La violencia y la inseguridad son dos elementos que han mostrado un comportamiento a la alza en los últimos años. No es casual que el incremento se dé en el mismo contexto del crecimiento de la pobreza, pues son consecuencia de esta. La pobreza que tiene como causa principal la injusta distribución de la renta nacional, pues vivimos en un sistema económico que permite la acumulación de la riqueza en unas cuantas manos, a costa del empobrecimiento de las masas trabajadoras que son las que, con su trabajo, generan riqueza a cambio de un mísero salario que apenas les alcanza para medio comer.
La pandemia de coronavirus, si bien es cierto que vino a agudizar la difícil situación del pueblo mexicano, no es el detonante de la pauperización de las familias mexicanas y el incremento de la inseguridad. Estos fenómenos venían incrementado su asedio y de manera más acelerada a partir de que la mal llamada 4T tomó las riendas del país. Fue con en este sexenio cuando se presentó la mayor contracción del PIB mexicano: 8.3 por ciento al cierre de 2020 (dato del Inegi), considerado como la peor desde 1932; pudiéramos decir que fue a causas de la pandemia, pero en 2019, cuando aún no se tenía este problema también fue negativo (0.14%), incluso, se dio a conocer que fueron seis meses de contracción. En los primeros 20 meses de esta administración se contabilizan 100 asesinatos, en promedio, por día y un incremento en los feminicidios de 9.4 por ciento; según lo reportado de enero a julio de 2020 hubo 429 masacres, 404 casos de tortura y un total de, al menos, dos mil 582 hechos “atroces”, con tres mil 383 víctimas (Forbes.com.mx), y entonces no había pandemia o apenas se estaban presentando los primeros casos.
Lo que hizo la pandemia fue acelerar el proceso de empobrecimiento, en el que ya venía trabajando el gobierno morenista a pasos agigantados, con su inacción en materia social y económica, que le permitieran a las familias mexicanas mejorar sus condiciones materiales de vivienda, educación, salud, y con el exceso de recortes a programas sociales que algo ayudaban a las madres trabajadoras, a los estudiantes, a las personas de la tercera edad; y la eliminación del ramo 23 del que se podían bajar obras que permitieran el desarrollo en los pueblos y que generaban empleo temporal. Es cierto que la desigualdad se da por la explotación a las clases desprotegidas, y de ahí surge la pobreza; sin embargo, el gobierno tiene el deber de defender los intereses del pueblo trabajador. Para precisar lo que digo, cito lo dicho por el maestro Aquiles Córdova Morán, en una colaboración de junio de 2018: “el Estado juega un papel importantísimo en el enriquecimiento de las clases altas. Maneja la hacienda pública y tiene potestad sobre los bienes y recursos (materiales e intangibles) que constituyen el patrimonio de la nación. Puede, por eso, gastar el presupuesto en obras y servicios que ayuden a las empresas, bancos y comercios, a realizar sus negocios con menos gastos y, por tanto, con mayores beneficios; puede otorgar concesiones para la explotación de los recursos públicos mediante el pago de regalías irrisorias; puede conceder exenciones de impuestos; permitir la fuga de dinero a paraísos fiscales; hacer la vista gorda ante argucias contables para evadir al fisco; puede mantener por fuerza bajos los salarios; atar las manos a los sindicatos para evitar que luchen por mejores condiciones para sus agremiados, y puede diseñar una política fiscal que castigue los salarios y el consumo protegiendo las grandes utilidades”. En la realidad, esto lo podemos ver materializado.
Ahora tenemos, según el Coneval, 70.9 millones de pobres por ingreso, el 56.7 por ciento de la población, y un incremento en el empleo informal que afecta a más de 51 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA). Frente a este panorama, a muchos mexicanos no les queda más que engrosar las filas de la delincuencia y el crimen organizado. En octubre de 2020, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentó un análisis de la mortalidad en México, titulado “La Muerte Tiene Permiso” en el que detalló: “la causa de muerte que más ha crecido estos 10 años es la violencia. Se ha triplicado desde 2010. Hubo 36,476 homicidios en 2019 y no han bajado en 2020” (se puede consultar en https://frentealapobreza.mx/la-muerte-tiene-permiso/). En el estado de Puebla, la situación es la misma, en cuanto a inseguridad, tan sólo en 2019, sin pandemia, los delitos por lesiones aumentaron en 114.7 por ciento y secuestros en un 75 por ciento.
