La periodista Lourdes Maldonado fue asesinada a principios de 2022, aun cuando pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador porque advertía condiciones de riesgo para ella. Maldonado pertenecía al programa de Protección para Periodistas de Baja California, pero la vigilancia que se le brindó no fue permanente.

El caso de Lourdes Maldonado sigue impune, y forma parte de los 34 periodistas asesinados en lo que va de 2022. Además, según los informes de la organización Artículo 19, hubo 26 desplazamientos forzados y dos desapariciones. México es el país más peligroso para el gremio periodístico. Este año es el más letal, pues se ha registrado, por lo menos, un ataque contra periodistas o medios de comunicación cada 14 horas. 

La situación de riesgo que enfrentan las y los periodistas mexicanos rebasa, incluso, a la de un país en guerra como Ucrania. Las cifras registradas durante el primer semestre de 2022 suman un total de 2,304 ataques contra la prensa perpetrados durante el mandato del presidente Andre?s Manuel Lo?pez Obrador. 

En América Latina, nuestro país es el más perjudicial para la prensa. La criminalizacio?n contra periodistas se mantiene como una de las principales amenazas al ejercicio de la profesión, la cual se da desde la tribuna presidencial. En México, el Estado es el que más agrede al gremio periodístico. 

Por acción u omisión de las injusticias, las instituciones gubernamentales son las principales perpetradoras de la violencia contra las personas trabajadoras en medios de comunicación. Entre 2018 y 2021, Andrés Manuel López Obrador lanzó casi dos mil ataques a la prensa, de acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). La violencia discursiva que ejerce el presidente justifica la estigmatización contra reporteros, reporteras, periodistas y representantes de medios de comunicación. A su vez, la estigmatización logra justificar otros tipos de violencia como agresiones, ataques físicos, desapariciones y asesinatos. 

La violencia contra trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación se da en distintos niveles: el nivel simbólico, al tratarse de discursos estigmatizantes como los ataques presidenciales; el nivel estructural, cuando se trata de abusos por parte de instituciones gubernamentales; y el nivel extremo es el de tortura y homicidio. 

La violencia generalizada, con todas sus particularidades y niveles, impide la libertad de prensa y de acceso a la información, al silenciar las denuncias del periodismo con amenazas e incluso la muerte. 

Estas acciones debilitan derechos humanos fundamentales. Y preocupa que a pesar de que Organizaciones como Artículo 19 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han alertado al presidente sobre la situación, la impunidad con respecto a homicidios de periodistas y agresiones continúa. El 91.8 por ciento de agresiones cometidas entre 2020 y 2021 sigue impune. Y muchos ataques se han dado desde las conferencias matutinas de López Obrador. 

Los ataques contra la prensa debilitan aún más la ya resquebrajada democracia mexicana, pues crean un clima de censura y miedo. Hasta ahora, los mecanismos implementados para mitigar las amenazas y los ataques del crimen organizado han sido insuficientes e ineficaces.

La estigmatización contra la prensa, reforzada por el gobierno de la 4T, amenaza la democracia y libertades fundamentales. Las autoridades estatales tienen la obligación de proteger el ejercicio periodístico sin priorizar su agenda mediática sectaria.