El fundamento de la soberanía en el medioevo se basó en el dominio de Dios sobre el mundo, la naturaleza y los hombres, con lo cual se pretendía limitar el poder de los tiranos, evitando los excesos de su libre albedrío o un gobierno dirigido exclusivamente al beneficio de sus intereses. A diferencia del tirano, un monarca legitima sus acciones según las orienta hacia la justicia y el bien común, aspirando a que el orden social avance hacia un fin trascendente.
Pero de ese fundamento se deriva también el derecho de un Estado a declararle la guerra a otro, a invadirlo o a expandir sus límites, con el pretexto de defender la justicia y, acorde con ello, el esfuerzo radica ante todo en la consecución del bien común, es decir, la paz y la felicidad de la comunidad. Por el contrario, la propuesta que aparece con la obra de Maquiavelo consiste en que la guerra y la violencia constituyen un instrumento fundamental no sólo en el ascenso al poder por parte de un nuevo monarca o príncipe, como él lo maneja, sino en la constitución de las instituciones que conforman el Estado. Es decir, la milicia o la fuerza armada es un factor determinante en la etapa de ascenso y legitimación del gobernante ante sus gobernados y de esta forma también, legitimaría su accionar en sí mismo, en su capacidad y necesidad de conservación.
En México, los gobiernos no tienen como fin moral brindar justicia a sus súbditos. Anteriormente se fingían respetar la ley, los funcionarios públicos jamás lograron defender con sus actos la constitución ni lograron defender los derechos de los mexicanos, pero, hoy por hoy, los actos políticos a través de la máquina institucional, se trazan con el fin de mantenerse y perpetuarse en el poder de la manera más descarada y desvergonzada posible inflan estadísticas, dan otros datos, no hay cientificidad en sus políticas y manosean a contentillo la carta magna, cuidando mantener, eso si en palabra solamente, los derechos y libertades del pueblo, pues son factores determinantes de la propia conservación del Estado y de la popularidad del gobierno en turno.
De esta forma la vida militar es, desde hace varios años pero ahora más puntual e insolente que antes, un medio indispensable para el mantenimiento y expansión de la organización política. Eso podemos verlo en la falta de personal calificado para mantener el orden según su función pero sobre todo en el abuso obsesivo por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno que ejercen sobre el cuerpo de policías federales, estatales y municipales, así como de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, que en lugar de defender los derechos humanos, los violan. O como el caso de Tlaxcala donde la situación es bastante compleja.
En Tlaxcala, el pasado 5 de febrero, los moradores de la Casa del Estudiante “Tlahuicole”, que está adherida a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), fue invadida por un grupo de 30 delincuentes armados con palos, cadenas y armas punzocortantes que atacaron premeditadamente y sin consideración alguna a dos jovencitos moradores de la casa, la salud de uno de ellos se encuentra todavía en gravedad.
El asunto podría ser menos gravoso si se tratara de un grupo de delincuentes comunes que, al no disponer de sus cinco sentidos o de sus facultades mentales o por pertenecer a un grupo delictivo común en esta sociedad que busca acaparar objetos para sacarles provecho, llegaron al lugar para realizar otra de sus fechorías, pero el problema se agrava debido a que los mismos moradores y algunos padres de familia que se encontraban ese día en el albergue, pudieron identificar que los delincuentes eran integrantes del cuerpo municipal de policías.
Era imposible, amables lectores, que con la fuerza y voluptuosidad con la que contaban estos personajes, los moradores y familiares se enfrentaran a tremendo ataque, lo único que pudieron hacer, en ese momento, fue correr al interior del inmueble y llamar a los número de emergencia que pone a disposición el Estado, como el 911 y los números de policías de la zona que normalmente contestan ante el llamado de los moradores. Pero esta vez, no contestaron, no tomaron las llamadas y después de una hora y cuarto llegaron al inmueble los policías estatales a auxiliar a los estudiantes.
Pero cuando llegaron a lugar donde estos se encontraban reunidos con las pertenencias de los estudiantes, y les pidieron que se las devolvieran, los delincuentes los amedrentaron nuevamente mostrándoles las armas que portaban desde el principio, y la policía no hizo absolutamente nada por defender la integridad de los moradores.
Debido al ataque, los moradores de la casa estudiantil y el comité de la FNERRR, a nivel nacional, realizaron denuncias a través de redes sociales, una conferencia de prensa y un mitin frente a las oficinas del palacio municipal pera pedir la intervención del presidente municipal, Jorge Corichi Fragoso y de la gobernadora de la entidad, Lorena Cuellar Cisneros. La comitiva representativa los atendió y se comprometió con los estudiantes a revisar el asunto en la brevedad posible, así como también a apoyarlos con la seguridad y vigilancia del lugar con cuerpos de policías estatales.
Los moradores ya no se sienten seguros, y así como empezaba mi artículo, queda demostrado que en efecto la situación del Estado y su aparato armado no responde a la necesidad de justicia y libertad que necesita el pueblo. Este asunto lleva años estudiándose y ha venido demostrando de distintas formas como en efecto, estos aparatos no existen para defender al pueblo, para organizarlo y trabajar en armonía por la paz y la felicidad de la comunidad, justo como lo mencionaba en el segundo párrafo de esta opinión, si no que responde a intereses particulares. Pero los moradores y sus familiares, esto ya lo saben incluso desde antes de que sucediera este evento, por esa razón seguirán luchando y no cesarán hasta encontrar una respuesta favorecida ante este atropello de sus derechos como seres humanos.
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