El inicio del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado marcado por un preocupante aumento de la violencia y la inseguridad. La situación ha empeorado en comparación con los primeros días de la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien también heredó un entorno más violento que el de sus predecesores, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
Los retos en materia de seguridad que enfrenta Sheinbaum son graves, y sólo en sus dos primeros días de gestión, se reportaron 80 y 85 homicidios dolosos, lo que ilustra la magnitud del desafío.
La persistencia de la pobreza extrema y la crisis en sectores clave como la salud y la educación exigen soluciones urgentes que la administración actual aún no ha presentado.
A estos hechos se sumó el asesinato del alcalde de un municipio en Guerrero, lo que evidencia la falta de control del Estado sobre el creciente nivel de violencia que afecta a varias regiones del país. Estados como Sinaloa, Zacatecas, Durango y Guerrero siguen siendo escenarios de enfrentamientos, con el crimen organizado operando impunemente, mientras las calles se llenan de sangre.
Otra fuente de preocupación es el reciente desempeño del Ejército. Después de seis años dedicados mayormente a tareas de infraestructura y administración, su regreso a las labores de seguridad pública ha sido desafortunado.
En un incidente trágico, las fuerzas armadas mataron a seis migrantes e hirieron a otros doce, lo cual fue calificado como un “error” por las autoridades. Este suceso expone la falta de preparación de la nueva administración para manejar eficazmente la seguridad del país.
La estrategia de “abrazos, no balazos”, que fue el pilar de la política de seguridad durante el Gobierno de López Obrador, ha mostrado ser ineficaz ante la situación actual. Esta iniciativa buscaba reducir la violencia mediante programas sociales y el fomento de oportunidades económicas, pero hasta ahora no ha logrado detener el aumento de la criminalidad.
En consecuencia, la violencia continúa desbordándose, y la esperanza de la ciudadanía de un cambio bajo el liderazgo de Sheinbaum se desvanece rápidamente.
En el ámbito político, el panorama tampoco es alentador. Según diversos expertos y medios de comunicación, como El Financiero, México atraviesa una crisis constitucional de gran envergadura; tal vez la más grave en el último siglo.
Esto se debe, en parte, a la falta de planificación del nuevo Gobierno. Las decisiones parecen improvisadas y no responden a una estrategia coherente que permita abordar los problemas que enfrenta el país.
Aunque durante la campaña se presentó un equipo de asesores capacitado, en la práctica no se ha visto una dirección clara que permita enfrentar la crisis de seguridad, entre otros problemas urgentes.
Ante este panorama, es vital que el nuevo Gobierno reconozca la gravedad de la situación y tome medidas inmediatas para corregir el rumbo. Si no se adoptan decisiones firmes y efectivas para detener la violencia, las organizaciones criminales seguirán consolidando su control.
Cada día sin acción aumenta el riesgo de que el Gobierno quede sometido a las decisiones de factores externos, lo que reafirmaría la percepción de que Morena, el partido en el poder, no está preparado para gobernar eficazmente. Las promesas de ser un partido que defiende a los pobres y lucha por la justicia social se contradicen con la realidad de su desempeño.
Uno de los mayores retos que enfrenta México es la persistencia de la pobreza y la desigualdad. A pesar de los discursos de justicia social, el sistema económico y político sigue sin cambios, perpetuando las mismas desigualdades que afectan a los sectores más vulnerables.
La pobreza extrema, medida por el número de personas incapaces de cubrir el costo de una canasta básica de alimentos, ha aumentado de siete punto uno a nueve punto uno millones de personas, según datos del Coneval.
Esto demuestra que la pobreza en México es un problema estructural que requiere soluciones a corto, mediano y largo plazo, con políticas claras que aún no se han implementado.
Además de la inseguridad, sectores como la educación y la salud también atraviesan una crisis profunda. Las escuelas públicas y hospitales se encuentran en condiciones alarmantes, con una infraestructura deteriorada y falta de recursos.
En el sistema de salud, la escasez crónica de medicamentos y las interminables filas para recibir atención médica son reflejo de un sistema colapsado.
Un hecho histórico que ha marcado esta nueva administración es la llegada de mujeres a los tres poderes del Estado: Claudia Sheinbaum en el Poder Ejecutivo, Norma Piña en el Judicial y Ifigenia Martínez en el Legislativo.
Este avance es significativo para la igualdad de género en la política mexicana. Sin embargo, muchos analistas señalan que este cambio es más simbólico que real, pues la influencia de López Obrador sigue siendo fuerte en la toma de decisiones, particularmente a través de los funcionarios que él mismo designó en cargos clave.
En términos económicos, los avances han sido limitados, y la concentración de poder en el Ejecutivo parece estar debilitando las instituciones democráticas. El sistema neoliberal, que promueve el crecimiento económico a expensas del bienestar social, continúa generando profundas desigualdades, y la infraestructura del país sigue reflejando este abandono.
Desde el desgaste del metro de la Ciudad de México hasta las carreteras en mal estado, el país requiere de inversiones sustanciales que no han sido priorizadas.
Con el incremento de la pobreza, movimientos sociales como los antorchistas siguen luchando por una distribución más equitativa de la riqueza, salarios dignos y empleos formales. A pesar de que México se posiciona como la doceava economía más grande del mundo, las brechas entre ricos y pobres son inmensas.
Para combatir esta desigualdad, es crucial que los sectores más adinerados contribuyan más al país mediante un sistema fiscal más justo, que permita financiar mejoras en las zonas más desfavorecidas.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum se enfrenta a retos gigantescos, y debe actuar con rapidez y determinación para cambiar el curso de los acontecimientos antes de que sea demasiado tarde.
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