Nicolás Romero, México.- Contrario a las políticas y dichos del presidente de México, el morenista, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien prometió que a mitad de su sexenio la paz y seguridad reinarían en el país al implementar su estrategia de “abrazos, no balazos”, su gobierno, a 42 meses, se consolida como el más violento, señaló el dirigente del Movimiento Antorchista en el noroeste mexiquense, Héctor Javier Álvarez Ortiz, al indicar que lo que se tiene que atacar para disminuir tanto la delincuencia como la corrupción, la desigualdad, la marginación y la pobreza, es la inequitativa distribución de la riqueza que producen los trabajadores.
Los datos recientes de muertes violentas -dijo- de acuerdo con “La Guerra en Números” de la consultora Tresearch Internacional, con base del INEGI, Secretariado y reportes diarios de seguridad, nos dicen que el gobierno de López Obrador con 123 mil 364 homicidios, repunta con muertes violentas durante el tiempo de su administración, muy por arriba de Peña Nieto con 74 mil 737 y Felipe Calderón 53 mil 319.
Ante este panorama de inseguridad en donde también se han incrementado la desigualdad, la marginación, la pobreza y la corrupción -mencionó- AMLO sigue insistiendo en continuar erróneamente con su política de seguridad al atender, según él, las causas que originan la violencia, hecho que generará más inseguridad, violencia y muerte, pues el verdadero origen de todos los males sociales que repercuten en la sociedad y lo que se debe de atacar es la inequitativa distribución de la riqueza que producen los trabajadores; característica del sistema capitalista que induce a que muy pocas manos concentren la riqueza y en contraparte que millones de mexicanos vivan en la pobreza.
La inseguridad, la marginación, la desigualdad, la pobreza y la corrupción nacidas de la injusta distribución de la riqueza social se deben de atacar con las cuatro propuestas económicas del Movimiento Antorchista, las cuales consisten en 1.- creación de trabajos para todos, 2.– salarios bien remunerados, 3.– una política fiscal progresiva y 4.- la reorientación del gasto social hacia la inversión y construcción de obras y servicios en las comunidades populares. Propuestas que distribuirán de forma equitativa la riqueza social que producen los trabajadores y que impulsarían la educación, salud y bienestar de la población, concluyó.
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