Querétaro, es uno de los Estados más importantes del país, pues se ubica en una zona industrial que genera desarrollo económico, a pesar de ello, también ha aumentado la pobreza a secas y la pobreza extrema en estos últimos años, sin embargo, las cifras oficiales según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), ha incrementado de 2018 a 2020 con respecto a los ingresos, de la siguiente manera: en el 2018 habían 766,700 habitantes en pobreza, representa el 33.5%, en 2020 incrementa a 956, 100 habitantes, el 39.9%, 189,400 pasan a engrosar las filas de la pobreza; en el 2018 habían 115,900 habitantes, el 5.1% en pobreza extrema y en 2020 son 200,700, el 8.4%, incrementó el 3.3%, es decir, 74,100 habitantes pasaron al rango de pobreza extrema. Esto significa que lejos de reducir los porcentajes se han incrementado en tres años.
En la capital, principalmente en la periferia, también existen zonas marginadas carentes de los servicios más elementales en materia educativa, de salud, de seguridad social, de vivienda y en particular de infraestructura de los servicios más elementales para la vida del ser humano, desgraciadamente no se atienden como es debido, se le da prioridad a las zonas céntricas, turísticas o que se encuentran reconocidas como zonas regulares, haciendo a un lado los cinturones de miseria, los que viven en ejidos, parajes, o colonias “irregulares”, a éstas últimas se les llama así, porque no están reconocidas oficialmente y por tanto “no tienen derecho a ser contempladas” en los programas gubernamentales, ni en la planeación del desarrollo urbano municipal.
Ante las múltiples gestiones que realizan los habitantes de dichas colonias populares, las respuestas que reciben de los funcionarios públicos son, “no se puede porque no hay recursos” (¡sic!), sin embargo, los gobiernos cuentan con presupuesto generado por el pueblo, y distribuido a través del gobierno federal, y este distribuye a los estados y a su vez a los municipios.
Para demostrarlo se presentan los siguientes datos: según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el presupuesto de egresos de éste año fue de 6 billones 295 mil 736.2 millones de pesos, al Estado de Querétaro se le asignaron $39,326,100,768 ( Treinta y nueve mil trescientos veintiséis millones cien mil setecientos sesenta y ocho pesos), que a su vez, éste se distribuye entre los municipios, correspondiéndole a la capital un monto de 4,808 millones de pesos, además se suma el ingreso municipal de todos los contribuyentes por pago de servicios. Como podemos observar, recursos hay, y con ellos se deben resolver las múltiples necesidades que la sociedad demanda.
Afortunadamente a los mexicanos nos rige una Constitución Política, que es la ley fundamental del Estado que determina los derechos y deberes de los ciudadanos, por tanto, nos amparan las garantías individuales y que muchos desconocen, pasan desapercibidas por aquellos que deben acatarlas y hacerlas cumplir, son los gobiernos en sus diferentes jerarquías (federal, estatal y municipal), quienes las manipulan de acuerdo a intereses propios, de clase o del grupo que se encuentre en el poder, de tal manera que no se aplican correctamente, violados los derechos constitucionales.
En nuestra Carta Magna, en el artículo 4, en un párrafo dice: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a dicho servicio… Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, y sano esparcimiento para su desarrollo integral.” Con base en estos postulados, los ciudadanos tienen el derecho de solicitar los servicios más elementales como el agua potable, el drenaje sanitario, la energía eléctrica, etc., para mejorar sus condiciones de vida, porque así lo marca la ley.
Y entonces las preguntas son ¿por qué no se atienden las necesidades que se solicitan, porque si el gobierno cuenta con los recursos suficientes no resuelve? ¿por qué existe tanta burocracia para brindar un servicio que se va a pagar? Desgraciadamente, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace en el terreno de los hechos.
Para muestra un botón, en la comunidad de La Solana (está dividida en Trojes y San Juan) aproximadamente 100 familias no han logrado realizar el contrato de agua ante la CEA, llevan varios años intentándolo de manera individual, pero no han tenido éxito, porque la ley marca como requisito que deben presentar una escritura o un título de propiedad, pero da la casualidad que en toda la zona no se tiene como tal, por tener un origen ejidal, se tiene escritura de toda la parcela, pero no hay documento que acredite la subdivisión, son tierras que se les han heredado a los familiares y que en la actualidad ya son varias familias las que integran el solar, solo cuentan con una sola toma de agua para todos, pero tampoco pueden abastecer a todos porque los multan, se encuentran en una encrucijada, pero lo curioso del asunto, es que hay familias en la misma situación, viven en las mismas calles y sí cuentan con el servicio, entonces la interrogante es porque con unos sí se puede y porque con otros no?
El agua es vital para el ser humano y hoy en estos tiempos de pandemia aún más, ya vamos para dos años y hasta el momento no se ha brindado una alternativa de cómo pudiera resolverse el problema de las tomas de agua. Por otro lado, también en ese mismo lugar se carece de un buen servicio de drenaje, con las fuertes lluvias que han caído se han concentrado las aguas negras formando lagunas pestilentes, que con el tiempo se forman focos de infección provocando daños a la salud.
En la localidad de San José El Alto, la Colonia San Ángel, Unidad Antorchista Melchor Ocampo entre otras, vecinos se han inundado sus casas, pero por estar en zona “irregular” no se atienden los problemas que fueron notificados, argumentando que no se dan abasto, que el gobierno municipal no cuenta con suficiente maquinaria, que la prioridad son otras zonas.
En conclusión, las leyes se aplican sólo al servicio de los gobiernos en turno, no para el beneficio de la sociedad en general, a pesar de que la ley dice que todo mexicano tiene derecho a una vida digna, en los hechos, no todos los mexicanos vivimos dignamente, los recursos del pueblo que administra el gobierno, no se distribuye equitativamente en beneficio de todos. Por lo que no nos queda otra alternativa que continuar en la lucha, unidos y organizados.
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