Hace tres semanas los niños y adolescentes de varios estados de la Unión Americana regresaron a clases presenciales, pero, a pesar de los diversos controles sanitarios, el número de contagios y muertes entre los menores creció aceleradamente, lo que obligó a diversos centros educativos dar marcha atrás a la medida. En México nos encontramos a escasos días para el regreso presencial de los niños y aunque tenemos la experiencia reciente de nuestro vecino del norte, las autoridades siguen alentando la reapertura sin que exista un verdadero plan gubernamental para detener la acelerada cadena de contagios de covid-19.
De acuerdo con la Academia Estadounidense de Pediatría, la semana del 12 de agosto (segunda del regreso a las aulas), Estados Unidos detectó 120 mil menores infectados de covid-19; la semana del 19 alcanzó la cifra de 180 mil y 24 niños fallecidos; mientras, los hospitales para menores y las Unidades de Cuidados Intensivos se saturaron rápidamente, aun cuando todo el personal docente y administrativo estaba vacunado y se aplicaron diversas medidas para evitar los contagios: sanitización antes de ingresar a la escuela, uso de gel antibacterial, toma de temperatura, pruebas rápidas semanales, ventilación, entre otras disposiciones).
En México, tras 53 semanas de cuarentena obligada, el Gobierno morenista ha ordenado el regreso de los niños por lo que pronto saldrán de sus casas, volverán a viajar constantemente en transporte público y a convivir en las aulas y espacios escolares con sus compañeritos, pero ante un escenario totalmente diferente al de marzo de 2020, pues, al 28 de agosto de este año, el país alcanzaba 257,150 muertos de covid-19, 3,311,317 contagios y vive el pleno pico de la tercera ola y la amenaza de la variante Delta altamente contagiosa.
El llamado generalizado al regreso presencial a clases por parte del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y su secretaria de Educación, Delfina Gómez, deposita la responsabilidad y cuidado principalmente en los padres y los maestros, y se hace a un lado de garantizar los derechos humanos a la vida, a la salud y a la educación de los niños, que por mandato constitucional le están conferidos al Estado mexicano.
No existe una coordinación real entre los gobiernos federal, estatales y municipales, los padres de familia y los maestros. Algunos mandatarios estatales y municipales advierten que el retorno voluntario, escalonado o mixto, no será como lo dispone el presidente; 90 por ciento de los profesores está en desacuerdo con la vuelta presencial, pues, aunque ellos estén vacunados, no hay garantía de que los niños no los contagien y ellos a su vez a sus familiares y viceversa, (hay profesores que están siendo obligados a volver a las aulas sin haber recibido el pago por los servicios prestados), pero, sobre todo, no están capacitados para responder oportunamente a una emergencia relacionada con esta enfermedad; los hospitales para menores están saturados; la economía de las familias está bastante lesionada; las escuelas no cuentan con el material sanitario necesario para garantizar que los niños estén libres del virus y, encima, el Gobierno le vuelve a cargar la mano a los padres, pues no sólo deberán hacerse cargo de sus hijos, sino también del mantenimiento de las instalaciones educativas.
Aunque el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, doctor Hugo López-Gattel advierte que se están disminuyendo los contagios y la secretaria de salud de la Ciudad de México, Olivia Arellano, asegura que “sí hay transmisión comunitaria, pero la positividad de 22 ha disminuido a 14 por ciento”; científicos mexicanos y de diversas partes del mundo como la doctora Malgorzata Gasperowicz, bióloga del desarrollo e investigadora de la Universidad de Calgary, Canadá advierten, basados en la evidencia, que “si tenemos transmisión comunitaria, no es seguro reabrir las escuelas, y punto. A menos que no haya transmisión, no deberíamos reabrir las escuelas para clases presenciales. Si combinamos las vacunas y las medidas de salud pública... podemos acabar con ella”.
El Gobierno morenista continúa desestimando la vacunación contra covid-19 en los menores bajo el argumento de que no corren riesgo de ser hospitalizados y morir, y, por tanto, el impacto futuro de la covid-19 sobre ellos. Si la nueva normalidad es aprender a vivir con este nuevo coronavirus y sus mutaciones, hay formas menos lesivas a las que está implementando el Gobierno. Si la tercera ola de la pandemia se está desacelerando -ahora que la mayoría de los niños está en sus hogares-, nada bueno debemos esperar de la vuelta a las aulas de los más de 25 millones de niños y adolescentes y de la gente con la que lleguen a tener contacto y que no cuentan ni con vacuna. Los contagios y las muertes de los menores son ya un problema público y un asunto que compete atender, en primerísimo lugar, al Gobierno, con la seriedad y el rigor necesario, de lo contrario, los 726 niños y adolescentes mexicanos muertos de covid-19 serán sólo los primeros de la política criminal AMLO. “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, dice el adagio popular. Ojalá el presidente esté esterado de lo que pasa en Estados Unidos y escuche los miles de voces de alerta, y no sea recordado como el mandatario que ordenó la muerte de miles de niños mexicanos por su falta de una correcta planeación.
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