Todos los mexicanos, todos, independientemente de su raza, religión o a la organización social a la que pertenezcan, tenemos derecho a solicitar a las autoridades gubernamentales que den solución a problemas sociales, de infraestructura o seguridad que padecen sus gobernados, y no es que estos quieran que el gobierno les solucione todo o que los mantenga, como se desliza en los comentarios de periodistas, conductores de programas de radio o televisión cuando se refieren a las peticiones que les hacen los ciudadanos. No, está totalmente equivocado quien tenga esa concepción.
Entre las obligaciones que los gobernantes tienen –ya sean federales, estatales o municipales– se encuentran: “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” de la gente que está bajo su mando político.
Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 1917, esos derechos humanos son las garantías individuales que todo mexicano tiene sin importar raza, sexo, edad, creencias religiosas o políticas, las cuales se encuentran contenidos en los 29 artículos primeros de nuestra Carta Magda y que todos los mexicanos deberíamos conocer a profundidad para poder exigir a los gobernantes, con conocimiento de causa, que velen por el bienestar de la gente, y no sólo es porque así se los exijan las leyes, sino porque así se venden en las campañas políticas que los llevan a ocupar altos puestos de elección popular: todos, todos, prometen que en sus gobiernos las cosas serán diferentes; que con ellos “ahora sí, la gente verá los beneficios”, pero generalmente esos discursos se quedan en eso, en discursos que sólo sirven para obtener el voto de la gente para llegar al poder, pero una vez en éste se olvidan de todo y de todos y sólo gobiernan para su beneficio y el de su partido político.
Para que eso no suceda, millones de personas han optado por organizarse con sus iguales para, entre todos, hacer valer los importantes derechos que la Constitución nos otorga de: manifestación, petición y libre organización, los cuales están contenidos en los artículos sexto, octavo y noveno de la Carta Magna y que, lamentablemente, el gobierno federal –sí, el de López Obrador y la 4T en sus manifestaciones estatales y municipales– han querido borrar del mapa, violando así los derechos humanos que tenemos y, por tanto, violando abiertamente la Constitución política mexicana.
Esas violaciones a la Constitución se manifiestan en las reiteradas expresiones que salen de boca del presidente López Obrador acerca de que: él no trata con organizaciones sociales, que los apoyos se dan de manera directa a los beneficiarios para que los líderes no se queden con “moches”.
Con ello, el presidente se emplea a fondo para que los apoyos directos cumplan el papel de “desorganizadores” de la gente; es decir, que la gente deserte de su organización social “al fin y al cabo, dice la gente, el presidente me da dinero” (que no sale de su bolsillo, sino de los impuestos de todos, que conste) y que también cumplen el papel de “tapar” la boca para que no se inconformen con nada y tampoco le exijan al gobierno que dé apoyos para vivienda, para rehabilitación de redes de agua potable o drenaje, elecrificación, clínicas, para medicamentos contra el cáncer o algún otro servicio público indispensable, los que cuales no se pueden solventar con los “apoyos directos” que actualmente recibe la gente a través de pensiones para adultos mayores o becas para estudiantes.
Muchas organizaciones sociales han desaparecido a causa de los ataques que recibieron del mandatario y de los apoyos directos con los que compró a su gente; pero, eso no ha sucedido con el Movimiento Antorchista Nacional a pesar de los reiterados ataques que le han hecho desde el púlpito presidencial. Desde el año 2018, López Obrador emprendió una sistemática campaña para acabar con esta poderosa organización social, pero no lo ha logrado no sólo porque sus acusaciones son falsas, sino porque los antorchistas saben que todo lo que dice el presidente es para acabar con el principal y fuerte adversario político que le hace sombra a su organización morenista, la cual emplea el dinero de la nación para manipular a la ciudadanía y hacer que vote por los candidatos de su partido y, por tanto, perpetuarse en el poder para seguir apoyando a la clase más rica y pudiente de México y no, como dice, para beneficiar a los más pobres.
Tanto en el país como en el Estado de México, Antorcha sigue siendo la organización social más fuerte, educada y politizada; así lo confirma su numerosa militancia que llega a millones de personas, las cuales saben que los apoyos directos que otorga el gobierno federal no son la solución para miles de problemas que sufren comunidades campesinas, urbanas, magisteriales y estudiantiles marginadas. Miles de mexiquenses padecen problemas que no pueden solucionar con los apoyos directos federales que reciben, pues ellos sólo les sirven para solventar algunos gastos individuales.
Todos sabemos que los problemas generales de infraestructura, educación, salud, cultura, recreación y deporte, sólo puede solucionarlos el gobierno del Estado de México con los recursos que la Federación le otorga para inversión en la entidad.
De pasada diré que, en el próximo año 2024, los recursos que la Federación le otorgará al gobierno del Estado de México ascenderán a 350 mil millones de pesos, los cuales tendrán que invertirse no sólo en gasto corriente y nómina de las dependencias gubernamentales, sino que los ciudadanos organizados en Antorcha solicitan, haciendo uso de su derecho de petición, en obras y servicios para beneficio de comunidades marginadas.
Por eso, el pasado 15 de noviembre, los antorchistas mexiquenses se presentaron en el Palacio de Gobierno de la entidad para entregar un documento en el que solicitan, a la gobernadora Delfina Gómez, que con los recursos que recibirá de la Federación atienda algunas necesidades apremiantes de sus comunidades.
En ese pliego petitorio están contenidas las necesidades de gente de 100 municipios, de los 125 que hay en la entidad, las cuales incluyen peticiones: fertilizante, apoyo al campo, proyectos productivos, reencarpetado de caminos, apoyo a la vivienda, pavimentaciones, encementado de calles, rehabilitación de centros de salud, equipamiento y rehabilitación de escuelas, dotación de terrenos para las mismas, construcción de aulas, sanitarios, bardas perimetrales, techumbres, bibliotecas; perforación de pozos, asfalto, introducción y rehabilitación de redes de agua potable, láminas galvanizadas, cárcamos, escrituración y títulos de propiedad, canchas deportivas, parques y espacios recreativos, entre otras.
Ninguna de las necesidades enlistadas es para beneficio de los líderes; por el contrario, la petición obedece al afán antorchista de que se resuelvan los problemas que actualmente padecen mexiquenses de los más humildes y desamparados
Esas necesidades no son inventadas, son problemas de la gente, mismos que debe solucionar el gobierno estatal. “Antorcha pide que el gobierno haga las obras; no queremos que nos den dinero ni queremos `moches´, sólo queremos que la maestra Delfina Gómez Álvarez y su administración se ocupe de resolver esos problemas. Esperamos que lo haga y resuelva esos problemas. En Antorcha siempre hemos luchado para que la gente viva mejor; por eso sólo pedimos obras y servicios, no dinero”, dijo enfático el dirigente Antorchista mexiquense, Brasil Acosta Peña.
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