De acuerdo con Román Meyer Falcón actual titular de la Sedatu del gobierno federal, el rezago nacional de vivienda es de 9.4 millones. O sea que más de 35 millones de mexicanos no poseen un lugar propio y digno donde vivir lo que implica que casi la tercera parte de la población mexicana se encuentra en estas condiciones si partimos de que en la actualidad somos 126 millones de habitantes en nuestro país. En Nayarit, de acuerdo a las cifras gubernamentales son cerca de 100 mil personas las que carecen vivienda digna y decorosa como reza el artículo Cuarto de la Constitución.
El municipio de Bahía de Banderas, ubicado en el sur del estado, conurbado con Puerto Vallarta Jalisco, tiene una dinámica de crecimiento de población muy alta, registró un 10.59% de promedio anual en los últimos veinte años. Es la tercera más alta de los centros turísticos del país, solo superado por Playa del Carmen con 15.94% (Solidaridad Quintana Roo) y por Los Cabos, Baja california Sur con 12.6%.
El crecimiento poblacional es generado por una alta migración de habitantes de otras regiones del estado y del país, siendo muy notoria la presencia de habitantes originarios de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, CDMX y Veracruz, entre otros. Como es natural, con el aumento de la población se da el incremento en las necesidades de la población, entre ellas la de trabajo, educación, servicios de salud, más y mejores servicios públicos y sobre todo vivienda.
La política de construcción de vivienda en Bahía de Banderas es muy similar a la seguida en gran parte del país y que no ha cambiado desde hace muchos años. Se favorece la construcción de vivienda por grandes empresas inmobiliarias, que construyen viviendas muy pequeñas, muy caras, de muy mala calidad y que no satisfacen las necesidades familiares pero que, además, encadenan a los trabajadores a una deuda que frecuentemente se torna impagable. No hay una política que favorezca la atención al problema de la vivienda para los trabajadores de muy bajos ingresos, para los que carecen de seguridad social, para los trabajadores eventuales, para los vendedores ambulantes, para los jornaleros agrícolas, para los de la tercera edad como sí la hay para favorecer los grandes intereses económicos.
Y es en este contexto que se enmarca la lucha del Movimiento Antorchista en el municipio de Bahía de Banderas y la región. Van algunos ejemplos de la grave situación que prevalece en el municipio.
Para resolver el problema del asentamiento de Villas Miramar, poblado de San Vicente que reúne a cerca de 1600 familias, los colonos libraron una lucha que permitió que el gobierno federal adquiriera en 2017, casi 34 hectáreas para asegurar la posesión a los sin casa que llegaron de varias regiones del país y que estaban asentados desde hace unos 15 años. Los antorchistas, con su lucha resolvieron la parte fundamental, sin embargo desde el 2018 enfrentan trabas que no permiten que las familias tengan certeza jurídica de los lotes que poseen. Las autoridades federales se han dedicado a obstaculizar el proceso a tal grado que rehicieron la contratación de escrituras realizada en 2018. Con argumentos absurdos desecharon de un plumazo el trabajo realizado para la regularización y regularización de la colonia. Los vecinos no pueden acceder a programas de vivienda porque no tienen certeza jurídica sobre sus predios.
En el fraccionamiento Jardines del Sol habitan cientos de familias en viviendas de interés social que adquirieron a una empresa inmobiliaria que se fue a la quiebra desde hace más de una década. Un gran número de familias cayó en cartera vencida y permanentemente son acosados por los “nuevos dueños” de las carteras que reclaman el pago de cantidades exorbitantes por las mismas, completamente fuera del alcance de las familias. En varios casos, a las familias les desconocen lo ya abonado a los anteriores “dueños” y frecuentemente son desalojadas por los sedicentes nuevos dueños: a saber, bancos, despachos de cobranza y hasta por vividores, muchas veces apoyados por el poder judicial, para luego ser revendidas a otras familias en condiciones injustas y abusivas que da como resultado que se repita la misma historia. Se hacen pingües negocios a costa de los pobres y su carencia de vivienda. La historia del Fraccionamiento Jardines del Sol se repite en tantos fraccionamientos que hay en el municipio.
Durante 2 años, unas 80 familias ocuparon un predio ubicado en la cercanías de la Unidad habitacional de Valle Marlin. Estos vecinos pretendían legitimar su posesión adquiriendo legalmente el predio. Los interesados plantearon al gobierno del estado esta posibilidad, la de adquirirlo, o bien para encontrar otra alternativa. Pero el 10 de febrero de este año, mediante un operativo policiaco violento, el gobierno estatal desalojó a los necesitados. Un día después del desalojo, el director del IPROVINAY firmó un compromiso para resolver este problema social. Ahora se niega a cumplir el compromiso con el argumento de que el instituto no tiene dinero. Los afectados nunca han pedido nada regalado a pesar de ser su derecho. Actualmente las familias están a la deriva viviendo de arrimados, rentando viviendas en las peores condiciones o en lugares públicos hacinados en casas de campaña.
En esta misma situación se encuentran grupos de solicitantes de lotes para vivienda de San Vicente y Bucerías. Desde hace años piden les vendan lotes en condiciones accesibles. El IPROVINAY utiliza el mismo argumento para evadir su responsabilidad de facilitar y proveer de vivienda al que lo necesita.
El de la vivienda es un grave problema nacional, más de la cuarta parte de los mexicanos no tienen donde vivir y el actual gobierno no tiene mecanismos de atención para resolver la necesidad de la vivienda popular a pesar de tantas promesas. No hay cambios en la atención a los grupos vulnerables que no tienen techo; por si fuera poco y en cuanto se le presenta la oportunidad, la autoridad lanza a la policía contra los necesitados.
Es por esto que el pueblo de México, de Nayarit y de Bahía de Banderas debe redoblar su lucha para que se resuelvan en concreto las necesidades de vivienda, no se puede conformar con demagogia y vana palabrería. Los necesitados debemos elevar la voz, unidos y conscientes para mejorar nuestras condiciones de vida.
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