En menos de un mes, Cuitláhuac García Jiménez dejará el cargo de gobernador de Veracruz, pasando a la historia como el peor de todos los que han ocupado ese puesto en lo que va del siglo XXI. En buena medida, esto se debe a su falta de liderazgo, carencia de visión de Estado y de firmeza en el carácter, pero también como consecuencia de su ciega obcecación hacia las órdenes del presidente López Obrador y del movimiento al que pertenece, lo que, según diversos analistas, lo convirtió en un simple parapeto para que otros gobernaran y usaran el poder público en su beneficio.
Por supuesto, nada de esto lo justifica; al contrario, lo convierte en doblemente responsable del legado que deja: por incapaz y por cómplice de innumerables ilegalidades.
La administración veracruzana creó una compleja red de corrupción donde hasta el 80 % de los contratos públicos habría sido canalizado hacia un grupo selecto de empresas ficticias.
Durante su gestión, la pobreza creció entre los veracruzanos, a consecuencia del bajo crecimiento económico y la nula creación de empleos. Dejaron de realizarse obras públicas de relevancia para impulsar el desarrollo regional y para beneficiar a las comunidades y pueblos marginados.
Su Gobierno eliminó los programas destinados a elevar la producción de los campesinos y también los que garantizaban el derecho a la vivienda digna para las clases populares de las ciudades. Además, creció la inseguridad y el Gobierno se convirtió en un jugoso botín saqueado por familiares y colaboradores directos de Cuitláhuac García.
En materia económica, la realidad para las clases trabajadoras se mantuvo sin ninguna variación positiva. Según datos del Inegi, hasta el tercer trimestre de 2024, la participación laboral en Veracruz era del 54 % , menor al 56 % de cuando García Jiménez llegó al poder.
Por otro lado, la tasa de desocupación oficial aumentó del 1.66 % al 2.01 %; sin embargo, los veracruzanos que laboran en el llamado “empleo informal” representan el 68 % de toda la Población Económicamente Activa (PEA). Es decir, se trata de gente sin salarios fijos, seguro social, prestaciones de ley, horarios fijos o que se autoemplea.
Según el Inegi, del último trimestre de 2018 y hasta el tercero del 2024, en Veracruz se crearon menos de 5 mil puestos formales de trabajo, mientras que la PEA creció en más de 250 mil personas, lo que significa que la inmensa mayoría de los veracruzanos que buscaron un trabajo formal no lo encontraron, por lo que tuvieron que emigrar, emplearse en el sector informal o caer en manos de la delincuencia.
Sólo con estos datos podemos concluir que aquello de que más de “500 mil veracruzanos salieron de la pobreza” es pura propaganda barata del gobierno cuitlahuista. Seguramente entre estos supuestos “expobres” cuentan a los beneficiarios de los programas sociales, pero ya sabemos que esa “disminución de la pobreza” es puramente artificial, porque depende de que los programas se mantengan y no representan una mejora real y permanente de los ingresos de la gente y de su calidad de vida.
Los propios datos gubernamentales dan cuenta del crecimiento de las carencias sociales. El Instituto Veracruzano de la Vivienda reconoció en 2022 que, de los más de 8 millones de habitantes de la entidad, 3 millones 940 mil presentaban “rezago habitacional” y cerca de un millón no tiene vivienda propia.
Si fuese verdad que disminuyó la pobreza, más gente podría comprar una casa propia. Esto también refleja la falta de formación de reservas territoriales de interés social para entregarlas a familias de clase trabajadora.
Hay más. Invivienda señala que de las más de 2 millones 380 mil viviendas que existen en Veracruz, poco más de 450 mil no tienen servicio de drenaje sanitario o carecen de agua potable, algo así como el 20 % de la población del estado. Otro resultado de no aplicar recursos públicos para garantizar los servicios básicos a la población. ¿Realmente disminuyó la pobreza?
En el sector agrícola están empleados más de 3 millones 134 mil personas (de las cuales 2 millones 22 mil lo hacen en calidad de jornaleros eventuales).
De acuerdo con datos del Censo Agropecuario del 2022, las unidades de tierras cultivadas disminuyeron en cerca de 200 mil hectáreas y el 89 % de los productores refirió que el principal obstáculo que les impide elevar la producción y productividad de sus tierras es lo caro de los insumos como semillas mejoradas, fertilizantes y herbicidas, mismos que anteriormente ayudaban a subsidiar los gobiernos.
Otra área en donde el gobernador Cuitláhuac García entregó pésimos resultados es el terreno de la seguridad. Durante su sexenio, el 81.4 % de los veracruzanos dijeron sentirse inseguros o vivir con temor a ser víctimas de un delito, de acuerdo con el Índice de Paz México (IPM) 2024.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, en los últimos seis años se incrementó la incidencia de los delitos violentos como asaltos, robos, agresiones sexuales y también aquellos relacionados con la actividad del crimen organizado: narcomenudeo, extorsión, secuestro y homicidios dolosos. En todos estos, Veracruz se ubica en el top cinco del país.
Van 6 mil 858 personas desaparecidas en Veracruz, en su mayoría mujeres y niños, y se rompió récord en el número de feminicidios.
Por otro lado, los datos filtrados de la Sedena en 2022 revelaron que 89 municipios del estado se encuentran bajo control absoluto del crimen organizado con el apoyo de algunos poderosos funcionarios del gobierno estatal.
Y qué decir del crecimiento de la corrupción gubernamental. Los escándalos fueron abundantes. Cito el más reciente por falta de espacio: “Descalabran al erario con 227 empresas fantasma; desvió más de 5 mil mdp en Veracruz”, fue la nota principal del importante diario Excélsior el pasado 30 de octubre.
En el cuerpo de la investigación se dice:
“El Gobierno de Veracruz enfrenta serias acusaciones de corrupción por el desvió de más de 5 mil millones de pesos mediante un esquema de 227 empresas fantasma, afectando sectores estratégicos como la salud, la educación y el desarrollo social.
La administración veracruzana creó una compleja red de corrupción donde hasta el 80 % de los contratos públicos habrían sido canalizados hacia un grupo selecto de empresas ficticias, muchas de las cuales operan con domicilios en casas particulares”.
Agregamos: varias de estas empresas fueron creadas por familiares, amigos y personajes cercanos al gobernador, que aprovechándose de su estulticia o con su abierta complicidad saquearon el erario para enriquecerse escandalosamente y echar por tierra aquello de “no mentir, no robar y no traicionar”.
En suma, la gestión del gobernador Cuitláhuac García fue un fracaso y así quedará para la historia.
Espero no volver a ocuparme del ingeniero, pero desde el ángulo que se le vea, la moraleja sólo puede ser una: mientras el pueblo continúe despolitizado, mientras no tenga el poder efectivo en sus manos y esté desorganizado, será víctima de su propio engaño entregando el poder a verdaderos incompetentes.
Sólo la organización y politización del pueblo trabajador podrá evitarnos estas desgracias; de lo contrario, seguiremos eternamente condenados.
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