* Los residentes denuncian cobros exorbitantes e injustificados con un servicio precario
Querétaro, Qro. Habitantes de la colonia San Ángel, organizados en Antorcha, se movilizaron hacia las oficinas de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) para exigir justicia en los cobros del servicio de agua potable, el cual reciben de manera precaria mediante dos hidrantes.
Los residentes denunciaron que los cobros realizados en los últimos meses son exorbitantes e injustificados. Mientras que en meses anteriores se pagaban montos de 2 mil y 4 mil pesos por el uso de los hidrantes, en noviembre las cifras se dispararon: uno de los recibos llegó a 15 mil pesos y el otro mantuvo el cobro habitual de 4 mil.
Para diciembre, las tarifas fueron aún más alarmantes, con montos de 30 mil y 19 mil pesos, sumando un total de 49 mil que los vecinos catalogaron como un abuso que vulnera su economía y su derecho al agua.
La problemática de San Ángel no es un caso aislado, sino un reflejo de la crisis hídrica que enfrenta Querétaro. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más del 10 % de las viviendas en el estado carecen de acceso regular al agua potable, una cifra que se eleva en zonas marginadas y colonias irregulares, particularmente en la capital del estado, donde el crecimiento urbano descontrolado ha generado una demanda insostenible de servicios básicos.
Durante la comisión, los afectados lograron que la CEA reconociera las irregularidades en los cobros y se comprometiera a ajustar los pagos de noviembre y diciembre a las tarifas habituales. Además, se acordó que, a partir de ahora, los cobros se realizarán con base en un medidor para evitar futuros abusos.
Por otro lado, la CEA se comprometió a desarrollar un proyecto preliminar para la introducción del servicio de agua potable en la colonia, un paso que los vecinos consideran necesario pero insuficiente ante años de rezago y abandono.
Querétaro enfrenta un reto doble: la falta de infraestructura para atender a una población en constante crecimiento y una gestión hídrica que prioriza los intereses económicos sobre el bienestar social.
En este contexto, las colonias irregulares como San Ángel son las más afectadas, pues quedan excluidas de los planes de desarrollo urbano y dependen de sistemas alternativos y costosos que perpetúan su situación de vulnerabilidad.
La movilización de los vecinos de San Ángel pone en evidencia la desconexión entre las necesidades de la ciudadanía y las políticas públicas en materia de agua. Si bien la CEA ofreció soluciones a corto plazo, los habitantes exigen una intervención de fondo que garantice el acceso equitativo y digno al agua potable.
Esto no se trata sólo de pagos, se trata de que tenemos derecho al agua como cualquier otra colonia. No podemos seguir dependiendo de parches, queremos soluciones reales, expresó Rosa Morales, líder antorchista en la capital queretana.
El caso de San Ángel abre la puerta a un debate más amplio sobre el manejo del agua en el estado y la necesidad de garantizar que las políticas públicas tengan un enfoque social y no sólo económico.
En un año preelectoral, este tipo de conflictos podría convertirse en un punto clave para exigir a las autoridades respuestas claras y compromisos tangibles para combatir la desigualdad en el acceso a servicios básicos.
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