El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió el pasado lunes 22 de noviembre un decreto en el que se declara de “interés público y seguridad nacional” la realización de todos los proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
Bajo este carácter, los proyectos deberán recibir por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la autorización provisional en un término no mayor a cinco días hábiles y en un plazo no mayor a un año la autorización definitiva. A la letra dice “se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados… La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”. El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el lunes 22 de los corrientes, y entró en vigor el martes 23 de noviembre, está firmado por todos los titulares de las secretarías de Estado.
El presidente aseguró que este decreto es para que se “pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación”, señaló que “este decreto es para que se puedan terminar las obras, porque, sí alguien mete un amparo a 120 días de que se termine la construcción del Tren Maya, ya no terminamos” dijo.
Nadie en su sano juicio podría estar en contra de los fines que busca este decreto presidencial, si nos atenemos literalmente a lo que quiere el presidente, que es agilizar la construcción de las obras, evitando los permisos y tramites tortuosos que muchas veces tardan meses o hasta años, aquí el asunto es que nada más tendrán ese privilegio las obras que proponga en Gobierno Federal, es decir, el presidente López Obrador, y no están considerados los proyectos u obras que propongan los empresarios pequeños, medianos o grandes, ni mucho menos los mexicanos de a pie que con mucho esfuerzo a veces remodelan su casa o algún pequeño negocio.
Pero el famoso decreto, tiene algo más de fondo, que es más grave, y quizá sea a mi juicio el verdadero motivo que impulso a López Obrador a publicarlo en fast track en el DOF, que es ocultar la corrupción de su gobierno, que ha sido la bandera con la que convenció a la mayoría de sus electores en el 2018, acusando al régimen anterior de corrupto, cosa que probablemente es cierta; y que según él es la causa principal de todos los males de México, y que ya como gobierno lo está combatiendo. Llegó a tal grado que, en su participación en el Consejo de Seguridad de la ONU, el pasado 9 de noviembre fue a presumir ante el mundo que prácticamente ya erradico la corrupción en el Gobierno de México y fue más allá, ya que sostuvo “que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones... sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales”, afirmación y enfoque falsos, que en su momento he intentado explicar, en algunos de mis artículos anteriores, pero, sobre todo, Antorcha a través de nuestro principal ideólogo, el Ing. Aquiles Córdova Moran, ha explicado en infinidad de artículos y conferencias, en más de 40 años, por lo que a mis escasos lectores los invito a leer su obra que está disponible en la página oficial de nuestra organización, ya que por el momento no explicare este importante tema.
Dicho decreto además de que es anticonstitucional e ilegal, también viola los tratados internacionales, ya que, de un plumazo, un acuerdo del Poder Ejecutivo publicado en el DOF, nos encontramos con una autorización genérica respecto de cualquier proyecto u obra de infraestructura del gobierno de la 4T, presente o futura que se pueda emitir u ocurrir, hay orden que en cinco días todas las autoridades del Poder Ejecutivo Federal emitan una autorización provisional pasando por encima la Constitución y de todas las leyes administrativas que existen en nuestro país con un pretexto de “seguridad nacional”, pero AMLO y su gobierno están violando la Ley de Seguridad Nacional, que en su artículo 4to. dice expresamente que por encima de la seguridad nacional está el principio de legalidad, que en derecho no es más que cumplir todas las leyes que existan en nuestro país y en ese sentido la seguridad nacional no puede estar por encima de esas leyes y de los derechos humanos como el derecho a la información y el derecho de amparo, que son dos derechos que pretende coartar López Obrador con su decreto, para que los mexicanos no fiscalicemos y en su momento protestemos o impugnemos dichas obras en caso de que violen nuestras garantías fundamentales. Es decir, AMLO está fortaleciendo su régimen autocrático, donde sólo se cumple la voluntad de un dictador. Esta situación es más visible toda vez que la mayoría de las obras de infraestructura (valuadas en miles de millones de pesos) se las está dando al ejército mexicano, así se explica el entreguismo inaudito del General Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), al gobierno de la 4T, que se vio reflejado en su discurso del pasado 20 de noviembre.
Pero ¿realmente el gobierno de AMLO está combatiendo la corrupción? La respuesta es no. Según Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, dos organizaciones no gubernamentales, no partidistas, dedicadas a combatir la corrupción a nivel nacional e internacional desde 1993, al presentar su índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en enero de 2020, México sigue siendo el país peor evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ocupando la última posición de 36 países miembros, con sólo 29 puntos (en una escala donde 0 es mayor percepción y 100 menor percepción). Otro organismo como la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, la empresa especializada en riesgos globales, presentó en junio de 2021, el Índice para Combatir la Corrupción 2021(CCC), que explora la capacidad de 15 países latinoamericanos (juntos representan el 95% del PIB de la región), para detectar, sancionar y prevenir la corrupción, señala en su tercera edición 2021, que México cayó 7% su puntuación global en 2021 y actualmente tiene 4.25(en una escala del 1 al 10). En ambos organismos como país no alcanzamos ni el 5% de calificación en el combate a la corrupción, ya en el gobierno de López Obrador y su 4T.
Entonces a López Obrador y su partido MORENA, no les conviene políticamente que los mexicanos sepamos que no están combatiendo la corrupción, aunque ellos digan que sí y lo repitan hasta el cansancio, ya que eso implica perder adeptos y votos en las próximas elecciones y sobre todo las del 2024. Por eso necesitan esconder los actos corruptos de está cometiendo este gobierno de la 4T, a través de este decreto que blinda todas las obras faraónicas como el Tren Maya, La Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía, etc. que están en proceso y las obras venideras.
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