todas las limitaciones que pueda enfrentar en su escuela. Destaca también como becaria del Conacyt la hermana de la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Mora, cuyo apoyo es aproximado a 230 mil pesos, entre 2020 y 2021. Debe quedar claro que no está en tela de juicio la legitimidad en el otorgamiento de los apoyos del Conacyt a sus beneficiarios, pese al señalamiento de corrupción que hace AMLO al Consejo, seguramente los méritos académicos han de estar planamente justificados, lo que se señala es el trato privilegiado entre la parentela de la clase política.

Más allá de las Becas Benito Juárez, con la que por cierto no cuentan todos los estudiantes, no hay mayor apoyo para enfrentar los problemas educativos que se derivaron por la pandemia. El rezago por las deficiencias que presentó la educación a distancia, la brecha digital y la falta de aparatos para la conexión virtual; la deserción escolar de miles de estudiantes en todos los niveles y el número de contagios entre niños y jóvenes, no han merecido mayor atención del Gobierno federal. La crisis educativa no es un problema en la agenda de gobierno, pese a las implicaciones que significa para el desarrollo social y el crecimiento económico, la situación ha quedado bajo la responsabilidad de los padres de familia, en sus manos está proporcionar las condiciones mínimas para la educación de sus hijos o la decisión de truncarles sus estudios por falta de recursos.

Un país en donde el 10 por ciento más rico concentra el 76 por ciento de la riqueza y el 50 por ciento más pobre apenas y pellizca el 2 por ciento de riqueza nacional, exige una política educativa que enfrente las desventajas y desigualdades que sufre el estudiantado mexicano, garantizando el acceso gratito a la educación de niños y jóvenes, acompañado de acciones que mejoren la situación de pobreza y marginación de su medio social. La masificación de la educación entre el pueblo trabajador, con carácter crítico y científico, significa mejores condiciones de bienestar para la sociedad en su conjunto, el impedimento para llevarla a cabo son los intereses de quienes viven de mantener sojuzgadas a las masas, aprovechándose de su rezago educativo, para garantizar sus privilegios como clase gobernante.

El Movimiento Antorchista ha perseguido, permanentemente, la solución a los problemas y necesidades que sufren maestros y estudiantes, ha planteado la mejora en infraestructura y equipamiento de los centros educativos, que se cubra la planta docente y administrativa con sus respectivas horas y pagos en cada una las escuelas, sanitarios, espacios deportivos y culturales, el otorgamiento de material didáctico, deportivo y cultural, becas y subsidios a estudiantes de escasos recursos económicos, entre otras muchas demandas, todas ellas para mejorar la calidad educativa de los estudiantes. Y en esta lucha hemos podido constatar la posición negativa del gobierno, su falta de afinidad por los problemas sentidos del pueblo. Está claro, mejorar la educación de los pobres es tarea del pueblo trabajador y de sus hijos, no hay más.