Escribía yo en mi colaboración anterior que son varios los factores que están influyendo en la decisión de los estudiantes de un pronto retorno a clases presenciales: a) que las clases a distancia, virtuales o por televisión carecen de una base pedagógica en comparación con las clases presenciales; b) que se hicieron gastos adicionales como compra de teléfonos inteligentes y/o contrato de servicios de internet fijo o compra de internet WIFI con fichas de prepago; c) que 5.2 millones de los estudiantes de entre tres y 29 años de edad ya no continuaron su ciclo escolar 2020–2021, porque sus padres perdieron su empleo y muchos de ellos tuvieron que apoyar a la familia; d) otros más abandonaron sus escuelas porque no tuvieron dinero para la compra de un dispositivo electrónico o los que lo tenían no pudieron pagar el servicio de internet, etc. A esta lista larga de problemas, se sumaban otros de índole físico y psicológico como el aumento de miopía, fatiga ocular, astigmatismo, pérdida de atención, ansiedad, estrés y depresión.
Si atendemos únicamente estos problemas, que se derivaron naturalmente por la pandemia y el cierre de las escuelas, sin considerar la salud de los niños y adolescentes, resulta por demás justo el reclamo de los padres y de sus hijos de un regreso urgente a clases presenciales. Así lo demuestra la reciente Encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la que señala que seis de cada 10 estudiantes de entre 6 y 18 años de edad desean un regreso pronto a sus aulas. Pero en ningún momento se cuestiona acerca de si las condiciones en las que se encuentran los centros educativos son las adecuadas para un retorno seguro a clases. La misma Secretaría de Educación Pública (SEP) después de un año y dos meses desde que apareció la covid-19 no ha presentado un plan de remosamiento o construcción de nuevas aulas para guardar la sana distancia, mucho menos ha proporcionado un presupuesto para la compra de jabones, cubrebocas, oxímetros, termómetros infrarrojos para detectar a sospechosos de la covid-19; tampoco ha considerado pruebas para Covid-19 y mucho menos ha planteado cómo reducir el 40 por ciento del contagio que se generaría cuando los niños y jóvenes entren en contacto. A toda esta lista de necesidades hay que agregar que 46 mil 515 escuelas, es decir, el 23 por ciento de todos los planteles del país, no cuentan con agua, como lo denunció el subsecretario de Educación Básica de la SEP, Marcos Bucio Mújica, ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el 10 de julio del 2020. Es decir, una quinta parte de los planteles a nivel nacional carece de ese líquido vital para una adecuada sanitización, lo cual eleva el riesgo de contagio.
Ante este panorama, en efecto, el riesgo de contagiarse del virus SARS-CoV-2 es muy alto si los alumnos regresan en estos momentos a clases presenciales como lo está proponiendo la SEP. Además de que los niños y adolescentes representan el 94.3 por ciento de toda la planta estudiantil contra el 5.7 por ciento de los maestros que ya fueron vacunados (Principales cifras del sistema educativo nacional 2019–2020). Lo que implica que los estudiantes al entrar en convivencia escolar, si uno resultara infectado, el grado de contagio aumentarían significativamente. Así pues, por cualquier lado que se le busque no hay garantía de un regreso seguro a clases en el mes de junio o agosto como lo ha planteado la SEP. Cierto es que la enseñanza no es la misma, cierto es que los niños tardan más en aprender a leer y a escribir y que el grado de aprendizaje en todas las áreas de la ciencia ha disminuido, sobre todo en las que corresponden a las ciencias exactas como matemáticas, física y química, pero es cierto también que la salud de todos ellos está primero. Los niños y adolescentes, aunque en menor grado en comparación con los adultos, son también vulnerables al Covid-19 y hay bajas significativas en sus filas, como lo deja ver el reporte proporcionado por el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con corte hasta el 30 de mayo: “a nivel nacional hasta el 30 de mayo se reportó un total de 52 mil 141 casos positivos, 580 sospechosos y 563 defunciones” (Pueblaonline, 4 de junio del 2021). De esa lista destacan los casos del Estado de México, Baja California y Puebla, con 86, 42, y 38 fallecidos, respectivamente. Sí, amigo lector, 563 defunciones con los niños y adolescentes todavía “confinados”. Ahora imagínese cuando todos en masa entre en convivencia, el número de contagiados y muertes aumentaría indudablemente.
¿Esto es lo que quiere la SEP y el presidente de la República para los niños y adolescentes? ¿Más muertes sumados a los más de 228 mil acumulados? Los mexicanos y padres de familia deberían reflexionar seriamente sobre un nuevo genocidio que está a punto de ocurrir. Sobre estos hechos preocupantes deberían reflexionar la SEP y el gobierno federal para hacer un plan serio de un regreso seguro a clases y dejar ya de improvisar. Son medidas necesarias y de vida o muerte que deben aplicarse si realmente se desea regresar a clases presenciales. Pero como las condiciones de infraestructura educativa no están dadas, no hay espacios suficientes para guardar la sana distancia, no hay agua para lavarse las manos, en las zonas rurales las escuelas son casuchas, no hay jabones, ni cubrebocas suficientes, mucho menos gel antibaterial y ya no se diga de oxímetros, etc., la SEP debe plantearse en serio la adquisición de vacunas, sin descuidar lo anterior, para todos los estudiantes de todas las edades, comenzando por aquellos que tienen un rango de edad de 12 a 15 años, dado que para éstos ya está disponible la vacuna BioNTech-Pfizer.
Estas indicaciones son las que hay que obedecer y las que hay que poner en acción de inmediato. Desobedecerlas es ser cómplice del genocidio, es estar de acuerdo con la inmunidad de rebaño, donde los más pobres que somos considerados desechos de la sociedad pereceremos indudablemente ante esta pandemia. El presidente de la República y la SEP, por sus acciones, son cómplices de este nuevo genocidio “virósico”, como lo dijo el Papa Francisco porque no defienden a su pueblo de la covid-19, y ahora el genocidio lo quieren aplicar en los niños y adolescentes. En el fondo, aunque no lo digan, son actores de este holocausto “virósico” y promotores de una política de exterminio de los más pobres de todas las edades. Los estudiantes organizados en la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), padres de familia y toda la masa estudiantil, incluido los profesores, debemos evitar a como dé lugar este genocidio “virósico”.
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