La política migratoria impuesta por el Gobierno de México ha sido todo menos efectiva; se calcula que más de 190 mil migrantes han pisado territorio mexicano entre enero y septiembre, el triple que en 2020.
A pesar de la promesa de defender los derechos de los migrantes y darles pronta atención, el gobierno de la 4T ha desplegado elementos de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración y policías estatales, evidenciando un ambiente de represión.
La política migratoria de México y Estados Unidos empeoró la situación de miles de migrantes en la frontera sur y norte de México, con lo que ha demostrado ser un completo fracaso, ya que expuso a los migrantes y a los solicitantes de asilo a mayores riesgos de seguridad y salud pública; orilló al sistema de asilo del país al borde del colapso; además, al incluir a la Guardia Nacional en esta política migratoria, los derechos humanos de los migrantes se vieron vulnerados y, en muchas ocasiones, violentados.
El domingo, la primera caravana de migrantes arribó a la Ciudad de México después de haber salido de Chiapas hace mes y medio. Los indocumentados se encontraron con un terreno de hostilidad y represión por parte del gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum, quien, a pesar de lo evidente, presumió que se atendería a más de mil personas en albergues proporcionarles alimentos, atención médica, pruebas de covid-19 y vacunas contra el coronavirus.
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