Nuevamente el gobierno del estado de Puebla es noticia, pero no por sus aciertos para remediar la terrible crisis económica del estado sino por el drástico recorte presupuestal aplicado a los ayuntamientos que generó la protesta de los alcaldes antorchistas de Atexcal, Ahuatempan, Ixcaquixtla, Cañada Morelos, Tepexi de Rodríguez, Huitzilan de Serdán, Ocoyucan y Tecomatlán.
Ellos, apoyados por algunos contingentes provenientes de los municipios afectados, exigieron que se reintegren de inmediato y de manera completa los recursos del Fondo General de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal, pues los recortes presupuestales aplicados son del 40 y 17 por ciento respectivamente; condenando, como es evidente, a la parálisis casi total a las administraciones municipales.
Dos son los conceptos principales en los que se aplican estos recursos, a saber, el primero en proporcionar servicios a la población: pago de energía eléctrica para el funcionamiento de los pozos de agua potable, alumbrado público, combustible para los camiones del servicio de limpia y para las camionetas de seguridad pública, mantenimiento de las instalaciones en general, apoyos a grupos vulnerables y a las autoridades auxiliares de las distintas comunidades y el segundo, es el pago de nómina de los trabajadores del gobierno municipal y las dietas de los integrantes del cabildo.
De acuerdo con la prensa, en los primeros cinco meses de este año, Puebla sufrió un recorte por parte de la federación de 561 millones de pesos, es decir, un 3.15 por ciento del total del presupuesto programado, que ascendió a 17 mil 807 millones de pesos; de manera que la Secretaría de Finanzas recibió cada mes, en promedio, 3 mil 449 millones de pesos; de los cuales, sólo destinan 531 millones de pesos (15.4 por ciento) para los 217 municipios y el resto, 2 mil 918 millones de pesos (84.6 por ciento), los administra Barbosa Huerta cada mes, en obras y acciones que no se ven ni se tocan.
De estos datos se deduce que, si a Puebla le redujeron el presupuesto sólo en un 3 por ciento, este descuento debiera aplicarse a todos los conceptos del presupuesto de egresos; no obstante, el recorte se aplicó en su totalidad a los municipios, lo que representa a todas luces una injusticia y una política financiera arbitraria que lesiona a la población, considerando que algunos municipios son de muy alta marginación, que no tienen ingresos propios porque se rigen por "usos y costumbres" y dependen totalmente de las participaciones que cada mes les debe entregar la Secretaría de Finanzas.
Ahora bien, a los ayuntamientos se les notificaron los recortes, se les recomendó prudencia en el manejo de los recursos y se les informó que conforme a las estimaciones de recaudación fiscal estas se verán afectadas por efecto de la emergencia sanitaria y su impacto en la actividad económica; información que contradice a la publicada en el portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) que anuncia con bombo y platillo que en el primer trimestre de este año aumentó la recaudación fiscal en un billón 3 mil millones de pesos lo que representa un 13.4 por ciento de aumento real.
A la luz de esta información, cabe preguntarse, ¿por qué si aumentó la recaudación fiscal a nivel federal se recortan drásticamente las participaciones de los ayuntamientos? ¿Por qué si a Puebla sólo le redujeron en un tres por ciento los recursos, la Secretaría de Finanzas aplica recortes del más del 50 por ciento a los ayuntamientos?
Para dar respuesta a estas preguntas se debe considerar un aspecto político: el próximo año se llevarán a cabo elecciones a diputados locales, federales y de presidentes municipales y es claro que se trata de empantanar a las administraciones municipales para que la crisis económica se convierta en crisis política y como consecuencia natural se desprestigien las distintas corrientes políticas, en especial los municipios presididos por autoridades antorchistas para debilitar su influencia entre la población; pues estas son las que a pesar de los exiguos recursos que administran, han realizado obra pública en todas las comunidades subalternas; proporcionan servicios públicos de calidad y atienden las necesidades y peticiones de la población para afrontar las consecuencias de la pandemia y de la crisis económica que ha debilitado las economías familiares.
Al resto de los alcaldes quizás no les hayan aplicado tan excesivos recortes presupuestales o les estarán dando otros recursos o programas como suelen llamarle, cuando menos a los de filiación morenista porque eso explicaría el por qué no protesten ante esta abusiva política financiera de Barbosa Huerta.
Es evidente que el recorte presupuestal aplicado a los municipios se suma a los recursos concentrados por el gobierno federal provenientes del endeudamiento con el Banco Mundial, con la emisión de instrumentos financieros y con la concentración de los recursos de los recién desaparecidos fideicomisos; montañas de dinero que serán utilizadas para la compra de conciencias en las próximas elecciones vía programas clientelares; pero que, difícilmente va a poder ocultar la quiebra financiera del país.
Es necesario y urgente dar la batalla para alertar al pueblo de esta nefasta política y convocarlo a formar un frente que aglutine a las masas empobrecidas, a las clases medias, a los empresarios progresistas, a los estudiantes y profesionistas, para que juntos, vayan a las elecciones del próximo año, como una sola fuerza que garantice el triunfo y que coloque en los puestos de elección popular a líderes capaces de construir un gobierno visionario que garantice el desarrollo de la economía; creando para todos, empleos con salarios bien remunerados, que dé prioridad al gasto social y que distribuya mejor la riqueza.
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