Bahía de Banderas, Nayarit.- En campo abierto, hacinadas y refugiadas en humildes viviendas, se encuentran decenas de familias de Bahía de Banderas, Nayarit, luego de que el pasado 10 de febrero fueron desalojadas, por órdenes del Gobierno municipal, del predio Valle Marín que habitaban en el poblado de San Vicente.
Están condenadas al hacinamiento, condición de vida que las hace más vulnerables en medio de la pandemia de covid-19.
“No sólo reclamaremos que se nos entregue un terreno, perdimos lo poquito que teníamos, muchos de nuestros bienes quedaron enterrados por el paso de las máquinas, también vamos a insistir en que nos recuperen lo que perdimos”, dijo Isidro Marino, representante de los afectados.
Las familias que estaban asentadas en el referido predio son trabajadores de la Riviera Nayarit y de Puerto Vallarta, todos dedicados a los trabajos de la construcción, la jardinería, actividades productivas del mar, hotelería y restaurantes, algunos comerciantes informales.
Muchos de ellos han sido desplazados por la pobreza y por la alta incidencia delictiva en sus lugares de origen y atraídos por las oportunidades de empleo que se localizan en esta región costera.
Esta es una región, como muchas otras del país, donde las autoridades gubernamentales facilitan las actividades de las grandes empresas inmobiliarias que han hecho y siguen haciendo pingües negocios a costa de la miseria de los que carecen de un lugar donde vivir.
El derecho a la vivienda, consagrado en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, es letra muerta para miles de familias trabajadoras que producen la riqueza, pero a los cuales se les niega, por el Estado, la posibilidad de tener un lugar seguro en donde establecer a sus familias.
Muchas de estas familias están dedicadas a construir viviendas de lujo y, paradójicamente, ellos no tienen un lugar donde refugiarse.
El gobierno del Estado de Nayarit, a través de una funcionaria de la Secretaría de Gobierno y del director del Instituto Promotor de la Vivienda del Estado (IPROVINAY), hizo el compromiso de resolver esta situación y reubicar a las familias en un predio que adquirirán los afectados en facilidades.
Ya transcurrieron 20 días de la acción gubernamental para desalojar a las familias y no se nota que a la autoridad le urja resolverlo, pero a los afectados sí, por lo que están atentos para que se concreten los acuerdos o, de lo contrario, recurrirán a la movilización apoyados por sus hermanos de lucha.
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