Es bien sabido por especialistas y todos los encargados de los altos cargos en las instituciones del poder judicial que la impunidad (no castigar, por lo que sea, al crimen cometido) es causa del incremento del crimen. Le llaman incidencia delictiva, y se refiere al número de casos registrados (es decir, que las víctimas denuncian) de determinado tipo de crimen. Se clasifican para poder registrarse y para saber el trato que se les da, unos son merecedores de prisión preventiva, otros no; unos son del fuero federal, etc., y así se pueden registrar y comparar, etc., y, de este modo, se obtienen estadísticas acerca del número de delitos que se cometen y si este número aumenta o disminuye de manera absoluta (respecto a períodos anteriores) o relativa (respecto a otros delitos). Los números no mienten y dicen que cuando aumenta el número de delitos de un tipo, por ejemplo de homicidios, que no son castigados (cuyos procesos no llevan a una sentencia y al castigo de los infractores), estos crecen. La impunidad es causa del incremento del crimen.
Pero esto es válido para todos los factores de la impunidad, no solamente para aquellos que no recaen en una sentencia, sino para los que no se denuncian, o para los que se persiguen mal y no alcanzan a integrar una carpeta de investigación o se arma mal, o para los que reciben algún tipo de estímulo por omisión o acción directa de los mismos funcionarios encargados de perseguir el delito, los encargados de respetar y hacer respetar la ley, y de vigilar por la paz y tranquilidad de todos los mexicanos, quienes no lo hacen. No es atrevimiento, sino un lamentable hecho con el que nos desayunamos todos los días, que hay funcionarios que protegen a los criminales, sea por ingenuidad, incapacidad, e incluso de buena pero equivocada fe, hasta quienes lo hacen con perfecta conciencia de su complicidad con los criminales a los que protegen. Y así vemos con pesar cómo la impunidad es en nuestros días uno de los factores que determinan el incremento de la delincuencia e inseguridad que azota a los mexicanos.
Algo similar ocurre en el municipio de Carmen, Campeche, en donde un grupo de choque armado por lidercillos que tienen un viejo historial de acciones violentas y crímenes, encabezado ostensiblemente por la señora Violeta N. vuelve a las andadas y lo hace presumiendo el apoyo del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus y de la regidora Francisca Zárate López, arman trifulcas amenazando a grito abierto y en los medios de comunicación, redes sociales y hasta por mensajes y llamadas directas, con asesinar, linchar, y muchos otros crímenes de esa naturaleza, en contra de los habitantes de la colonia La Antorcha, en la península de Atasta de ese municipio. Por más que los colonos han solicitado el auxilio y la protección de las autoridades encargadas y que los funcionarios mencionados por los criminales los desmientan y les pongan un alto, ni el presidente municipal ni la novena regidora se han pronunciado, ni los han parado, sino que pareciera que les dan protección y apoyo, y esta impunidad de la que gozan ya es causa de que sus enardecidos seguidores (no los líderes que los avientan), ya se atrevieran a atentar contra la vida de Carmen N. una inocente mujer trabajadora que, sin deberla ni temerla, sin haberles hecho nada sino que es una ciudadana inocente que vive en paz de su trabajo y sin causar daño a nadie (al contrario), la golpearan tumultuaria y brutalmente, amenazándola de matarla a ella y a sus hijos, y la enviaran al hospital, malherida, sin poder ir a trabajar para poder alimentar a su familia, y con la angustia de que no vayan a cumplir su amenaza de hacer lo mismo a sus seres queridos.
Todo esto está creciendo, lo quiera o no el presidente y la novena regidora, también, porque ellos no han querido contener de modo que pueden y deben a los energúmenos que tienen asolada la colonia La Antorcha. No sabemos si en este caso sea cierto o no que tienen la protección y el apoyo conscientes de estos funcionarios, mencionados y hasta presumidos por los mismos criminales, pero es un hecho incontestable que, hasta el momento de que escribo esto, no ha habido acción alguna del presidente Pablo Gutiérrez Lazarus ni de la regidora Francisca Zárate López, para desmentir las afirmaciones de estos grupos criminales, ni para corregir la impunidad con la que actúa la señora Violeta N.
Es lamentable y me sumo al llamado que hacen los pobladores que ahorita son víctimas de los grupos de choque de Violeta, para que las autoridades encargadas los protejan y se persiga a los criminales que golpearon a Carmen N. y que se garantice la seguridad de la gente en esa colonia y en todas, pero por lo pronto ahí se necesita actuar ya, antes de que los alucinados golpeadores vuelvan a siquiera intentar cumplir alguna de sus amenazas, las cuales son a cuál más terrorífica y espantable.
Entiéndase, y lo declaro con insistencia, no se sabe si es cierto o no que los funcionarios del Ayuntamiento de Carmen apoyan a estos criminales, como ellos afirman (personalmente no lo creo). Pero independientemente de eso, esos funcionarios si deben pararlo, por lo pronto no brindándoles impunidad, que se castigue a los agresores, que se detengan las asonadas que realizan estas gentes y se le ponga un alto a Violeta N.
Todo esto es urgente y es independiente del trato que se le deba dar al conflicto en relación con las demandas de los colonos de La Antorcha y los intentos de los seguidores que están con Violeta. Eso también se debe resolver conforme a la ley, pero de eso hablaremos en la siguiente oportunidad. Por lo pronto urge y me sumo al reclamo de que el Presidente municipal pare estas agresiones e intervenga antes de que haya nuevos y lamentables crímenes, de los que, si no lo hace, él también será culpable, sea por ingenuidad, por conveniencia o por conciencia.
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