El 28 de Julio del 2010, la Organización de las Naciones Unidas reconoció el Derecho Humano al agua y saneamiento, pues el agua entubada incide en la calidad de vida y dignidad de los seres humanos, a tal punto que vivir sin agua y drenaje equivale, en la práctica, a reducir la existencia humana a límites cercanos a la condición animal. En México, en febrero del 2014 este derecho quedó consagrado, como Derecho Humano fundamental en el Artículo 4 de la misma, con lo que se le reconoce como un elemento esencial de la dignidad humana y mínimo indispensable de la calidad de vida.
Sin embargo, la situación de los pobres y marginados, que son los que más sufren por la falta de agua y drenaje, no excluye a vastos núcleos poblacionales en las grandes ciudades y en las ciudades medias de nuestro país, en los cuales la carencia de esos servicios amenaza con quedarse para siempre, por la desaparición de los programas sociales y asignación de obras, cuya gestión permitía el suprimido ramo 23 dentro del anterior Programa de Egresos de la Federación, quedando ahora, en lugar de éste, un nuevo presupuesto vertical, centralizado, excluyente y antidemocrático, en el cual, las partidas más grandes quedan ocupadas por los programas del Presidente López Obrador, que aunque carezcan de estudios de factibilidad y de proyectos, o sean inviables como la refinería de Dos Bocas, la cual tendría que trabajar con crudo importado, pues, es conocida la baja calidad de la mezcla mexicana para refinar combustibles; por lo tanto, produciría gasolinas muy caras, o simplemente, proyectos irrealizables en el lugar que se proponen para su instalación, por tratarse de una zona pantanosa y de altura menor respecto al nivel del mar, o sea inundable, lo cual elevaría los costos, si por pura gansada tuviera que hacerse en Tabasco.
Con base en ello, que el Presupuesto de Egresos se encuentre centralizado y se destine a caprichos, como el pago obligado de los créditos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco a las trasnacionales encargadas de fondearlo, o la realización de consultas "patito", solo para disfrazar las decisiones y úkases presidenciales, o la cancelación de diversos programas sociales, como el Procampo, Progresa, Oportunidades, etc., solo para crear otros con fines obviamente clientelares y electorales pero con menores montos que los anteriores y con un límite de edad más alto para su accesibilidad, lo cual, no es una política de abolir el neoliberalismo, ni menos de redistribución de la riqueza a quienes trabajan para producirla; por el contrario, es solo una política de "ocurrencias", la misma que, no pierde de vista favorecer a los "amigos del Presidente" o perjudicar a quienes considera " sus enemigos", como se demuestra por la autoadjudicación de manera directa, en una proporción de 7 de cada 10 de la obra pública federal para los incondicionales del Presidente, bajo el muy discutible argumento de que no necesita cumplir las leyes para otorgar obras y contratos, por tratarse de un ser "inmaculado" e "iluminado".
Al mirar lo anterior, queda claro que los recursos invertidos en ocurrencias y caprichos, deberían estar aplicados, por lo menos, para obras de infraestructura hídrica, o encaminados a lograr la cobertura total de los servicios de agua y saneamiento, con lo que se estaría redistribuyendo efectivamente la riqueza, al mejorar sustancialmente la calidad de vida de los más pobres, dejando atrás, pero muy atrás, la política electorera, clientelar y "para mascotas" o de "limosnas sociales", también llamada programas de transferencia monetaria.
En San Luis Potosí, según datos oficiales más del 30 % de la población carece del vital líquido, y el 37% de drenaje o saneamiento, al concentrarse el presupuesto para este año, solo se consignaron 62 millones de pesos para obras de infraestructura hídrica, de acuerdo con informes de la Conagua, monto que es insuficiente, pues solo para dotar de planta de tratamiento, red de agua potable y drenaje a la zona de Escalerillas, ubicada al suroeste de la capital del estado, se requiere una cantidad aproximadamente de 100 mdp, más otra cantidad igual para la zona conurbada de Mexquitic de Carmona con el municipio de San Luis, que carecen de Saneamiento, lo cual suma cerca de 200 mdp en estas obras, sin incluir los municipios de Santa María del Río y de Moctezuma cuya falta de agua potable es patente desde hace décadas.
Pero lo más grave de todo, es que hay autoridades que cuando los pobres y marginados reclaman servicios, responden con amenazas y represión a través de los cuerpos policíacos, como la policía del Gobierno Municipal de San Luis Potosí, quién texteó en su blog con motivo de una movilización que reclamaría agua y drenaje a sus autoridades: " se hace del conocimiento que mañana martes 9 de abril la ciudad será desquiciada en diferentes puntos por un megabloqueo de los antorchistas, quienes piden agua y drenaje para sus colonias..." ¿o es que la policía se ha propuesto, ahora que tienen respaldo constitucional, la represión mediática, además de la represión física?. Lo cierto es que el mencionado "megabloqueo" ni el "desquiciamiento" existieron jamás y lo único que demuestra ese blog es la tendencia represiva y arrogante, de la policía y de quienes la mandan en contra de los que reclaman sus derechos, a través de comunicados amarillistas, falsos y exagerados como éste.
¿Esto es lo que nos espera, al negarnos obras de servicios básicos y aumentar los niveles represivos en contra de quienes demandan sus derechos, en los "nuevos tiempos" de la "4ta transformación"? Si no es así, los gobiernos con los recursos para resolver las necesidades de agua y drenaje, hagan las obras a que están obligados por las leyes; de lo contrario, seguiremos exigiendo la mejora de nuestras condiciones de vida, como siempre lo hemos hecho, con todo, pero de manera legal y pacífica, aún en contra de los munícipes y de los policías calumniadores del color que sean.
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