La Guardia Nacional cumplió el 30 de junio pasado cuatro años de su creación. La finalidad, según el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, frenar la violencia. Sin embargo, los datos propios del gobierno evidencian lo contrario, México vive una ola de violencia como no se había visto y la estrategia ha sido negarla en cada oportunidad.
La Guardia Nacional, según el presidente, sería una fuerza policial de carácter civil, dirigida por mandos civiles. Pero en la realidad, fue integrada por elementos del Ejército y la Marina, y violando la Constitución, encabezado por mandos militares –un exmilitar-.
Para ello, la mayoría de diputados de Morena avalaron modificaciones a las leyes secundarias para cumplir con los caprichos del presidente. Tenía además el aval de los jefes de la Marina y el Ejército, que no dudaron en aprobar la creación del nuevo cuerpo policiaco.
Así, la Guardia Nacional fue integrada en un principio por el ejército y la marina con la promesa de que en lo sucesivo serían sustituidos por policías civiles, pero esto no ocurrió. Apenas el año pasado, el propio presidente López Obrador en un arranque de autoritarismo, ordenó a los legisladores de su partido y aliados, que modificaran la Ley y trasladaran la administración de la Guardia a mandos militares. Pero la sociedad civil y partidos de oposición recurrieron a la Suprema Corte, quien declaró la inconstitucionalidad de la nueva legislación, razón por la que persisten las irregularidades.
En el contexto del cuarto aniversario, el Observatorio de la Guardia Nacional y Militarización en México presentó un informe en el que destaca que en “el actual gobierno ha incrementado, como ningún otro, la presencia y el poder de las Fuerzas Armadas, no solo en tareas de seguridad pública, sino en muchas otras que corresponden al ámbito civil”.
Según el informe, para entender la falta de resultados, de eficiencia y eficacia, de los 128 mil elementos que la propia GN reportó tener a finales del 2022, solo el 62 por ciento cuenta con formación inicial de policía, el resto trabaja como policía sin que la institución los preparara.
La asociación civil Causa en Común -una de las asociaciones que elaboró el informe- resaltó que el “Certificado Único Policial (CUP), que consiste en 3 exámenes: Control y Confianza, habilidades y destrezas y desempeño fue otorgado durante los cuatro años a 62 mil 629 de sus integrantes; es decir el 49 por ciento de sus elementos opera de forma irregular, por no contar con sus acreditaciones, lo cual podría tener impacto no solo en su actuación, sino también en la validez de su labor como primer respondiente”.
Senadores, entre ellos, el independiente Emilio Álvarez Icaza y del PRI, Claudia Ruiz Massieu coincidieron que el gobierno de la 4T ha utilizado a la GN con fines políticos más que para combatir la inseguridad y violencia. Además, de que, en estos cuatro años, se la destinó una cantidad de recursos públicos, lo cual no se ha traducido en mayor eficiencia operativa.
“Al cierre de 2022, la mayor cantidad de miembros de la GN se concentró en Ciudad de México con 20,605. Mientras que estados con violencia extrema como Chiapas contaba con 3,810, Michoacán 4,640 y Zacatecas solo con 1,402 elementos”, destaca Causa en Común.
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