Para que los trabajadores puedan ejercer su derecho constitucional a la vivienda digna que señala la carta magna, el gobierno ha creado varios organismos, el principal es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que se compone de un consejo tripartito, una representación del gobierno, los empresarios de la construcción y una supuesta "representación de los trabajadores".
¿Cómo lo hacen? Le proponen a los gobiernos municipales y estatales, que adquieran terrenos aptos para construir vivienda, para contar con la llamada reserva territorial, para luego, introducir servicios básicos, agua potable, electrificación, drenaje y alcantarillado, cordonerías, banquetas y pavimentación, alumbrado público, en suma, ponerle en bandeja de plata, las mejores condiciones para que entren en acción los "desarrolladores", una palabra rebuscada para encubrir al complejo industrial de la construcción para que construya fraccionamientos, que se componen de viviendas de pésima calidad, diseñadas con las dimensiones más reducidas posibles. Y ahora sí, Infonavit, engancha con un crédito al trabajador que solicita una vivienda (afiliado al IMSS), que a lo largo de 20 a 30 años pagará con sus respectivos intereses. Pero no olvidemos que el terreno y los servicios básicos se adquirieron y construyeron con recursos públicos. La obligación del estado, el de brindar vivienda digna, se resuelve endeudando al trabajador y subsidiando a las grandes empresas constructoras, una política neoliberal que no ha sufrido alteraciones por más de 30 años.
Los bajos salarios obligan a millones de familias a adquirir a crédito prácticamente todo, desde los muebles del hogar hasta la ropa y el calzado, además de sumar el crédito de la casa.
Cualquier alteración a esta frágil economía familiar que se sostiene con alfileres, cualquier imprevisto por una enfermedad, un accidente, un despido laboral, hace que las familias pierdan su patrimonio.
El Inegi indicó que la Encuesta Nacional de Vivienda, hay poco más de 35 millones de viviendas en todo el país, de estas, 14 millones no gozan del derecho a una vivienda digna y decorosa, tienen problemas de hacinamiento, materiales endebles y no cuentan con los recursos necesarios para mejorar su vivienda.
En la zona rural la situación es peor, 8 de cada 10 hogares, requieren mejorar sustancialmente sus viviendas.
Más de la mitad de los mexicanos se encuentra por debajo de la línea de la pobreza por ingresos. 5 de cada 10 habitantes no pueden cubrir sus necesidades básicas, incluyendo las relacionadas con el hogar digno, aun cuando destinen todos sus recursos a ellas.
El 52.2 % de hogares reportaron problemas para cumplir con los pagos de los créditos relacionados con la vivienda derivados del impacto económico provocado por la pandemia, mientras que un 50.8 % tuvo problemas para el pago de la renta.
Se calcula que para acabar con el déficit de vivienda se deben construir 8.2 millones de viviendas.
Otra de las grandes dificultades para la obtención de un crédito para la compra de vivienda es que más de mitad de la población trabaja en la economía informal, lo que los excluye de las instituciones de seguridad social, que les permita acceder a créditos para adquirir vivienda.
Resolver de fondo el problema de la vivienda en México, no es a través de créditos e intereses que se convierten en una carga que prácticamente acompañará toda la vida útil al trabajador, se requiere de un verdadero apoyo de gobierno, que absorba una parte significativa de la vivienda y que se olvide de los intereses. Para que esto funcione se debe acabar con el contubernio del gobierno con las grandes empresas constructoras, y crear una alternativa real al alcance de cualquier trabajador.
La solución a los grandes problemas nacionales sólo se podrá resolver con la organización y participación de los trabajadores, esperar que el gobierno lo haga por sí solo es perder el tiempo.
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