El 1 de diciembre de 2018, en su mensaje a la nación desde el zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reafirmó 100 compromisos, ante el pueblo de México, entre los cuales señaló que: “Habrá un auténtico estado de derecho. A nadie le estará permitido violar la Constitución y las leyes y no habrá impunidad, fueros ni privilegios”.
Sin embargo, hace unos días se cumplieron dos años del derrumbe de un paso elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ya que la estructura de una trabe y los dos vagones finales de un tren cayeron sobre avenida Tláhuac, que dejó 27 víctimas fallecidas y decenas de heridos.
López Obrador prometió, en junio de 2021, que la rehabilitación del Metro quedaría “a más tardar en un año” y que también se iba a concretar el caso judicial. De nueva cuenta, volvió a incumplir ambos compromisos.
A dos años de la tragedia, familiares de las víctimas han denunciado opacidad en los acuerdos reparatorios con el gobierno de la Ciudad de México ya que aseguran se concretaron de manera engañosa y a favor de la constructora Grupo Carso, por lo que emprenderán acciones legales contra los mismos. Al tiempo que, anunciaron la creación de la Asociación de Víctimas de la Ciudad de México.
“Sigue una lucha de justicia real que busca obtener conforme a derecho y en unión, pues la cobertura de gastos médicos y psicológicos y sus necesidades básicas para subsistir dependen de lo que generan día a día, después que todo les cambió hace 24 meses. Al igual que hace dos años exigimos que la investigación llegue a Florencia Serranía, que sea presentada ante los tribunales, para que responda por la tragedia que sigue con un velo de impunidad que ha tendido la jefa de gobierno, que ahora pretende llegar a la presidencia del país”, señaló Marisol Tapia, mamá de una de las víctimas.
A principios de este año, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que, aunque no había una fecha concreta para la reapertura del tramo elevado, será a finales de 2023. Y eso que, anteriormente, la promesa de la funcionaria había sido abrirlo en el primer semestre de 2023. En concreto, hasta el día de hoy, ni justicia ni Metro.
Un ejemplo más. El pasado 27 de marzo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) ocurrió un incendio que dejó como saldo 40 extranjeros muertos y 25 lesionados. Los hechos se volvieron nota internacional y decenas de organizaciones aseguraron que la política migratoria de México es cruel e inhumana y acusaron que los centros migratorios son más prisiones que refugios.
A través de videos y fotografías que han ido registrando los diferentes medios de comunicación se da cuenta que la tragedia se pudo evitar, pues cuando el siniestro inició, los migrantes fueron ignorados y se quedaron encerrados dentro de una celda, donde los mantenían retenidos. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tuvo que reconocer que efectivamente el personal que laboraba en el centro migratorio los encerró y ellos en protesta, incendiaron las colchonetas y las autoridades no accedieron a abrirles. Investigaciones de la Fiscalía General de la República detectaron que, en marzo de 2020, hechos similares ocurrieron en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, donde una persona murió y 14 resultaron lesionadas.
Ante estos sucesos, el clamor popular es que haya sanciones e investigaciones adecuadas, pero que no solo se haga a nivel operativo. Es necesario que también se sancione en los más altos niveles, a quienes llevan la política migratoria del país, entre ellos, Francisco Garduño, titular del INM, quien es un personaje muy cercano al presidente de la república.
También aquí, López Obrador ofreció que no habría impunidad por la muerte de los migrantes. Y aunque recientemente al funcionario se le imputaron delitos por ejercicio indebido del servicio público, pese a todo, su amigo sigue operando como titular del INM y por tanto cobrando religiosamente su salario y la única medida cautelar que determinó el juez de control que lleva el caso, es que se presente a firmar cada 15 días.
Estos dos casos son una pequeña muestra de que en este sexenio se aplica la justicia de manera selectiva. Mientras se persigue, calumnia y ataca a diversos medios de comunicación, organizaciones sociales y periodistas e incluso a todos ellos se les espía.
Se ha llegado, incluso, a encarcelar a políticos opositores, hechos que huelen más a venganzas políticas, que a un verdadero interés de hacer justicia. Cínicamente repite una y otra vez, que su gobierno no es como los anteriores, pero a sus familiares, amigos y partidarios los protege y les otorga impunidad.
Más pronto que tarde, los mexicanos terminarán de darse cuenta que han sido víctimas de la manipulación y el engaño y en lo que eso sucede, hay que continuar organizando y educando a quienes habrán de construir una sociedad más justa y más equitativa para todos.
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