Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, tenemos derechos humanos básicamente por existir como seres humanos. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, genero, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. 

Los derechos humanos varían, desde los más fundamentales, como el derecho a la vida, a la educación, hasta los que dan valor a nuestra vida como la alimentación, el trabajo, la salud y la libertad.

En México, la protección a los derechos humanos se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustraigo parte del contenido del artículo uno que a la letra dice:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley…”.

Estos derechos, establecidos en la ley de leyes, deben ser garantizados por las autoridades de cualquier nivel; pero, lejos de ello, han sido pisoteados por el régimen del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

La administración municipal de Ecatepec sigue puntualmente la política de oídos sordos de su jefe, el que habita el Palacio Nacional, cerrándose a dar satisfacción a las necesidades más sentidas de los habitantes de más de 70 colonias con alto índice de marginación. Entre ellas figuran las siguientes: Luis Donaldo Colosio, Potrero del Rey, Golondrinas, Ciudad Cuauhtémoc y la Laguna de Chiconautla, entre otras. En esta última se agudizan las necesidades pues ante la falta de drenaje, pavimentación y otros servicios elementales, en las temporadas de lluvia se inundan más de 500 calles que conforman esta colonia de más de 25 mil habitantes.

En el artículo tercero de la constitución señala, en el primer párrafo que “toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia”. 

¿La administración que encabeza el presidente municipal Fernando Vilchis garantiza estos derechos? La respuesta la pueden dar cientos de estudiantes de diversas preparatorias y secundarias establecidas en colonias marginadas, afiliados a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), que han ingresado su pliego petitorio en el que piden ser consideradas sus escuelas para que se les dote de: equipos de cómputo, laboratorios de ciencias, construcción de bardas perimetrales, redes de agua potable, etcétera. Todas esas peticiones fueron archivadas bajo el argumento de “falta de presupuesto”, pero lo más seguro es que fueron a parar al bote de la basura.

Es importante señalar que el presidente municipal, Fernando Vilchis, no solo vulnera el derecho a la educación plasmado en el artículo tercero de la ley citada, sino también en lo establecido en el artículo 4º: el derecho a la protección a la salud, a un medio ambiente sano; al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. La vivienda digna de los trabajadores, tampoco es motivo de preocupación para su gobierno. 

Para gozar de los derechos consagrados en la carta magna, vecinos organizados en el Movimiento Antorchista ingresaron un pliego petitorio al Ayuntamiento, desde noviembre del año pasado; reiteradamente hemos acudido al municipio para solicitar solución a las necesidades más sentidas de los habitantes de las colonias mencionadas en los párrafos anteriores. Como era de esperarse, no se han dignado recibir a las comisiones que han solicitado, ni han dado respuesta a las mismas, con lo que violan flagrantemente lo dispuesto por el artículo 8º, segundo párrafo, que a la letra dice: “A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”.

Sobre la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio garantizado por el artículo siete; también es violado este precepto constitucional, pues ante la nula respuesta a las demandas de obras y servicios, los vecinos se dieron a la tarea de difundir a través de volantes sus inconformidades ante la insensibilidad del presidente municipal morenista. La reacción del alcalde no tardo en manifestarse enviando a la seguridad pública para detener a los infractores del Bando Municipal privándolos de su libertad, presentándolos como los peores delincuentes ante la oficialía conciliadora de las Américas a efecto de ser sancionados con arresto de 36 horas o el pago de una multa excesiva de $ 4500.00 (cuatro mil quinientos pesos), violando además lo que señala el art. 21 párrafo quinto, “si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día”.

En todos los casos de privación ilegal de la libertad se exigió la libertad inmediata, argumentando la libertad de expresión, de organización y de difusión mismas que fueron pisoteadas por esta autoridad en turno, aplicando la multa excesiva ya descrita.

Por todos los atropellos a los derechos humanos de los habitantes de colonias pobres y alumnos de diversas instituciones educativas, debemos seguir en el camino de la lucha organizada, en el entendido de que nuestras demandas son justas y además se encuentran consagradas en la ley suprema.