¿Es correcto organizarse y gestionar de manera colectiva ante las diferentes dependencias? Pareciera obvia la respuesta, pero conviene que observemos con más atención. Esto debe interesar a todos los mexicanos, pero especialmente a los antorchistas de Campeche y de todo el país.
Debemos ver lo que dicen los actores políticos y compararlo con lo que realmente le conviene al pueblo, a la luz de la teoría social, de la ley y de la experiencia de cinco décadas de Antorcha, que sólo confirma la de toda la historia de México y la humanidad.
Hoy, todos los funcionarios públicos dicen, primero, que los ciudadanos deben hacer solicitudes solos, sin organizaciones ni colectivos o, segundo, incluso no hacer ninguna gestión, pues los ciudadanos solo deben votar y, después de eso, dejar que los gobernantes decidan qué hacer y qué no, que dejen gobernar y que, en ese sentido, solo hay que escoger al “buen gobierno” y no al “mal gobierno”, y después quedarse en casa calladitos.
Los argumentos para no atender solicitudes de organizaciones o no atender ninguna solicitud violan la ley y son, por decirlo de otro modo, un delito.
Para explicar lo primero, dicen que las organizaciones son malas y corruptas, que son intermediarios que sólo buscan el moche, es decir, abusar de los inocentes ciudadanos para enriquecerse a costa de sus necesidades. Con este abuso de la lógica y de la propaganda, exigen que las solicitudes de la gente hacia el gobierno sean “de uno en uno”, individuales.
Esta posición es muy vieja y fue el argumento principal de los gobiernos más conservadores y represores de la derecha en México, quienes decían que ellos sólo se entendían con ciudadanos y se negaban a escuchar las solicitudes de grupos y organizaciones.
Hoy este es el argumento favorito de los funcionarios supuestamente de izquierda, y desde que el anterior presidente lo elevó a línea de gobierno, todos los funcionarios hacia abajo lo usan como pretexto, “como ha dicho el presidente”, para negarse a atender las necesidades de la gente, esquivar sus obligaciones constitucionales, decidir a discreción de los recursos públicos, favorecer a amigos, parientes y partidarios, violando la ley máxima de nuestra patria, al hacer uso mañoso de los recursos, comprar voluntades y someter a quienes se atreven a desafiar su poder. La “política” sucia, con maquillaje progresista.
Para lo segundo, afirman que basta con quitar del Gobierno a los malos, que son siempre los contrarios, y poner a gobernar a los buenos, quienes son siempre ellos, y que, a partir de ahí, el pueblo debe quedarse en casa y hacer caso, pues solo los gobernantes elegidos saben qué hacer.
El pueblo no sabe (aunque luego digan que el pueblo es sabio o que el pueblo manda), y cierran toda posibilidad de participación ciudadana fuera de la votación.
Con estos argumentos irracionales, en nombre del “bien”, el Gobierno se ha negado a atender las demandas legítimas del pueblo y lo hace “sin tener que modificar la Constitución, suprimir de facto los derechos de asociación y organización, de petición y de gestión; el de manifestación y protesta públicas, la libertad de palabra y de opinión, e incluso la inviolabilidad de las personas, de sus domicilios y de su legítima propiedad”, de acuerdo con Aquiles Córdova Morán, Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional.
A estas falsas ideas de la derecha, que hoy repiten los oportunistas, la respuesta de los antorchistas, primero para entender la verdad y segundo para responder y argumentar a los funcionarios, tiene dos aspectos: el teórico-legal y el práctico. Los podemos entender brevemente y hacerlos nuestros en nuestra vida diaria.
La Constitución dice que el funcionario está obligado a respetar y hasta a promover la participación del ciudadano en los asuntos de Gobierno; a esto se le llama gestión pública.
El derecho al desarrollo y a gestionarlo se encuentra, como precisa el maestro Aquiles, en nuestra Constitución, en los artículos del primero al noveno: los primeros cuatro sobre el derecho al desarrollo y la obligación del gobierno a lograrlo; del quinto al séptimo, sobre las libertades y el deber del funcionario de respetarlas; el octavo sobre el derecho de petición; el noveno sobre el de organización y el deber del gobierno de respetarlos. No los transcribimos aquí para no cansar al probable lector y por asunto de espacio, pero cualquiera los puede consultar y corroborar que esto es así.
Todas las leyes estatales y municipales deben atenerse a la ley máxima y no hay modo de que la contradigan, de manera que ningún funcionario puede argumentar ningún bando de buen gobierno o reglamento, o decir que es más importante la “justicia” (su justicia) que la ley, para faltar a su obligación constitucional o negar algún derecho.
Así, los argumentos para no atender solicitudes de organizaciones o no atender ninguna solicitud violan la ley y son, por decirlo de otro modo, un delito. Hoy, el que podemos llamar “crimen constitucional”, porque lo es, se comete a cada paso y basta con gritar a nombre del “buen gobierno”.
Le podemos y debemos oponer nuestra Constitución.
Es el mismo pueblo, es decir, el que sufre las carencias, quien solicita y propone soluciones a las mismas; es decir, es quien se va a beneficiar si se logran. A esto se le llama autogestión del desarrollo, y esta se hace mejor si el pueblo se une, se organiza y lucha por ese desarrollo.
Y esta es, finalmente, la experiencia de Antorcha en su lucha diaria, pues desde que nació ha estado al lado de los más necesitados y los ha guiado y acompañado en la lucha por su desarrollo, por exigir al gobierno que haga su parte en la administración, como lo exige la ley, para lograr el desarrollo, el respeto a las libertades y a los derechos de los más pobres.
Por eso, compañeros antorchistas, no dudemos en elaborar nuestros pliegos petitorios en los que exijamos a los ayuntamientos, al gobierno del estado y a las dependencias federales, la atención y solución a todas nuestras demandas, siempre con el debido respeto a la ley, pero con firmeza y seguridad.
Al inicio dije que es la experiencia nacional y mundial. Nuestros héroes han luchado y dieron la vida en defensa de nuestro estado de derecho y para lograr el desarrollo y la justicia social, en oposición a quienes han tenido el poder y se han opuesto a ese desarrollo y justicia.
Ha sido la lucha del pueblo, y no el regalo de ningún gobierno ni de nadie, la que ha logrado los pocos avances en la lucha del pueblo por una nación más desarrollada y más justa.
Y es lo mismo en la historia universal; cada paso adelante en beneficio del pueblo trabajador ha sido fruto de la lucha de ese pueblo, y cada vez que el pueblo deja de luchar o es vencido en la lucha, es cuando dominan el retroceso, la injusticia y la desigualdad.
La lucha del Movimiento Antorchista ha sido y es el mecanismo para transformar la vida de miles de mexicanos, y demuestra, además, que el único modo de que al poder llegue un Gobierno que promueva este desarrollo y esta justicia en favor del pueblo será cuando el mismo pueblo sea Gobierno, como ha sucedido en los lugares en los que Antorcha ha gobernado.
Y ni en esos casos el pueblo debe desmovilizarse e irse a descansar a su casa a esperar que le lleven el desarrollo y la justicia por correo o con una tarjetita. La garantía será siempre la lucha organizada y permanente del pueblo, que es lo que siempre ha propuesto y realiza el Movimiento Antorchista.
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