La inseguridad y la violencia no es un fenómeno aislado, es generalizado y va en aumento a causa de la pobreza. No obstante, en municipios donde gobierna el pueblo organizado en el Movimiento Antorchista Nacional, esta situación no se ha acentuado porque las políticas aplicadas sí buscan combatir la pobreza y garantizar la seguridad de población. Un ejemplo es el municipio de Huitzilan de Serdán, que lleva 37 años trabajando por mejorar las condiciones materiales y espirituales de los pobladores. Esto, desde luego, ha incidido en mantener bajos los niveles de inseguridad. Según los datos reportados por la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de su página de internet https://fiscalia.puebla.gob.mx, tan sólo de octubre de 2019 a marzo de 2021, la cantidad de delitos tipificados como homicidio doloso y culposo es de cero, lesiones 1, feminicidios 0, secuestros 0, que son los de mayor gravedad. Claro es que se presentan otro tipo de delitos del orden común, y no los minimizamos, pero no en grado y crecimiento como los que se presentan a nivel nacional. Esto se debe, principalmente, al trabajo que han venido realizando las administraciones comprometidas con el pueblo desde hace 37 años para combatir la pobreza, y también, gracias a la profesionalización de la policía municipal, que tan sólo para la administración 2018-2021, que encabeza el alcalde Delfino Bonilla Ángel, ha realizado cuatro cursos de capacitación para aspirantes a policía municipal preventivo; se les capacita no solo con acondicionamiento físico y defensa personal, también en el conocimiento de las leyes y reglamentos, que garantice el respeto a los derechos humanos de la población y del mismo policía. La Dirección de Seguridad Pública de Huitzilan de Serdán capacita a sus elementos y es participe de los cursos por parte del gobierno del estado, a fin de adquirir los elementos que ayuden a garantizar la seguridad de la ciudadanía y, sobre todo, mantener la paz social que logró el pueblo organizado desde hace 37 años.
Es en este contexto se dan dos sucesos que llaman la atención, por lo inusual. El primero sucedió el cinco de abril y fue el allanamiento de una vivienda de la comunidad del Paraíso, por un grupo de hombres armados y encapuchados, quienes agredieron a la familia, revisaron el lugar, pero no se llevaron nada. El llamado fue atendido por los elementos de la policía municipal en tiempo y forma, se les brindó las condiciones necesarias para asistir al municipio de Tetela a interponer la denuncia, pero los afectados no quisieron proceder. La noticia se publicó al día siguiente en el perfil de Facebook Huitzilan De Serdán y después en la página de noticias El Regional de la Sierra Tv. En ambas publicaciones destaca este comentario: “Les falto agregar que un grupo armado dirigido por el candidato priista de Zapotitlán de méndez ingresaron a una casa sin ninguna orden la familia lo tiene identificado..se presume que fue la fiscalia lo cual no puede ser por que ellos no actúan como delincuentes.. Mas bien esto parece indicar que fue iniciativa de Emiliano Vazquez candidato del pri de Zapotitlán de méndez el paraíso huitzilan de Serdán puebla ya no pertenece a Zapotitlán porque Emiliano Vazquez se mete donde no le corresponde.. #HUITZILANDESERDAN (sic)”. El segundo suceso es el asesinato de un hombre de 37 años de edad en la comunidad de San Miguel del Progreso, bajo el mismo modus operandi.
Digo que llaman la atención estos sucesos porque, como podemos ver, Huitzilan es un municipio tranquilo y se muestra en las estadísticas oficiales, solo que estos hechos se dan precisamente a un mes de que inicie la campaña electoral y entre rumores de la población de que se ha visto a varios hombres encapuchados merodeando, sobre todo, la cabecera municipal. ¿Por qué, precisamente se dan los hechos días antes de que inicie el proceso electoral? ¿Cuál es la intención?, podemos deducir que desestabilizar la paz social del municipio. ¿Quién es el autor?, el cacicazgo del municipio, que está interesado en recuperar el poder político y que ha mostrado, con esto y con una serie de eventos que buscan desprestigiar al ayuntamiento, sus deseos de gobernar Huitzilan. Es sintomático que en cada elección ocurran este tipo de situaciones, que tienen el propósito claro de amedrentar al pueblo huitzilteco, que ha sido valiente y se ha mantenido organizado y defendiendo la libertad de su pueblo. El cacicazgo es el único que sale ileso de esta serie de sucesos: asesinan al pueblo trabajador, a nuestros compañeros dirigentes, como el licenciado Manuel Hernández Pasión hace tres años, intentan desestabilizar al ayuntamiento antorchista y lanza campañas de desprestigio hacía nuestra organización. No obstante, reitero como en otras colaboraciones, que el pueblo huitzilteco es sabio y aprendió de la experiencia, que debe defender a su pueblo porque una vida mejor es posible; así lo ha demostrado en Huitzilan gracias a su unidad y trabajo de la mano del Movimiento Antorchista, que será lo que le ayudará a salir victorioso nuevamente. De todos modos, lanzamos el grito de advertencia a las autoridades estatales y federales, para que garanticen elecciones libres de violencia, la seguridad de nuestros compañeros y autoridades municipales, porque de lo contrario, se demostrará que están cobijando al cacicazgo y sus acciones de desestabilizar la tranquilidad social.
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