De nueva cuenta, la tragedia reventó en los laberintos de los llamados pocitos en la zona carbonífera de Coahuila, en las almas de las familias que por siempre han debido luchar contra la pobreza con la única forma de subsistir que tienen, la de esa herencia maldita de extraer el carbón a como dé lugar para después venderlo y poder conseguir algo de alimento, la de adentrarse en los veneros del diablo para subsistir después de que no hay otra opción, otra manera de ganarse unos cuantos pesos arriesgando sus propias vidas.
Vieja costumbre parece también estar arraigada al gobierno federal, que voltea a mirar a las familias mineras de Coahuila, únicamente cuando hay tragedias lamentables, dice actuar para rescatarlos pero jamás ha instrumentado medida alguna que termine con esa grave situación, como bien podría ser la diversificación de empleos.
Abandonados a su suerte, los hombres que le arrancan el carbón a la tierra, deben hacerlo para llevar algo de alimento a sus familias, en una pobreza desmedida donde tampoco cuentan con los servicios más elementales, de salud, medicamentos para curar sus males, vivienda, mucho menos recursos para la educación de sus hijos, nada, no tienen nada en su camino, tampoco opciones de desarrollo para acceder a mejores niveles de bienestar.
Desde el año 2011 se documentó que en esa Región Carbonífera de Coahuila, únicamente el 40 por ciento de las excavaciones eran legales, a pesar de ello ya se contaba medio centenar de trabajadores fallecidos por explosiones o derrumbes de las minas.
Hace días la tragedia se volvió a hacer presente, se habla de diez mineros atrapados tras el derrumbe de una mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila, sin que se hayan obtenido resultados positivos –de acuerdo a la versión de las autoridades que laboran en el rescate de los trabajadores- luego de días de intensas acciones.
Se vuelve a repetir el mismo escenario en estos lugares, con el presidente de la República informando de lejecitos sobre el despliegue del Plan DN-III, la instalación de bombas para extraer el agua, y el trabajo conjunto de los gobiernos locales, municipales y federal, con 92 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con especialistas y cuatro binomios caninos, todos, trabajando de manera coordinada, esa unión de fuerzas que debería darse mucho antes de que sucedan las tragedias como una forma de evitarlas.
Cabe señalar que los mineros atrapados laboraban a 60 metros de profundidad cuando se encontraron con un flujo de agua subterránea que provocó que el túnel se viniera abajo, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Se trata de la mina conocida como “Las Conchas” en la comunidad de La Agüita, donde uno de los mineros logró escapar dando la voz de alerta a pesar de que también se encontraba afectado.
También vuelven a aparecer las malas condiciones y la inseguridad como problemas principales de esa situación, a pesar de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en un comunicado garantizó que no se tenían denuncias por algún tipo de anomalías.
El gobierno de la 4t que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció con bombo y platillo que abrirían otra mina derrumbada para dar con los cuerpos de los mineros atrapados en la denominada “Pasta de Conchos” cosa que no se hizo y ahora tiene enfrente una nueva tragedia.
Se podría decir que a pesar de los constantes llamados lanzados por organizaciones defensoras de derechos humanos para frenar ese tipo de situaciones, los mineros de Coahuila se han acostumbrado a las tragedias pues hace apenas un año, siete trabajadores fallecieron después del derrumbe de otra mina de carbón en la misma zona.
El gobierno federal voltea a mirarlos cuando hay tragedias, está claro que nadie se preocupa por los mineros, ni el gobierno municipal, estatal o federal, los trabajadores de las minas necesitan organizarse y hacerse claridad que solamente con su lucha y unión podrán exigir condiciones de seguridad para realizar las labores peligrosas que se suscitan en las minas; mientras esto no suceda seguirán presentando los recurrentes accidentes que cuestan la vida de cientos de mineros y los gobiernos harán propaganda como si les importara la vida de estos. Hay que tomar conciencia de la necesidad de una organización que verdaderamente represente sus intereses para que los defiendan.
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