Durante varios meses, según los datos registrados por la CONAGUA, todo el territorio de San Luis Potosí permaneció en sequía severa. Estimaciones de especialistas aseguran que la sequía continuará hasta fines del año que corre. No es un problema menor, la producción agropecuaria de San Luis Potosí, en 2021, lo colocó como el noveno más grande de todo el país (El Financiero).
Ante la angustiante tardanza de las lluvias, fueron varias las propuestas para que se declarara estado de emergencia; el gobernador se negó. Esta misma postura la sostuvo el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso del Estado: “Hay alerta, pero no en focos rojos”.
Lo cierto es que la agricultura de pequeña y gran escala con riego de temporal en el Altiplano potosino sufrió importantes pérdidas. La ganadería no corre con mejor suerte: se estima que al menos unos 2 mil ganaderos requieren de apoyo gubernamental (Debate, 6 de agosto). Las pérdidas en la producción agropecuaria significan más pobreza y más hambre. El Congreso del estado, a través de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal, llevó a cabo el panel “Impactos de la Sequía en el Sector Agroalimentario”, donde se estableció que el 70 por ciento de la población rural vive con mala alimentación por diversos factores, entre ellos, la sequía que tiene múltiples impactos negativos en la vida comunitaria. (Plano Informativo, 11, agosto).
El CONEVAL publicó que la pobreza y el hambre subieron sensiblemente en 2020. Los datos pueden ser peores actualmente por las implicaciones de la inflación. En aquel año: 4 de cada 10 potosinos presentaban algún tipo de inseguridad alimentaria (CONEVAL, 2020). ¿Cuántas personas se han sumado a esta dolorosa cifra? Algunos apologetas morenistas (incluidos los disfrazados de verdes) dirán, con cierta razón, que la inflación y la sequía son problemas ajenos a su grupo político. En su origen, sí, pero en la profundización no. La causa de la pobreza es la influencia cada vez más presente del mercado en el alivio de necesidades sociales, es decir, la salud y la educación, por ejemplo, no son garantizadas por el Estado, sino que se resuelven, si se tiene la solvencia económica necesaria, por la vía privada. La alimentación y la producción agrícola dejan de ser, en el terreno de los hechos, incumbencia del Estado.
Con la 4T, el apoyo al campo disminuyó la de por sí raquítica inversión gubernamental al campo. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) en 2022, a la SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) se le destinaron 53 mil 88 mdp, presupuesto sensiblemente menor a la administración de Peña Nieto: un 14.4 por ciento menos (Buzos de la noticia, octubre, 2021).
Por lo visto, los gobiernos estatales en San Luis Potosí no rompen esta tendencia. La forma en que se presenta este abandono es bajo la simulación; el acercamiento con las necesidades de la gente es más bien publicitario y artificial que efectivo. Sus prioridades hasta ahora no son el combate efectivo a la pobreza. El Gobierno del estado en un día promociona, en redes sociales, 25 notas relacionadas con espectáculos de la FENAPO, y sólo 5 anuncian otras acciones de gobierno, es decir, 84 por ciento de la publicidad tiene que ver con farándula y estrellas musicales. Desgraciadamente, el desaburrimiento no es combate a la pobreza. Las acciones de gobierno deben tener prioridades, no puede haber contrastes: la popularidad también se construye con planes que atiendan de raíz problemas más torales como la pobreza.
Para revertir esta situación, los productores campesinos tienen pleno derecho para organizarse legalmente y solicitar ante las instancias correspondientes apoyos que ayuden a solventar las consecuencias de la sequía. Y el gobierno estatal, por su parte, debe estudiar y atender de forma eficaz esta problemática, sin aspavientos y de forma respetuosa. El bienestar de la población más humilde es el pilar de la paz social, con ello, la inmigración, la violencia y la marginación no existirían.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario