Creo que nadie duda que es necesario que los estudiantes regresen a las aulas, pero debemos analizar si existen las condiciones necesarias que garanticen un retorno seguro.
Hasta el día de hoy, en Veracruz se han contagiado 101,291 personas, de estos, 4,838 son recientes y 11,777 personas han fallecido por covid-19 (dato proporcionado por la Secretaría de Salud de Veracruz al 27 de agosto 2021), cifra que crece de manera importante y que con la variante Delta el riesgo de contagios en lugares cerrados aumenta exponencialmente, por lo que no solo se pone en riesgo a los estudiantes sino a sus familiares, sobre todo, a los que no han sido vacunados; en estos momentos es de mayor importancia el avance de la vacunación en la población faltante.
Actualmente, en el país se tiene un avance del 26% de personas con el esquema completo de vacunación (dos dosis) y un 45% tienen solo una dosis aplicada y se espera que México entre a la cuarta ola de contagios por covid-19 en octubre. De acuerdo con el Instituto de Métricas y Evaluación (IHME) de la Universidad de Washington, al 31 de octubre 48% tendrá un esquema completo y un 59% de la población tendrá una dosis, lo que implica que no se cumpliría la meta que anuncio el presidente Andrés Manuel López Obrador, de tener a toda la población mayor de 18 años vacunada con al menos una sola dosis para el próximo mes de octubre. Y de seguir así las cosas, la vacunación en México podría extenderse hasta el 2022.
El Gobierno de México hasta el día de hoy descarta aplicar la vacuna contra la covid-19 a los menores de edad que están convocados por las autoridades a regresar a clases el próximo lunes, pese al aumento de casos registrados, bajo el argumento de que los niños y adolescentes tienen un menor riesgo de ser hospitalizados y morir.
Existen opiniones como la de Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, quien considera que la reapertura de los centros escolares debe basarse (entre otros factores) en un análisis de la intensidad de la trasmisión en el lugar donde se pretenda abrir las escuelas, entre ellas, el lugar de residencia de los estudiantes y medios de transporte para llegar a los centros educativos. Por lo tanto, la reapertura no puede ser generalizada, debe estar basada en una evaluación de riesgo local, la situación epidemiológica, la capacidad de respuesta, la disponibilidad de los servicios de salud y las condiciones propias de los centros educativos de todos los niveles. Se requiere de una vigilancia epidemiológica y el diagnóstico rápido con el fin de tomar medidas oportunas para reducir la trasmisión si aparece.
La Secretaria de Educación considera que el comité que conformen los padres de familia y maestros será el que revisará que los estudiantes no estén enfermos, asume que hay agua, luz y que los padres de familia cuentan con recursos para la compra de gel, cubrebocas, material de limpieza y mantenimiento del edificio escolar. Sin embargo, hay escuelas de zonas populares y marginadas donde los padres de familia no tienen los recursos económicos necesarios, las escuelas no cuentan con los servicios básicos, materiales e insumos que garanticen un regreso seguro; además de que fueron vandalizados varios planteles educativos.
El gobierno debe garantizar la vacunación de todos los estudiantes, que las escuelas estén bien equipadas, destinar recursos para reparar la infraestructura, dotar de material suficiente para mantener la limpieza e higiene y asegurarse de que cuenten con servicios elementales como agua potable y luz eléctrica, pero no quiere gastar. Las escuelas siguen siendo vulnerables, por lo tanto, estamos menos preparados y más indefensos frente a la covid-19.
Prevenir requiere políticas públicas más integrales a mediano y largo plazo, también se requiere de inversión de recursos, dichas tareas le corresponden al gobierno federal y estatal en turno. El Gobierno debe garantizar las condiciones para un regreso a clases seguro, pero como siempre la responsabilidad recae en los maestros y padres de familia para cubrir esas condiciones.
Los padres de familia y docentes que intenten regresar a las aulas deben analizar muy bien cómo garantizarán que se lleve a cabo un regreso a clases seguro, pues los que arriesgaran su salud y su vida son ellos junto con sus hijos.
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